El 10 de enero Nicolás Maduro fue juramentado presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031, consolidándose de facto en el poder. Este acto careció de legitimidad y evidenció la profundización de la erosión de las instituciones y poderes públicos, que se han convertido, junto al aparato represivo, en parte de un sistema de un diseñado para perpetuar al partido de gobierno indefinidamente en el poder.
Contexto electoral y ausencia de transparencia
La Constitución de Venezuela establece que el inicio de un nuevo mandato presidencial debe estar respaldado por la voluntad popular expresada a través del voto. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) incumplió su obligación de publicar las actas que sustentan los resultados del evento electoral del 28 de julio de 2024. Esta omisión impidió la verificación de los resultados anunciados por el CNE, marcando el proceso electoral de opacidad e irregularidades. En este escenario se juramentó Nicolás Maduro, en abierto desconocimiento de la voluntad popular y sin el respaldo de un proceso electoral libre, justo y transparente.
Estrategias de persecución selectiva y una política de terror masiva
Aunado a la crisis de institucionalidad evidenciada en el proceso electoral, los días posteriores, incluyendo el día del acto de juramentación, Nicolás Maduro construyó un escenario que le permitiera mantenerse en el poder. Esto lo hizo ejerciendo una antigua y perfeccionada política integral de persecución que combina y alterna mecanismos «duros» y «blandos» de represión para consolidar su control político y silenciar cualquier forma de disidencia[1]. A su vez, integra una política de terror masiva y una persecución selectiva. Estas tácticas tienen como eje común la instrumentalización del miedo como herramienta política.
La maquinaria de represión del Estado en Venezuela basada en la política de terror masiva busca generalizar el miedo entre la población, desmovilizar protestas y fragmentar cualquier intento de organización social. Esta estrategia represiva se ha llevado a cabo a través de: (i) el uso excesivo de la fuerza como forma de represión de protestas pacíficas; (ii) operativos de militarización de zonas consideradas opositoras o de alto potencial de manifestaciones; (iii) la creación de grupos civiles armados que actúan violentamente bajo impunidad; (iv) el control social y económico que condiciona la lealtad política; (v)la censura y desinformación, entre otros mecanismos.
El 9 de enero de 2025, un día antes de la juramentación de facto de Nicolás Maduro, se anunció la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en los 335 municipios de Venezuela. Esta medida fusionó fuerzas militares, policiales y civiles bajo el pretexto de garantizar la seguridad del país. En este contexto, trabajadores de 31 instituciones públicas fueron armados y juramentados como Cuerpo Combatiente, integrándolos al ODDI, lo que evidencia la militarización de civiles que actúan violentamente con la aprobación del Estado[2].
Durante los días posteriores a las elecciones, y en medio de protestas masivas contra las irregularidades electorales, se produjo una ola de más de dos mil detenciones arbitrarias y se implementaron aplicaciones móviles que permitían a simpatizantes del gobierno denunciar a quienes asistían a protestas, fomentando un ambiente de vigilancia extensa. Asimismo, se activó la denominada «Operación Tun Tun” la cual consiste en la detención en sus viviendas de personas que habían participado en protestas o expresado críticas contra el gobierno[3]. Este operativo ejemplarizante, junto con el despliegue continuo de fuerzas policiales, militares y civiles armados, se ha convertido en una herramienta de propaganda del terror, obligando a muchos a optar por la clandestinidad, el exilio, la autocensura o la desmovilización.
Por otra parte, la persecución selectiva opera como una herramienta clave dentro de la maquinaria represiva del Estado. Este patrón se enfoca en neutralizar amenazas directas al poder mediante la desarticulación del liderazgo opositor o percibido como tal, causando un efecto ejemplarizante de aislamiento, debilitamiento e intimidación hacia figuras clave de la oposición democrática, líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos. Esta estrategia no solo elimina o debilita a los opositores y activistas más visibles, sino que también busca instaurar una cultura de autocensura y parálisis social.
Los métodos de persecución selectiva incluyen el monitoreo constante de las actividades de los líderes opositores, campañas de difamación y desprestigio a través de medios estatales y redes sociales, la criminalización y judicialización de la protesta mediante la imputación de cargos ambiguos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, amenazas a familiares cercanos, entre otros patrones.
