A propósito del evento electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y celebrado el pasado 6 de diciembre, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) junto al Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD) y Voto Joven, organizaciones aliadas de la Red Electoral Ciudadana (REC), hemos llevado a cabo el monitoreo y seguimiento de la etapa previa del evento electoral, el cual se encuentra ampliamente documentado en el informe Preelectoral Elecciones Parlamentarias Venezuela 2020.

A través de este proceso de documentación hemos dejado registro de las profundas irregularidades bajo las cuales se ha desarrollado el proceso pre electoral, las cuales constituyen una clara violación a los derechos políticos de los venezolanos y de otros derechos humanos que son indispensables para el ejercicio del voto.

En este sentido, destacamos las principales incidencias de la fase preelectoral:

• La designación de autoridades electorales a través del uso arbitrario de poderes públicos. En esta oportunidad el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de su Sala Constitucional ha designado a los miembros del Consejo Nacional Electoral, función que por demás corresponde a la Asamblea Nacional legítima que ha sido electa por la población mediante el voto directo. Sin embargo, el TSJ haciendo uso de la figura de omisión legislativa le ha arrebatado esta función al órgano competente. (Ver Capítulo I. El marco legal)

• Un proceso de registro electoral expedito. El proceso de inscripción y actualización de la data de electores se realizó en lapsos extremadamente cortos y sin considerar la densidad poblacional, los puntos establecidos fueron escasos.  (Ver Capítulo III, el registro electoral) 

• Un cronograma electoral con numerosas modificaciones. En muchos casos estas modificaciones ni siquiera fueron comunicadas o informadas de manera oportuna. (Ver Capítulo V: La planificación y la implementación de las elecciones) 

• El incremento arbitrario e inconstitucional del número de diputados a elegir. En Venezuela existe un sistema electoral paralelo en el cual se eligen en representación territorial 72 diputados, 3 por cada una de las 24 entidades federales, y 3 por representación de los pueblos indígenas. Adicionalmente, por representación proporcional se elige un número de diputados que se deriva de la base poblacional contemplada en el Artículo 186 de la Constitución (1% de la población de todo el país). En tal sentido, solo podría aumentar el número de diputados si aumentara la población, todo ello en función de la proyección que haga el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), por lo que no se justifica un aumento de 66% de diputados a elegir (incremento de 110 escaños), particularmente en un contexto migratorio como el que existe en Venezuela. (Ver Capítulo I,2 sección sobre el sistema electoral diseñado para las elecciones parlamentarias 2020) 

• La vulneración del derecho al voto directo de la comunidad indígena: En contravención con los principios constitucionales del voto directo, libre y secreto, se promulga un nuevo reglamento que establece la elección de la representación indígena tres días después de la celebración de las elecciones lo cual se convertiría, de facto, en una elección de segundo grado, puesto que se delega a un voto asambleario. (Ver Capítulo I,3: sección sobre la representación indígena) 

• La persecución e intervención en los partidos políticos y sus miembros. Nuevamente haciendo uso arbitrario de los poderes públicos, a través de distintas sentencias y decisiones intervinieron nueve organizaciones con fines políticos, incluso aquellas que no habían identificadas con la oposición pero que si habían decidido postular candidatos propios (Acción Democrática, Movimiento Primero Justicia, Voluntad Popular, Bandera Roja, Acción Ciudadana En Positivo, Movimiento Republicano, Patria para Todos, Compromiso País y Tupamaro). A través de estas decisiones se nombraron nuevas directivas y se les permitió el uso de la tarjeta electoral, el logo, los símbolos, los emblemas, los colores y demás conceptos identificatorios. (Ver Capitulo II: el sistema de partidos políticos y el pluralismo)

Aún más, el patrón de persecución en contra de los partidos políticos se extendió a los miembros de las organizaciones, a través de amenazas y estigmatizaciones, detenciones arbitrarias, allanamiento de viviendas, despidos injustificados, inhabilitaciones, entre otros patrones.

• El incumplimiento de las normas relativas a la paridad de género. Se publica un proyecto de paridad de género a poco tiempo de la celebración de las elecciones, todo ello en contravención con el artículo 298 de la Constitución que prohíbe la reforma de las leyes electorales a menos de 6 meses de la celebración de las elecciones. Aún más, de la revisión a la Lista de Adjudicación Nacional publicada por el CNE se encontró que, de 26 partidos políticos, apenas tres cumplieron con el criterio de paridad (El Cambio, Pro-ciudadanos y UPP89) y ninguno cumplió con el criterio de alternabilidad. Algunas organizaciones con fines políticos presentaron incluso candidaturas con brechas de género que alcanzaron una diferencia de hasta el 30 por ciento. (Ver Capítulo IV: La paridad de género) 

• Opacidad en cuanto al nuevo sistema de votación automatizado: La salida de Venezuela de la empresa responsable de la automatización del voto, Smartmatic, luego de denunciar graves irregularidades en las elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, y el incendio de los galpones del Consejo Nacional Electoral ocurrido en marzo de 2020, dejaron a los venezolanos en un panorama de desconfianza y desinformación respecto al nuevo sistema automatizado de votación. El árbitro electoral no suministró información clara durante todo el proceso preelectoral sobre este sistema, el número de máquinas de votación que estarían dispuestas, la empresa responsable, los datos de licitación y costos, los detalles del software, entre otros componentes indispensables que debieran ser de conocimiento público.

