Más de 57 organizaciones y 167 personas nos unimos en solidaridad para expresar nuestro rechazo a los actos de violencia sexual sufridos por una venezolana migrante en Buenos Aires, y para exigir el derecho de las venezolanas en movilidad a una vida libre de violencia, el cual debe ser garantizado por los Estados de acogida.

La violencia es un problema estructural que afecta a las mujeres migrantes y refugiadas de forma diferenciada, por causas diferentes y barreras estructurales. Este grupo poblacional no suele contar con redes de apoyo en los países o ciudades de destino, lo que dificulta aún más su proceso de integración y las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

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