La persecución y criminalización de personas y organizaciones opositoras al gobierno de Nicolás Maduro, o percibidas como tales, se agudiza. Al cierre del primer trimestre del año 2023 se han producido más de 272 casos, que afectaron a 68 trabajadores de la comunicación y medios y a 17 personas vinculadas con la política. También hubo 113 ataques contra la población y 74 contra organizaciones no gubernamentales.

Disgregadas por género, 74 de las víctimas son mujeres, 64 hombres y en 166 casos fue afectado un colectivo de sujetos. Los patrones identificados fueron: 127 actos de hostigamiento y amenazas; 6 irregularidades en procesos judiciales, 24 impedimentos de registrar un hecho noticioso; 72 despidos injustificados; 25 detenciones arbitrarias; 2 cierres de emisoras de radio; 2 allanamientos irregulares; 12 cierres de programas de radio; y dos bloqueos de páginas web.

Monitoreo de marzo

En el mes de marzo se documentaron al menos 54 actos de persecución y criminalización, uno cada 14 horas. Durante este mes los periodistas y medios de comunicación siguieron siendo la categoría de sujetos más afectados por la aplicación de diversos patrones, que tienen como finalidad vulnerar la libertad de expresión, la libertad de prensa y garantizar la permanencia en el poder del gobierno actual.

El monitoreo y análisis de estos casos permitió identificar las siguientes acciones: 24 actos de hostigamiento y amenazas; 12 impedimentos de registrar un hecho noticioso; 11 cierres de programas de radio; cuatro detenciones arbitrarias; el bloqueo de una página web; el cierre de una emisora de radio y un caso de irregularidad en un proceso judicial.

De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela se categorizaron cinco contra personas vinculadas con la política, 35 contra trabajadores de la comunicación, nueve contra la población y cinco contra organizaciones no gubernamentales.

Emisoras y programas de radio bajo asedio

Once programas de radio salieron del aire durante el mes de marzo. Llama la atención que, de la totalidad de los programas de radio censurados, en tres de los casos la cancelación del espacio radial se debió a una decisión de la misma directiva de la emisora en donde se transmitía el programa. Lo que evidencia que hay un patrón de amenazas de censura por parte de funcionarios e instituciones del Estado que ha llevado a la autocensura, debido a un temor generalizado de ser objeto de sanciones y represalias.

El programa «Par de Calvos», conducido por el periodista Vladimir Villegas y por Pedro Carvajalino, y emitido a través del portal Venezuela News, fue cancelado por presuntas presiones de altas esferas del gobierno. También el programa “Arbenis con el Pueblo” salió del aire de la emisora 96.5 FM en el estado Lara. En este caso, el dueño de la emisora llamó al conductor del programa, Arbenis Santeliz, para comunicarle que debía retirar el programa por presiones del alcalde.

Por su parte, el programa «Buenos días con Lira» fue sacado del aire de la emisora Única 101.1 FM en Carúpano, estado Sucre, por disposición de la directiva de la emisora. Se trató de un caso de autocensura pues la emisora inició una reprogramación de su contenido de opinión por temor a represalias.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ordenó el cierre de la emisora Radio Chabasquén 106.7 FM, ubicada en el municipio Monseñor José Vicente de Unda del estado Portuguesa. La emisora pertenecía a la Alcaldía de este municipio, y su alcalde, el opositor del partido Fuerza Vecinal, Oswaldo Zerpa, había denunciado en un video que el atún que viene en las cajas CLAP está hecho con cartón. Con este cierre, ya son dos las emisoras sacadas del aire en solo tres meses del año 2023.

Por último, ocho programas de opinión e información salieron del aire en la emisora Galáctica 100.7 FM, de Biscucuy y con cobertura en la zona montañosa de los estados Portuguesa y Trujillo. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, instruyó a los directivos de la emisora a que suspendieran todos los programas políticos y de opinión mientras se lleva a cabo un proceso de revisión.

Amenazas y hostigamiento a periodistas

Durante el mes de marzo hubo 12 impedimentos de registrar un hecho noticioso. En uno de los casos, personal del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz restringieron la labor informativa de los reporteros Lisbeth Miquilena (Televen), María Marcano (Venevisión), Dexcy Guédez (Unión Radio y La Patilla), Silvimar Campos (Globovisión), Ana Carolina Arias (VPItv, Reporte Confidencial y El Universal), Jessika Barboza (Isla TV), Mario Guillén (Sol de Margarita y Noticias Todos Ahora), Gustavo Novoa (NotiEspartano), y Gerardo Jersen (EVTV), y los camarógrafos Andrés Quijada (Isla TV), Allan Sotillo (UniTV) y Lenni González (Televen), cuando daban cobertura a una rueda de prensa en donde el ministro declaraba sobre incautación de drogas.

Al menos nueve periodistas fueron víctimas de actos de hostigamiento y amenazas, mientras que en uno de los casos no se pudo determinar el número de víctimas por tratarse de un hecho generalizado contra trabajadores de la comunicación. Todos los actos fueron ejercidos por funcionarios públicos o personas influyentes adeptas al gobierno de Nicolás Maduro.

