En una histórica resolución dada a conocer el 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió establecer “una misión internacional independiente de determinación de los hechos (…) y enviar urgentemente esa misión a la República Bolivariana de Venezuela para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

La decisión señala que los miembros de la misión serán designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos y que deberán presentar un informe con sus conclusiones al Consejo durante un diálogo interactivo que se celebrará en su 45° período de sesiones. La misión tendrá una duración de un año.

En el texto de la resolución, el Consejo hizo una enérgica condena a “todas las violaciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas” en Venezuela, así como a “los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos”, que “incluyen casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y durante operaciones de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de órganos de seguridad como las Fuerzas de Acciones Especiales y de grupos armados civiles favorables al Gobierno”.

Esta instancia expresó “gran preocupación” por la muerte de 6000 personas, desde enero de 2018, durante las operaciones de las fuerzas de seguridad, y reitera que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó que “muchas de esas muertes puedan constituir ejecuciones extrajudiciales”.

El Consejo expresó una “gran preocupación por la grave crisis económica y social” de Venezuela, que asegura ha tenido hondas repercusiones en el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y en el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a una alimentación adecuada, como consecuencia del deterioro progresivo de los servicios públicos, con un impacto desproporcionado y diferenciado en los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

A juicio del Consejo los abusos sistemáticos cometidos contra las instituciones del Estado, “que aceleran la erosión del estado de derecho y de instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, en particular violando su independencia, privando a miembros de la Asamblea de su inmunidad parlamentaria y deteniéndolos arbitrariamente, así como sometiendo a sus familiares a arrestos arbitrarios, torturas, malos tratos, amenazas de muerte y actos de vigilancia, amedrentamiento y acoso”. Instó asimismo a  las autoridades venezolanas a que pongan inmediatamente en libertad “a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas arbitrariamente de libertad”.

Sobre la libertad de opinión y expresión, la resolución condena el cierre de un gran número de medios impresos,  emisoras de radio, canales de televisión y el bloqueo habitual de plataformas de medios sociales, así como la detención de periodistas y el arresto arbitrario de personas por expresar su opinión en los medios sociales.

Además, deplora la denegación sistemática de los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela a la verdad, la justicia y la reparación.

Con respecto a los migrantes y refugiados, el Consejo de Derechos recuerda que cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar Venezuela y rechaza los obstáculos dentro del país para obtener o legalizar sus documentos, así como que quienes salen del país o vuelven a entrar en él sean, con frecuencia, víctimas de extorsiones y requisiciones.

La resolución insta a la comunidad internacional a responder a las necesidades crecientes de los venezolanos en movimiento, en particular las necesidades específicas de las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.

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(Con información de ONU Noticias)