El informe “Mujeres al límite. El peso de la emergencia humanitaria. Vulneración de derechos humanos de las mujeres en Venezuela” fue presentado este jueves 9 de noviembre, en la sala Monseñor Arnulfo Romero de la Parroquia Universitaria de la Universidad Central de Venezuela.

Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, Cepaz, indicó que este informe «es el esfuerzo de varias organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, con una perspectiva diferenciada de cómo las mujeres son afectadas por violaciones de derechos humanos».

La coalición de organizaciones de derechos de mujeres Equivalencias en Acción, autora del estudio, está integrada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Freya, Avesa y Mujeres en línea.

«No contar con una institucionalidad democrática, impide la exigencia de los derechos, pues las víctimas no se sienten atendidas al realizar una denuncia», agregó Borges.

Además, mencionó que la emergencia humanitaria que vive Venezuela afecta considerablemente a las mujeres, pues son las que están dejando de alimentarse correctamente para que su familia pueda comer.

Según Fabiola Romero, de Freya, Venezuela solo está produciendo el 30 por ciento de los alimentos que se consumen y las colas para adquirirlos siguen siendo una realidad diaria. Además la inflación impide que las familias puedan comprar los productos que integran la canasta básica, pues para ello hacen falta al menos 15 salarios mínimos. Esto es particularmente grave cuando es la mujer la cabeza de familia, pues su sueldo sigue siendo en muchos casos inferior al de los hombres. Adicionalmente, el Estado incumple con su responsabilidad de asegurar el acceso a los alimentos y una protección diferenciada de salud para las mujeres. Hay una escasez general de alimentos que ronda el 73,4%.

Además, las mujeres se ven sometidas a los patrones de compra y alimentación con productos de otros países que implica la adquisición de las cajas del CLAP. El estudio estableció que las mujeres consumen menos proteínas y más harinas, pues dejan las proteínas a los hijos y a los hombres. Esto es particularmente grave en el caso de las ancianas. Las consecuencias de la desnutrición más intensas, crónicas y que no se pueden revertir afectan más a las niñas que a los niños.

Por su parte Luisa Kislinger, de Mujeres en Línea, recalcó que la salud es uno de los derechos más afectados en el caso de las mujeres, y sobretodo la salud sexual y reproductiva, por la escasez de un 90% de los métodos anticonceptivos, lo que aumenta los índices de mortalidad materna por abortos en condiciones inseguras, e incrementa el embarazo en adolescentes.

La mortalidad materna aumentó un 66%, siendo el estado Zulia el de mayor incidencia. Las mujeres en trabajo de parto deben recorrer hasta cinco establecimientos de salud antes de ser atendidas.

Recalcó Kislinger que cuando el estado no publica los indicadores de salud vulnera el derecho a la protección de las personas ante una epidemia, como la del zika. El año pasado se dieron a conocer 61 casos de microcefalia en neonatos de abril a septiembre en todo el país que podrían estar relacionados con esta enfermedad.

Magdymar León, de Avesa, destacó que en Venezuela hemos tenido retrocesos importantes en los indicadores relacionados con los derechos de las mujeres. Existe un contexto de de violencia generalizada, los crímenes son cada vez más cruentos y hay un deterioro de la función policial.

Aunque existe una ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, esta no ha resultado en una disminución efectiva de los casos. Por el contrario, para el año 2015 se produjeron 121 femicidios y en el 2015 hubo 122. Estas son las cifras oficiales, pero existen discrepancias entre estos datos, los que maneja el Ministerio Público y las que arroja la revisión de los medios de comunicación social.

Además no existen cifras de femicidios de mujeres indígenas y mujeres en condiciones especiales, ni de mujeres transexuales víctimas de crímenes de odio. La impunidad en estos casos y en otros relacionados a la violencia contra la mujer es muy elevada, Solo 0,8 por ciento de los casos contra mujeres llega a instancias judiciales y se logran muy pocas condenas.

Las instituciones no dan respuesta a las mujeres víctimas de violencia y tampoco existen protocolos y programas de atención y prevención.Cuando las mujeres acuden a poner la denuncia, se les revictimiza.

Este informe representa un esfuerzo colectivo por documentar la situación de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela de cara a la grave crisis económica, política, social y humanitaria por la que atraviesa el país.

Los hallazgos presentados demuestran cómo la crisis tiene un impacto desproporcionado y diferenciado sobre la vida de las mujeres, en un contexto donde el Estado venezolano ha optado por ignorar sus obligaciones en materia de derechos humanos. Desde la escasez de anticonceptivos e insumos de higiene menstrual, hasta los numerosos obstáculos existentes para su acceso a la justicia cuando son víctimas de violencia machista, las mujeres enfrentan numerosos retos en el disfrute pleno de sus derechos más elementales sin que el Estado tome medidas al respecto.

El informe completo puede ser consultado aquí