De acuerdo con la organización Foro Penal, entre el 9 y 10 de enero se produjeron al menos 44 detenciones arbitrarias. En la mayoría de los casos las detenciones ocurrieron de manera selectiva contra líderes políticos y colaboradores de María Corina Machado y el partido que representa, Vente Venezuela. Entre estos, se incluyen: Julio Balza, miembro del equipo de prensa de Vente Venezuela, Roalmi Cabeza, motorizado que la trasladaba a María Corina Machado durante la manifestación, Zyad Naime y Cipriano Díaz, dirigentes políticos estadales de Vente Venezuela. Días antes, en el marco de esta política de persecución selectiva, fueron detenidos Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González y el defensor de derechos humanos Carlos Correa, quien estuvo bajo desaparición forzada por más de 8 días.
El impacto psicológico de estas tácticas es la generación de miedo, desconfianza en las instituciones y aislamiento , dificultando la organización y la resistencia. Este patrón tiene un efecto disuasorio que afecta a las víctimas directas, e inhibe a otras personas de asumir roles de liderazgo o de participar activamente en movimientos sociales y políticos. Así mismo, limita a capacidad de la población para exigir sus derechos, visibilizar abusos o participar activamente en movimientos políticos.
En definitiva, la maquinaria represiva del Estado en Venezuela desplegada antes, durante y después del evento electoral, incluyendo el periodo de juramentación, constituye un sistema opresivo que socava las instituciones democráticas y restringe las libertades fundamentales. El miedo al castigo, la desconfianza en las instituciones y el aislamiento se convierten en barreras que dificultan la organización y la resistencia y por tanto la capacidad del país para avanzar hacia una democracia plena y respetuosa de los derechos humanos.
La sofisticación y planeación detrás de estos patrones de persecución reflejan una estrategia deliberada para mantener el poder, erosionando sistemáticamente los derechos humanos y debilitando la organización ciudadana. El Estado venezolano ha sido efectivo en desarrollar un sistema eficiente que le permite administrar la dosis de represión necesaria para controlar y oprimir a la población en los momentos de alta conflictividad o tensión política, que incluye prácticas blandas y duras, masivas o selectivas. El resultado de todo esto es un círculo vicioso donde la represión individual refuerza el control masivo, mientras el terror colectivo disuade la participación política y debilita la lucha de la ciudadanía en torno a una transición democrática en el país, consolidando así un poder de facto.
Ante este panorama y considerando la complejidad del contexto y los retos que supone para el mundo democrático, la comunidad internacional tiene una oportunidad tan apremiante como valiosa. La diplomacia asertiva y determinada es indispensable para hacer valer los derechos humanos en Venezuela, así como para cumplir con la obligación y responsabilidad de los países de prevenir y proteger. Un abordaje internacional que promueva la negociación política con enfoque derechos humanos es necesario para el cese de la represión, la búsqueda de justicia, y el el reconocimiento del derecho de las y los venezolanos de avanzar a una transición democrática, expresado a través del voto popular
Para ello, es indispensable que los Estados y los mecanismos multilaterales asuman de forma abierta y decidida, un compromiso con los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos. Anclados en estos valores y legitimados por la decisión soberana del pueblo venezolano, se promueva un proceso de diálogo que die pie al inicio de la transición democrática.
El compromiso debe extenderse también al respaldo, financiero y político, a los procesos internacionales de búsqueda de verdad y justicia por las graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos, facilitando y cooperando en las investigaciones y enjuiciamientos, pues son la única alternativa creíble de justicia para las víctimas de graves violaciones.
Finalmente, invitamos a los pueblos y los gobiernos aliados de la democracia, que reconocen y defienden los derechos humanos y aspiran constantemente en crear sociedades más justas y pacíficas, a ustedes, a organizarse y movilizar recursos y esfuerzos colectivos frescos, innovadores y determinados que puedan influir e incentivar a más y variados actores a continuar una lucha real por Venezuela, que mire menos a las ideologías, los intereses económicos y la desinformación y premie la vida, la libertad y el deseo de superación y construcción de las y los venezolanos.
[1] 10 Años de persecución en Venezuela: La consolidación de un sistema sofisticado de represión. Disponible en: https://cepaz.org/documentos_informes/10-anos-de-persecucion-en-venezuela-la-consolidacion-de-un-sistema-sofisticado-de-represion/
[2] El Pitazo. Gobierno de Maduro entrega armamento militar a trabajadores de 31 instituciones públicas. Disponible en: https://elpitazo.net/politica/gobierno-de-maduro-entrega-armamento-militar-a-trabajadores-de-31-instituciones-publicas/
[3] Cepaz. El efecto ejemplarizante de la represión es ahora más evidente que nunca. Disponible en: https://cepaz.org/el-efecto-ejemplarizante-de-la-represion-es-ahora-mas-evidente-que-nunca/
