Venezuela se encuentra atravesando una compleja crisis humanitaria, la cual se agudiza en tiempos de pandemia. El progresivo deterioro de las condiciones de salud, la falta de servicios, productos de higiene, insumos y equipos médicos limitan la prevención, el diagnóstico y el cuidado de las personas contagiadas del virus. El sector salud se encuentra gravemente limitado, ya que no tienen o presentan fallas en el suministro de al menos un 80% de gel desinfectante, respecto al jabón un 90%, de guantes un 76,9% y de tapabocas un 69, 2%.[1]

Por su parte, la crisis económica y alimentaria imposibilita el cumplimiento de una cuarentena obligatoria, ya que al menos un 87,5%[2] de la población no cuenta con ningún ahorro o ingresos y por tanto debe regularmente salir a buscar sustento para sus hogares.

La agudización de la crisis humanitaria compleja, deja al país sin medios para hacer frente a la pandemia, no solo por la incapacidad de operar de los centros de salud, sino también la imposibilidad de subsistencia de la población.

Ahora bien, en este contexto se produce un efecto diferenciado en las mujeres, niñas y adolescentes. Esto se evidencia en el ámbito de la violencia por razones de género y la ruptura de la institucionalidad que se profundiza en tiempos de pandemia.

A pesar de lo anterior, el régimen no cumple con las obligaciones de protección y prevención en materia de género. Las mujeres presentan múltiples limitaciones para acceder a la justicia y no cuentan con centros de atención con personal preparado, líneas telefónicas disponibles, casas de abrigo, órdenes de protección efectivas, y estrategias específicas para hacer frente a la situación en tiempos de pandemia.

Aun más, el régimen ha utilizado la emergencia sanitaria para vulnerar los derechos de los venezolanos a través de la aplicación sistemática de patrones de persecución que ya habían sido utilizados en el pasado y que en este contexto se agudizan. Entre tantos podemos mencionar: la censura, la criminalización de la exigencia de derechos, el hostigamiento, amenazas, allanamiento de viviendas, detenciones arbitrarias e invalidación de partidos políticos.

Los líderes de oposición, defensores de derechos humanos, comunicadores, el gremio de la salud, las asociaciones con fines políticos, los retornados venezolanos, y en general toda la población, a través de una política de Estado de control, han sido víctimas de la violación de sus derechos humanos, sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) condenamos la profundización de la crisis humanitaria compleja que existe en Venezuela y la persecución por motivos políticos. Asimismo, condenamos el incumplimiento por parte del Estado de garantizar la seguridad de la población en materia de salud y de proteger el derecho de todas las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia.

Por otra parte, insistimos en la necesidad de que las organizaciones internacionales constaten las violaciones de los derechos humanos que ocurre en Venezuela, y se efectúen las denuncias, el seguimiento y acompañamiento adecuado para garantizar la protección de los derechos de la población y la restitución de la democracia.

[1] Twitter. Centro de comunicación Nacional. Disponible en: https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1298590097852510208/photo/4

[2] Twitter. Centro de comunicación Nacional. Disponible en: https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1298590134418526210/photo/4