El 15 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Democracia, el Centro de Justicia y Paz, Cepaz, presentó el informe “Estocada a la Democracia”, un análisis del proceso de crisis vertiginosa y agravada, tanto social, como económica y política del país.
Este informe hace referencia al deterioro y la regresión que ha sufrido la democracia en Venezuela en los últimos 18 años, especialmente en los últimos 10 meses, donde el Gobierno nacional y sus principales actores, arremetieron contra los pilares de las libertades democráticas en Venezuela, teniendo como estocada final la propuesta de la realización e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, adentrándonos en un nuevo capítulo muy obscuro de la historia venezolana, donde es evidente la existencia de un gobierno de carácter no democrático.
El punto de inflexión de este declive llegó con las sentencias Nº155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desprovistas de las mínimas garantías legales y constitucionales, y que desconocieron las atribuciones de la Asamblea Nacional, con el objeto de orientar la habilitación del Ejecutivo Nacional para poder legislar en aspectos clave sin contar con el aval del Legislativo.
Estas sentencias son el producto de la ausencia de todo raciocinio y lógica constitucional. Como era de esperarse, la sociedad civil, en conjunto con los legisladores y representantes políticos, salió a las calles, en movilizaciones masivas, haciendo frente a los atropellos del gobierno, con el fin de reclamar sus derechos constitucionales.
Durante los episodios de protestas, los manifestantes fueron objeto de represiones y ataques por parte de los cuerpos policiales, al punto de convertirse en prácticas sistemáticas, organizadas y consentidas por las propias autoridades gubernamentales, con un uso desproporcionado de la fuerza policial y militar.
Además, se documentaron torturas a los detenidos y presos políticos y casos en los que se les negó el derecho a los civiles a ser juzgados por un juez natural. En suma, durante los últimos meses se han constatado graves violaciones a los derechos humanos de la población, al tiempo que se han vulnerado las prácticas al debido proceso reconocidas por los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos
Las acciones del Gobierno venezolano han estado orientadas al mantenimiento del poder político por encima de lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, al igual que de la voluntad y expresiones populares.
Asimismo, la falta de autonomía y separación de los poderes públicos ha sido una lógica constante que ha hecho desaparecer cualquier vestigio de confianza ciudadana respecto al orden institucional. Venezuela presenta un contexto en el que no hay sujeción al Estado de Derecho y por eso se le reconoce como un Estado fallido.
El orden democrático está en emergencia, de ahí, que se requiera del acompañamiento y posicionamiento contundente de otros actores de la comunidad internacional que ayuden al restablecimiento del orden constitucional y reconstrucción del sistema democrático, a fin de generar las condiciones que posibiliten la salida pacífica del primer mandatario nacional, al tiempo que puedan renovarse las instancias que configuran los poderes públicos, toda vez que puedan darse las condiciones que permitan celebrar elecciones libres y transparentes.
De igual modo, es necesario exigir investigaciones, respuestas y rendiciones de cuentas ante los casos de denuncias de tortura, heridos, desapariciones y muertes causadas por la violencia institucional del Estado venezolano. Asimismo, es conveniente limitar las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, puesto que es un elemento carente de toda legitimidad y funcionalidad democrática.
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