La periodista Mariangela García fue señalada por el politólogo Nelson Semeco, como «enchufada». Semeco también arremetió contra la periodista Zayrca Flores, sobre quien aseguró que “no representa el verdadero periodismo”. Además, agregó que el Colegio Nacional de Periodistas, CNP, es una organización gremial de «mediocres.»

Los periodistas Carlos Suniaga, José Medina, Laura Clisánchez y Pableysa Ostos fueron víctimas de actos de hostigamiento y violencia por parte de un grupo de personas afectos a la Alcaldía de Caroní. Mientras que los periodistas Jhonny Ulloa y Luis Bustamante fueron intimidados por oficiales de la Policía de Monagas.

Un ataque generalizado contra los trabajadores de la comunicación fue perpetrado por el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien relacionó a los periodistas con la política y aseguró: «la prensa palangrista, con sus periodistas palangristas, van a comenzar ahorita a crear el club de fan de María (refiriéndose a María Corina Machado) ellos van acomodándose para donde vuele la plata, ellos tienen un detector de quienes tienen centavos en el bolsillo”.

Finalmente, la audiencia programada en el caso del periodista Ramón Centeno, detenido en febrero del 2022 y acusado de formar parte de una supuesta red de narcotráfico dedicada a reclutar funcionarios públicos, fue diferida. Centeno tiene más de un año detenido sin contar con un proceso judicial apegado a derecho y se encuentra en mal estado de salud.

Ataques contra las ONG

Nuevamente las organizaciones gubernamentales son atacadas por su labor en defensa de los derechos de la ciudadanía y por su acción humanitaria. Cuatro actos de hostigamiento y amenazas a través de las redes sociales y medios de comunicación se produjeron en su contra en el mes de marzo. Tres de ellos fueron perpetrados por Diosdado Cabello, a través del canal del Estado Venezolana de Televisión, VTV. Mientras tanto, uno de los casos se llevó a cabo a través de las redes sociales del alcalde de Siquisique, estado Lara, Hamad Al Chaer.

Además de los casos de criminalización contra todas las organizaciones no gubernamentales, se documentó un caso específico de hostigamiento. La víctima fue la coordinadora de la ONG Transparencia Ciudadana, Marisol Eulogia Bustamante Meléndez, quien fue hostigada a través de las redes sociales por el primo del alcalde de Siquisique, estado Lara, Hamad Al Chaer. También en el mes de marzo la organización defensora de derechos humanos, Caleidoscopio Humano, denunció que su página web estaba siendo víctima de ataques cibernéticos.

Criminalización contra la ciudadanía

La totalidad de los casos de hostigamiento y amenaza contra la población se llevaron a cabo por parte de funcionarios públicos, tanto del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, como del Ministerio de Salud, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la alcaldía de Caroní.

Cherry Angulo fue hostigada por un empleado de la Farmacia de Alto Costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) al prohibirle que tomara fotografías fuera de las instalaciones. El Hotel El Príncipe, en Lara, fue clausurado por funcionarios del Ministerio de Salud pues en sus salas se presentaría la precandidata presidencial de oposición María Corina Machado.

Rafael Sivira, secretario juvenil de La Causa R, fue hostigado y agredido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, en la Universidad Central de Venezuela. El sacerdote Carlos Ruiz y un doctor cuya identidad no se pudo conocer, fueron hostigados y agredidos durante actos de violencia propiciados en la alcaldía de Caroní en la Plaza Bolívar de San Félix.

Persecución a personas vinculadas con la política

Al menos 4 líderes de oposición al gobierno de Nicolás Maduro y un diputado fueron víctimas de actos de persecución política. María Corina Machado fue nuevamente atacada por Diosdado Cabello, afirmando que es una «dama de hierro pero oxidada”. En el mismo programa, Cabello arremetió contra el líder opositor Henrique Capriles, sobre quien aseguró que se encuentra inhabilitado hasta el año 2032, y sobre su candidatura a las elecciones primarias de oposición, afirmó: “Regalado es caro. La gente si inventa. Es como el que tenga un apartamento y le regalen un caballo”. Por su parte, Delsa Solórzano denunció haber sido perseguida por presuntos funcionarios de la policía durante su recorrido por los estados Trujillo, Portuguesa y Lara.

Juan Guaidó fue amenazado por parte de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del año 2020, con ser detenido. Finalmente, el diputado Hendryck Martínez fue hostigado y agredido durante hechos de violencia propiciados en la alcaldía de Caroní de San Félix.

Erradicar a la disidencia

Estos patrones de persecución son aplicados de forma reiterada y sistemática por parte del gobierno venezolano. La documentación de dichos patrones y de los casos individuales, nos permiten afirmar que estamos ante una política del Estado venezolano. La misma es desarrollada con la finalidad de cumplir con su objetivo de erradicar toda forma de disidencia, mediante actos contrarios a los principios constitucionales, y vulnerando los pactos y convenciones relativos a los derechos humanos.

Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización de marzo de 2023 aquí