Las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024 estuvieron plagadas de irregularidades. Así lo señalaron tanto el Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de la ONU, como el Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estas instancias no consideran estas elecciones democráticas debido a la falta de transparencia y la represión gubernamental.

Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado los resultados desglosados por mesa de votación, una petición a la que se han sumado más de 20 países. La comunidad internacional ha exigido una auditoría real e independiente del proceso electoral.

En una evidente maniobra política, Nicolás Maduro introdujo un recurso contencioso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anteriormente ha actuado de manera irregular y parcializada, favoreciendo al gobierno, con decisiones que incluyen la inhabilitación arbitraria de candidatos opositores y la invalidación de elecciones legítimas.

Sin embargo, el procedimiento que llevó a cabo la Sala Electoral del TSJ «parecía tener un solo propósito: ratificar el anuncio del CNE de la victoria del aspirante a la reelección, sin importar si el máximo juzgado estaba facultado para hacerlo o si la vía escogida era o no la correcta», como lo señala un análisis realizado por la organización Acceso a la Justicia. La decisión, como era de esperarse, convalidó los resultados anunciados por el CNE, sin publicar la motivación la sentencia.

Falta de independencia del TSJ

Como ya hemos denunciado desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), a pesar de las características de independencia e imparcialidad que debiera tener en atención a los principios constitucionales, el TSJ ha sido un brazo ejecutor imprescindible del Poder Ejecutivo, a través de decisiones dictadas a la medida de las necesidades del gobierno.

El TSJ ha tenido una participación activa en avalar la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional, la integración de una írrita Asamblea Nacional Constituyente, la ruptura del hilo constitucional en 2017 y la persecución y criminalización política de los disidentes del gobierno de Nicolás Maduro​. Además, la composición actual del TSJ, con fuertes conexiones con el oficialismo, demuestra su falta de independencia y transparencia.

La Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de determinación de los hechos han confirmado esta falta de independencia del Poder Judicial venezolano, destacando su complicidad en violaciones de derechos humanos y crímenes como desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias. La CPI ha determinado que las autoridades venezolanas no han demostrado una voluntad genuina de investigar y procesar a los responsables de estos crímenes.

Además, en su informe dado a conocer en septiembre de 2021, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluyó que existe complicidad por parte del sistema de justicia para perseguir, criminalizar y anular a las voces disidentes al gobierno de Nicolás Maduro. Esto forma parte de una política sistemática cuyo objetivo es mantenerse en el poder.

La intervención del TSJ es una maniobra política que exacerba la represión y las violaciones de derechos humanos en este periodo post-electoral, cuando se han incrementado las persecuciones, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Como ya hemos señalado desde Cepaz, «lo que comenzó como un patrón de violencia y control en 2014 ha evolucionado hasta convertirse en un sistema perfeccionado que intimida, silencia y somete a la población».