• Una campaña electoral repleta de ventajismos, caracterizada por el financiamiento del Estado, proselitismo político, y su desarrollo de forma anticipada contraviniendo todo lo dispuesto en el cronograma y en la normativa vigente que regula la campaña electoral en Venezuela. Destaca especialmente la coacción a los electores que a su vez son beneficiarios de los programas de asistencia social. Alimentos, gas, agua e incluso productos del programa humanitario de Unicef, fueron parte de los productos que distribuyeron los candidatos del partido de gobierno durante la campaña proselitista. (Ver Capítulo VI, La Campaña Proselitista, El Financiamiento Y El Ventajismo Electoral)

• El incumplimiento de los protocolos biosanitarios: A propósito de la emergencia sanitaria provocada por la propagación de la covid-19, destacamos el incumplimiento o el insuficiente cumplimiento de los estándares internacionales dispuestos para la celebración de elecciones en este contexto. Las consecuencias de este incumplimiento pueden ser muy graves, particularmente bajo las condiciones de deterioro del sistema de salud venezolano. (Ver Capítulo IX: Elecciones Y Covid-19: Las Políticas Bio-Sanitarias del CNE)

La Veeduría Ciudadana del 6D. Principales hallazgos en el proceso electoral

Con una abstención reconocida por el Consejo Nacional Electoral que alcanzó casi el 70% de la población, y que da cuenta de las irregularidades que enmarcaban el proceso y que generó una profunda desconfianza en la ciudadanía en el sistema electoral venezolano, finalmente el evento electoral se llevó a cabo y el PSUV, partido principal del régimen, alcanzó a obtener 253 puestos, es decir pasarían a ocupar el 91,34% del Parlamento.

Cepaz, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD) y Voto Joven,  aliadas en la REC afianzan su compromiso con la democracia y el ejercicio plural y libre de la participación ciudadana, a pesar de no reconocer el evento electoral del día 6 de diciembre por no considerarlo auténtico. Hemos participado activamente en el mismo a través de la denuncia, documentación y divulgación de las principales incidencias del evento electoral. Para ello se contó con 86 voluntarios en 21 estados del país que ejercieron la veeduría ciudadana activa. (Ver Venezueladocumenta.org)

Culminado el proceso electoral y con más de mil registros procesados gracias al trabajo de los voluntarios de la REC, destacamos de la jornada electoral:

• Nula participación de votantes en un 78.1%
• Irregularidades en el voto asistido en un 25.7%
• Migraciones arbitrarias de los centros de votación en un 20.6%
• Incumplimiento de los protocolos sanitarios en un 45.2%
• Puntos de control partidista en un 74.5%
• Movilización de recursos públicos en un 40.4%

El desarrollo del proceso pre- electoral colmado de profundas irregularidades ya permitía avecinar lo que sería la celebración de un evento electoral que en efecto ha carecido de autenticidad, transparencia y equidad, y de ninguna manera representa la voluntad de una población duramente golpeada por una crisis política que ha sumergido al país en una crisis humanitaria sin precedentes.

La forma arbitraria e irregular bajo la cual se llevó a cabo todo el proceso electoral, desde su convocatoria, el proceso, hasta la llegada del evento electoral y sus resultados, dan cuenta de la supresión de la soberanía popular en Venezuela, y la capacidad del ciudadano de formar parte de los asuntos políticos del país. El socavamiento del derecho al voto como mecanismos de alternabilidad en el poder constituye una aberrante violación de los derechos políticos de los venezolanos.

Los retrasos en la publicación de resultados, la opacidad en la distribución de los escaños y las irregularidades en cuanto a migraciones en el registro de electores (Nicolás Maduro el propio día de la elección), son solo elementos que demuestran y ratifican lo ya encontrado en la fase preelectoral, y deja en evidencia la falta de condiciones elementales para garantizar la competitividad en un evento electoral.

Destacamos que sin bien esta situación de constantes irregularidades y ventajismos en procesos electorales no es nueva, y por tanto constituye un patrón aplicado por el régimen para perpetuarse en el poder, el evento parlamentario agravó de forma vertiginosa las condiciones, garantías y confianza ciudadana en los procesos electorales, por lo que toca avanzar una ruta para la reconstrucción de este derecho consagrado en nuestra Constitución y en la carta universal de los derechos humanos.

Finalmente, desde Cepaz y la REC condenamos las irregularidades que se han cometido en el desarrollo del evento electoral parlamentario 2020, y reiteramos el posicionamiento que hemos mantenido y que reivindica el voto como la solución pacífica y constitucional de la crisis política. La inclusión de la comunidad internacional es fundamental en el contundente rechazo ante la crisis venezolana, pero también en la reconstrucción de las garantías y libertades electorales que finalmente permitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de todos los venezolanos, a través de la celebración de elecciones libres, auténticas y universales.