El 30 de septiembre de 2020, el Grupo de Expertos de la Corte Penal Internacional (‘CPI’) publicó el informe final con recomendaciones para fortalecer el sistema del Estatuto de Roma y el funcionamiento de la CPI. El informe tiene 384 recomendaciones pensadas tanto a corto como a largo plazo y cuya implementación comporta diversos grados de complejidad.

Este informe es el producto de 9 meses de trabajo del Grupo de Expertos que comenzó su mandato el 01 de enero de 2020. El Grupo fue creado a través de una resolución aprobada por la Asamblea de Estados Parte (‘ASP’) de la CPI y esta formado por expertos de Francia, Argentina, Australia, Polonia, Reino Unido, Tanzania, Sudáfrica, Gambia y Brasil.

Para realizar el informe final, los expertos realizaron entrevistas con funcionarios y exfuncionarios, personal y defensores externos y representantes de las víctimas, los supervisores de las salas, el personal del Consejo del Sindicato, Estados Partes, representantes y órganos de la Asamblea de Estados Parte, organizaciones no gubernamentales y académicos.

Desde la sociedad civil, es primordial participar en este proceso de revisión del sistema del Estatuto de Roma para lograr fortalecer el trabajo de la CPI y avanzar en la lucha por conseguir que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no queden sin castigo. Para las organizaciones de la sociedad civil venezolana es importante pensar también en como la implementación de estas recomendaciones afectarían la situación de Venezuela ante la CPI tanto en el examen preliminar como ante una posible investigación, juicio y proceso de reparaciones.

Fortalecimiento de la cooperación entre la CPI y las organizaciones de la sociedad civil

El informe de los expertos recuerda que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a nivel local son clave para el trabajo de la Corte en varias actividades. Estas organizaciones permiten conseguir la cooperación de las poblaciones afectadas y los grupos de víctimas, ayudan a presionar a las organizaciones políticas en los países en situación, sirven como enlace fundamental con las comunidades de víctimas y como fuente de asesoramiento y defensa en la interacción de la Corte con las autoridades locales. Aunado a esto, son aliadas con respecto a la prensa local y las campañas de propaganda, a menudo realizadas por líderes autoritarios que tergiversan el propósito y las actividades de la Corte.

Considerando los distintos roles que las organizaciones locales pueden desempeñar en el marco del trabajo de la Corte, no es de extrañar que el Grupo de Expertos haya realizado un importante número de recomendaciones referentes a formalizar y fortalecer la relación entre éstas y los distintos órganos de la CPI.

El Grupo de Expertos señala por ejemplo que la Corte debe continuar trabajando con la sociedad civil en la medida de lo posible, con el objetivo de reforzar el apoyo de las ONG y la promoción de la Corte en países y regiones particulares, así como mantener los arreglos de cooperación con la sociedad civil en países con situaciones abiertas, que son tan importantes para la implementación exitosa de su mandato en esos países.

Otra de las propuestas es la creación de un coordinador responsable del mantenimiento de relaciones bilaterales con las organizaciones de la sociedad civil en la sede, y la designación de un miembro del personal sobre el terreno que seria el responsable de las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil pertinentes. También se recomendó considerar la posibilidad de organizar talleres regionales para representantes de las organizaciones y planificar eventos paralelos con las organizaciones locales durante las visitas oficiales de la Corte.

Tres pilares fundamentales para una cooperación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil venezolana con la CPI

Estas recomendaciones han sido presentadas a la ASP y falta determinar todavía cuales terminarán implementándose. En todo caso, lo cierto es que desde la sociedad civil venezolana existe un trabajo por hacer para poder participar activamente en una cooperación efectiva con la Corte.

En CEPAZ creemos que este trabajo debe girar en torno a tres pilares fundamentales.  En primer lugar, la coordinación y organización de las organizaciones de la sociedad civil a nivel local para mantener una mejor comunicación con la Corte.

Esto es esencial para recibir información actualizada sobre el estado de la situación Venezuela I durante el examen preliminar o la investigación, así como para poder crear un canal de comunicación constante para aportar mayor y mejor información sobre los hechos que ocurren a nivel nacional. Esta coordinación y discusión interna es también necesaria para asegurar la consistencia tanto en la información como en las narrativas que puedan argumentarse en referencia a los crímenes competencia de la Corte.

En segundo lugar, la preparación y capacitación de los miembros de las organizaciones en materia de derecho penal internacional, del funcionamiento de la corte y de las normas de recopilación y comunicación de pruebas. Del informe del Grupo de Expertos se desprende que uno de los mayores problemas de la fiscalía al realizar una investigación es la falta de presencia en el territorio del país en situación. Frente a esto la sociedad civil puede jugar un papel importante como enlace en el territorio.

Sin embargo, para poder cumplir este rol adecuadamente, se debe trabajar en la construcción de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil tanto para poder promover e informar correctamente sobre el trabajo de la Corte como para realizar un manejo correcto de testigos y evidencia que pueda servir como aporte ante una posible investigación.

Por último, es imprescindible tener la cooperación con otros Estados Parte al Estatuto de Roma. Esta cooperación es necesaria en dos sentidos. En primer lugar, porque cualquier proceso de cambio en el sistema del Estatuto de Roma se hará a través de la ASP, que es el órgano legislativo de la Corte y la encargada de su supervisión.

En segundo lugar, de acuerdo con el artículo 86 del Estatuto, los Estados Parte están en la obligación de cooperar plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia. Esto es de relevancia en el marco de la situación de Venezuela ya que la cooperación de otros Estados Parte ayudaría a la Fiscalía en el proceso de obtención de pruebas, en especial de testigos, ubicados en el extranjero.  Las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar en pro de obtener esta cooperación de los Estados interesados en el avance de la investigación de los crímenes ocurridos en territorio venezolano que son competencia de la CPI.

Trabajar en estos tres puntos incrementarían la posibilidad de la sociedad civil de influir en mayor medida en la implementación de las recomendaciones del informe del Grupo de Expertos para avanzar en el proceso de revisión del sistema del Estatuto de Roma, así como en el desarrollo del examen preliminar y eventual investigación en la situación Venezuela I.

El informe completo está disponible en inglés y se encuentra siendo traducido al francés. La introducción y anexo I que contiene un resumen de las recomendaciones se encuentran traducidos al español.