En el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, investigó y documentó una escalada en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. De acuerdo con su más reciente informe, presentado en el 57° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “el Estado reactivó e intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión”.

La situación en Venezuela ha alcanzado un punto crítico. De acuerdo con el informe de la Misión, los principales poderes públicos han “abandonado toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo”, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión total frente al ejercicio arbitrario del poder.

Durante el periodo del informe, la Misión identificó e investigó al menos siete categorías de patrones: muertes en protestas, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas de corta duración, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; violencia sexual y basada en el género, y actos que se enmarcan en restricciones al espacio cívico.

Estos patrones, a juicio de la Misión, constituyen motivos razonables para referirnos a la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tratándose de ataques generalizados, sistemáticos, contra la población civil y reconocidos por el Estatuto de Roma. Aún más, a juicio de la Misión, el curso de la conducta, el plan estatal, el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de los altos representantes del Estado, aseguran tener también motivos razonables para creer que en Venezuela se han perpetrado delitos de persecución por motivos políticos.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), destacamos la perpetración de otros patrones que se enmarcan en mecanismos más blandos de represión pero que son sistemáticos e igualmente graves, como lo son: allanamiento de viviendas, anulación de partidos políticos, cierres de emisoras de radio, bloqueo de páginas web, despidos injustificados, decomiso de bienes, cierre de locales, hoteles y restaurantes en los que hicieron presencia líderes de oposición, anulación de pasaportes, hostigamientos, amenazas y otros actos de  persecución y criminalización.

La represión postelectoral: un ataque sistemático a la disidencia

El evento central de la investigación realizada por la Misión fueron la elección presidencial, la cual desató una ola de protestas en todo el país, motivadas a las múltiples irregularidades que empañaron este evento. La respuesta del gobierno fue rápida y feroz. De acuerdo con la Misión, la represión de las protestas dejó un saldo de 25 muertos y un número indeterminado de detenidos. Las fuerzas de seguridad, siguiendo un patrón ya conocido, actuaron sin contemplaciones, utilizando la violencia como herramienta principal para silenciar cualquier expresión de disidencia.

Así, cualquier persona que expresara su rechazo a los resultados electorales, que participara en protestas o que simplemente fuera sospechosa de hacerlo, fue blanco de la maquinaria represiva del Estado. Los testigos electorales, autoridades de mesas y coordinadores regionales y locales de la oposición también fueron objeto de persecución, creando un clima de terror en la población.

Un sistema de acoso y represión bien estructurado

La represión no fue un fenómeno aislado ni improvisado durante el periodo de investigación de la Misión. Según su informe, el gobierno venezolano implementó estrategias sistemáticas para reprimir a la población. La «Operación Tun Tun» es un claro ejemplo de ello. Esta operación consistió en la detención en sus propias viviendas de personas que habían participado en protestas o que habían expresado opiniones críticas contra el gobierno. Esta operación se convirtió en un instrumento de terror que llevó a muchas personas a la clandestinidad o al exilio, sobre todo en los barrios populares, donde las personas fueron identificadas por las fuerzas de seguridad tras la obtención de videos o fotografías o por la delación de personas afines al gobierno.

Las detenciones arbitrarias documentadas por la Misión, tanto aquellas documentadas en el marco de las protestas post electorales como aquellas que se produjeron en el marco de la operación Tun Tun, llevaron consigo la ejecución posterior de otros patrones, como la desaparición forzada de corta duración, la violación al debido proceso (incluyendo imputaciones de delitos graves y ambiguos, detenciones sin orden judicial, sin defensa privada, audiencias clandestinas, colectivas y/o telemáticas, entre otros), y la ejecución de actos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes (incluyeron puñetazos, descargas eléctricas, asfixia, entre otros)

Mujeres, niñas y niños han sido víctimas diferenciadas de persecución

Uno de los aspectos alarmantes del informe es el impacto de la represión en las mujeres, niños y niñas. Durante el periodo de investigación de la Misión, documentaron al menos 158 menores detenidos tras las protestas, incluyendo niños y niñas con discapacidad, muchos de ellos acusados de graves delitos como terrorismo.

Aún más, en algunos casos, la Misión documentó  niños y niñas que fueron recluidos en prisiones comunes exponiéndolos a situaciones de especial vulnerabilidad, incluyendo abusos sexuales. Tal es así, que de acuerdo con la Misión,  las niñas, en particular, fueron víctimas de vejaciones sexuales y malos tratos mientras permanecían detenidas junto con adultos hombres, en un contexto de total impunidad.

Las mujeres también han sido víctimas desproporcionadas de la represión. La Misión registró numerosos casos en donde las mujeres detenidas, y aquellas que acudieron a centros de detención para visitar a familiares detenidos, fueron víctimas de violencias basadas en el género, incluyendo, insultos sexistas, actos de desnudez forzada, requisas abusivas y extorsiones con favores sexuales a cambio de mejorar las condiciones de detención de su familiar. Aún más, de acuerdo con la Misión, las mujeres detenidas no tienen acceso a sus derechos de salud sexual y reproductiva, incluyendo las mujeres embarazadas o lactantes en reclusión.

El informe de la Misión deja un mensaje claro: su renovación es urgente y necesaria

El reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela envía un mensaje inequívoco: su renovación es urgente y absolutamente necesaria. Los actos atroces documentados durante el último año subrayan la importancia de continuar con esta labor crucial. Bajo el gobierno de Nicolás Maduro, las violaciones a los derechos humanos no solo persisten, sino que se agravan, y sin la Misión, las víctimas perderían una de las pocas herramientas que tienen para denunciar estos abusos.

La renovación de la Misión es vital no solo para proteger a las víctimas y documentar la verdad, sino también para fortalecer los esfuerzos internacionales destinados a responsabilizar a los perpetradores. Además, representa un firme compromiso global de no abandonar al pueblo venezolano en su lucha por la dignidad y los derechos humanos, demostrando que la comunidad internacional no tolerará la impunidad y continuará exigiendo justicia.