La detención por motivos políticos en Venezuela no termina en el arresto de una persona; es un fenómeno expansivo que utiliza los roles de género para trasladar el peso del castigo al hogar. En este escenario, las mujeres —madres, esposas, hijas y hermanas— emergen como víctimas secundarias. Aunque no están tras las rejas, cargan en sus cuerpos y vidas con la sobrevivencia de sus familias y la búsqueda de una justicia que el Estado les niega sistemáticamente.

El cuidado como resistencia forzada

Desde Cepaz, hemos documentado cómo el sistema represivo se apoya en las desigualdades de género para trasladar el costo del encierro a los hogares y, específicamente a las mujeres. Al detener a un familiar, se produce una reorganización violenta de la vida cotidiana y las cargas de cuidado que ya tenían las mujeres se multiplican exponencialmente.

Las consecuencias son múltiples y profundas: abandono o pérdida del empleo, desplazamientos forzados desde los lugares de origen hacia los centros de reclusión, endeudamiento, desgaste físico y afectación severa de la salud física y mental. La incertidumbre prolongada, la falta de respuestas oficiales y el trato hostil por parte de las autoridades convierten esta experiencia en una forma de violencia sostenida en el tiempo.

Convertidas en gestoras permanentes del encierro, las mujeres deben gestionar visitas y defensa legal bajo condiciones de hostilidad; proveer alimentos, medicinas e insumos básicos a la persona detenida ante la ausencia deliberada de responsabilidad por parte del Estado; sostener económicamente el hogar; asumir pagos irregulares o extorsivos para poder garantizar visitas y traslados; y brindar contención emocional a hijos, padres y otros familiares.

Este trabajo de cuidado, invisibilizado y no reconocido, no es un daño colateral; es una estrategia deliberada que amplifica el castigo utilizando los roles de género como vehículo.

El impacto en el cuerpo: morir esperando

La evidencia más desgarradora de este impacto es el fallecimiento en menos de un mes de tres madres de presos políticos en el contexto de esta lucha prolongada. El caso más reciente, conocido el pasado 28 de enero, confirma que el daño más profundo de la represión se descarga no solo sobre la persona detenida, sino sobre quienes esperan afuera.

Estas muertes no son eventos aislados, sino el resultado del estrés crónico, el desgaste físico, la incertidumbre deliberada y un trato vejatorio. Cuando una mujer muere esperando justicia para su hijo, queda claro que el grave impacto del sistema represivo no ocurre solo dentro de los centros de detención, sino también más allá de las rejas. La salud mental y física de las cuidadoras es, en sí misma, un campo de batalla donde se vulneran derechos fundamentales como la integridad personal y el derecho a la salud.

La feminización de la carga y la violencia institucional

La falta de información oficial sobre el paradero o estado de salud de las personas detenidas no es un vacío administrativo, es uno de los mecanismos más crueles de la represión política que va dirigido hacia las familias. Esta opacidad obliga a las mujeres a peregrinar por instituciones sin obtener respuestas, enfrentándose a la estigmatización y, en muchos casos, a extorsiones para garantizar derechos mínimos de sus familiares.

En este contexto, se produce una feminización de la carga represiva. El Estado vulnera derechos económicos y sociales por la pérdida de ingresos y la precarización forzada; y el derecho a la igualdad y no discriminación, ya que el Estado se apoya en roles de género preexistentes para externalizar el costo del castigo. A ello se suma la violación sistemática del derecho a la defensa privada y, en general, de todas las garantías que integran el debido proceso.

Redes de apoyo: entre la solidaridad y el riesgo

Frente al aislamiento impuesto, las redes de familiares han surgido como una forma de resistencia colectiva. Estos espacios permiten compartir información y sostenerse emocionalmente, rompiendo el silencio estatal.

Sin embargo, la visibilidad tiene un costo. Las mujeres que lideran estas redes enfrentan vigilancia y hostigamiento constante. También campañas de descrédito y criminalización y represalias directas contra sus familiares detenidos.

A pesar de esto, estas redes persisten porque son, muchas veces, el único mecanismo de supervivencia posible frente a un sistema que niega información, justicia y reparación.

Nombrar para reparar

Es urgente ampliar la mirada. La represión produce deliberadamente trabajo de cuidado: cuidado del detenido, de la familia y de la memoria. Nombrar a estas mujeres como víctimas secundarias es el primer paso para exigir reparaciones integrales que reconozcan que la violencia política también se ejerce a través del cuidado impuesto y feminizado. Si bien es lógico y natural que la conversación se centre en las personas detenidas, es importante analizar todas las dimensiones de afectación de este fenómeno, así como su importante componente de género. Nombrarlo así es fundamental para exigir respuestas adecuadas: protección a las familiares, atención psicosocial, garantías contra represalias y medidas de reparación.

La lucha por la libertad de los presos políticos debe ir acompañada de una protección efectiva para las mujeres que, desde afuera, mantienen viva la esperanza y la exigencia de justicia. El Estado es responsable no solo de quienes están adentro, sino de las vidas que se apagan afuera esperando un reencuentro.