En 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución 42/25. A través de la misma se creó la Misión Independiente de Determinación de los hechos con el objetivo de investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el año 2014, con el propósito de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.

Tres años de contundentes investigaciones

• Septiembre del año 2020 (45° periodo de sesiones el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas). La Misión presentó su primer informe sobre Venezuela, como resultado de su investigación, concluyó la perpetración de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado venezolano, específicamente destacó la represión política selectiva a los principales líderes políticos y figuras públicas vinculadas a la oposición, o a la defensa de los derechos humanos en el país. La Misión consideró que las violaciones de los derechos humanos y los delitos investigados dan lugar a la responsabilidad del Estado y a la responsabilidad penal individual en el marco del derecho penal nacional y/o internacional. En este sentido, llamaron a la comunidad internacional y a los Estados a que inicien, bajo el principio de la jurisdicción universal, las acciones legales contra los responsables de las violaciones y delitos que han sido detallados en el informe.
• Octubre del año 2020 (45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas). Se aprobó la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela por dos años, con el propósito de “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
• Marzo del año 2021 (46° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas), la Misión presentó su actualización oral sobre los avances de su investigación y destacó su preocupación por la agudización de la persecución política en Venezuela contra toda persona percibida como enemigo interno u opositores al gobierno. Asimismo, resaltó la falta de cooperación con el organismo por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
• Septiembre del año 2021 (48° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) La Misión presentó su segundo informe, en este determinó que existen motivos razonables para creer que, bajo la presión política, los jueces, las juezas y las y los fiscales, han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales. Asimismo, la investigación de la Misión determinó el deber del Estado venezolano de investigar y sancionar.
• Marzo del año 2022 (49° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos) La Misión presentó su actualización oral en donde señaló que no pudo evaluar los esfuerzos reales del Estado para investigar y perseguir a los perpetradores de las violaciones a derechos humanos ocurridos en el país. Aún más, a juicio de la Misión, el gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado el sistema judicial venezolano como una herramienta de persecución contra los opositores, o contra las personas percibidas como tal. Además, aseguró que se necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia.

Durante el mes de septiembre de este año, en el marco del 51° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Misión presentará su tercer informe, y en este mismo periodo los Estados miembros del Consejo decidirán sobre la renovación o no del mandato de la Misión.

¿Por qué renovar el mandato de la Misión?

Ha quedado en evidencia con los dos informes escritos y las dos actualizaciones orales el importante trabajo de investigación que ha hecho la Misión en sus tres años de vigencia.

1. El trabajo de la Misión ha sido exhaustivo

La Misión ha documentado la crisis en derechos que existe en Venezuela, ha reconocido las fallas estructurales que han mantenido la perpetración de violaciones de derechos humanos en Venezuela, sin un proceso de investigación y sanción para los responsables, y por tanto con víctimas que aún buscan justicia y reparación en un entorno muy desfavorable. Por ello, también ha insistido y promovido la necesidad de encontrar un camino hacia la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familiares, pero además ha resaltado las transformaciones necesarias para corregir estas fallas y evitar que se sigan cometiendo las violaciones documentadas o la profundización de otros abusos.

2. La vigencia de dos mecanismos que se complementan es fundamental.

Sobre Venezuela también se encuentra vigente un mecanismo de seguimiento que lleva a cabo la oficina de la Alta Comisionada. Esto si bien es muy importante no es suficiente, ya que el esfuerzo que realiza la Misión es distinto y se complementa con el trabajo que hace la Alta Comisionada. Mientras el mandato de la Alta Comisionada se ha basado en informar sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela y a la vez cooperar técnicamente y en el terreno con el Estado, el mandato de la Misión ha sido investigar y documentar las violaciones de derechos humanos con el objetivo de garantizar que los responsables rindan cuentas y las víctimas encuentren justicia. Es decir, que solo la vigencia de ambos mecanismos complementándose en simultáneo abre camino a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Siendo esto así, es necesaria la renovación de la Misión.

3. Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela se mantienen bajo total impunidad.

Las razones que motivaron la creación de la Misión para Venezuela se mantienen, es decir, continúa un patrón de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro y persiste la falta de un sistema judicial independiente que cumpla con el deber de investigación, sanción y reparación ante estas violaciones.

En 2021 desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentamos al menos 818 actos de persecución y criminalización a través de diversos patrones violatorios a los derechos humanos, contra distintas categorías de individuos o grupo de individuos. En el primer semestre del año 2022 ya se han documento al menos 300 actos de persecución y criminalización que la misma Misión los ha considerado como delitos de lesa humanidad. Entre tanto, persisten las barreras para acceder a una justicia cooptada por quienes controlan el poder, no hay investigaciones creíbles, sobre todo en las cadenas de mando.

Y, aunque quienes hoy detentan el poder han simulado cooperar con estos mecanismos, la misma documentación, informes y actualizaciones orales dan cuenta que se ha tratado de una estrategia para evitar que se mantengan la documentación e investigación de los actos atroces que ocurren en el país. Siendo esto así, mientras se mantengan las razones por las cuales el Consejo consideró necesaria la creación de la Misión para Venezuela, debe mantenerse vigente el mecanismo, y por tanto debe renovarse.

4. La misión representa un avance en materia de derechos humanos y justicia en Venezuela.

Tal y como ha quedado evidenciado, el esfuerzo de investigación de la Misión ha sido muy importante, pero no podría continuar desarrollándose y profundizándose si el mandato no se renueva. La Misión de Determinación de los Hechos es esencial para la reivindicación de los derechos de las víctimas. Su renovación, significaría la posibilidad de continuar documentado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que persisten en Venezuela, favoreciendo a que se establezcan las responsabilidades de los perpetradores, incluyendo las del Estado y también las de los individuos. Aún más, las pruebas obtenidas de las investigaciones que realiza la Misión pueden ser muy valiosas para el proceso que cursa ante la Corte Penal Internacional.

En definitiva, es imprescindible que se mantenga el trabajo que realiza la Misión, visibilizando y documentando los casos que la propia Misión ha determinado como delitos de lesa humanidad. La población venezolana, las víctimas y los familiares de las víctimas de los actos atroces que ocurren en Venezuela merecen conocer la verdad y obtener justicia y reparación, y la vigencia del mandato Misión, sin duda, nos acerca a este escenario.