En su más reciente informe presentado el pasado 16 de septiembre de 2021, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reiteró que el sistema de justicia en el país tiene un papel activo en la represión ejercida contra las personas consideradas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro.

Además el informe señala que el sistema de justicia en Venezuela carece de independencia. Este hecho ha permitido que se perpetúen las graves violaciones de derechos humanos. A estas se han sumado crímenes de derecho internacional, que forman parte de una política de Estado para silenciar a la oposición política.

Durante el proceso de documentación para la elaboración de este informe, la Misión realizó 177 entrevistas, incluyendo entre los consultados a integrantes del sistema de justicia, así como fiscales, ex jueces y juezas y abogadas y abogados defensores venezolanos. También se realizó un detallado análisis de expedientes y documentos oficiales.

El proceso incluyó la revisión de los casos de 183 opositoras y opositores (reales o percibidos como tales por el gobierno) que fueron detenidos entre 2014 y agosto de 2021, de los cuales 153 son hombres y 30 mujeres, la mitad civiles y la mitad militares (aproximadamente). Durante la revisión se detectaron irregularidades que fueron documentadas.

«Existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales», indicó Marta Valiñas, presidenta de la Misión. La investigación de la Misión determinó que el deber del Estado venezolano de investigar y sancionar estos crímenes no se está cumpliendo.

Casos destacados 

Fuerzas de inteligencia del Estado sometieron a personas detenidas a desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales. Sin que exista a la fecha de presentación del informe, evidencia de que funcionarias y funcionarios estén siendo o hayan sido investigados o procesados por estos delitos.

La Misión destacó de manera particular los casos del concejal Fernando Albán, líder opositor que murió en 2018, estando en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); Rafael Acosta Arévalo, un capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quien murió en la sala de audiencias de un tribunal de Caracas en 2019, con signos evidentes de haber sido torturado; y el estudiante de la Universidad Metropolitana Juan Pablo Pernalete, quien falleció luego que una granada de gas lacrimógeno lanzada a corta distancia impactara su pecho durante las manifestaciones del año 2017.

En estos casos la Misión indicó que las acusaciones hechas por el Ministerio Público son limitadas y solamente alcanzan a los autores de bajo nivel, sin asegurar la rendición de cuentas de la cadena de mando.

“La contribución del sistema de justicia a la crisis de derechos humanos de Venezuela no puede menospreciarse. Si las y los fiscales y actores judiciales hubieran desempeñado adecuadamente su función constitucional, podrían haber evitado que se cometieran los crímenes y violaciones de derechos humanos, o al menos haber erigido barreras jurídicas a la capacidad de los servicios de seguridad pública e inteligencia para cometerlos», recalcó Francisco Cox, integrante de la Misión.

Las irregularidades procesales indicadas en el informe incluyen el uso de la prisión preventiva como una medida rutinaria; cargos penales basados en pruebas que no indicaban actos delictivos, ni mucho menos la participación de las personas detenidas. También se dio apariencia de legalidad a detenciones que no lo eran con la emisión retroactiva de órdenes de arresto. Las personas detenidas durante estos lapsos estaban incomunicadas y no recibieron la protección de la ley. Sufrieron violencia sexual, torturas y se les impidió tener contacto con abogadas o abogados defensores.

Las evidencias, contaminadas por la tortura, fueron presentadas por las y los fiscales y admitida por jueces y juezas como prueba contra las personas acusadas, a pesar de que las mismas dijeron claramente en las audiencias haber sido torturadas, e incluso presentaban lesiones compatibles con la tortura.

El retardo procesal también imposibilitó las impugnaciones de las pruebas dentro del plazo razonable. Los aplazamientos en algunos de los casos documentados llegaron a ser de hasta más de dos años, prologando durante ese tiempo la prisión preventiva. En algunos casos hubo más de 20 aplazamientos.

Influencia política

Además en su informe la Misión detalla que encontró motivos razonables para creer que «actores políticos venezolanos de alto nivel» ejercieron una influencia significativa sobre el sistema de justicia. La cuestionada independencia del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que selecciona y destituye a los jueces y las juezas, ha permitido que estos procesos se lleven a cabo tomando en cuenta consideraciones personales o políticas, y no la trayectoria de la jueza o el juez postulado.

Habitualmente los jueces y las juezas reciben órdenes sobre cómo sentenciar.  Aquellas juezas y jueces que han decidido no ceder a las presiones políticas han sido objeto de persecución, como ocurrió con la jueza María Lourdes Afiuni. Adicionalmente muchas personas que integraban el sistema de justicia han decidido abandonar el país por miedo a las represalias.

Consulte el segundo informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela aquí