Las organizaciones de la sociedad civil y personas abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación por el ambiente de violencia política que se está viviendo en Venezuela en el actual contexto preelectoral. La persecución y la violencia política en el país son fenómenos recurrentes y comunes, condenables en todos los casos, mas adquieren una dimensión adicional  y afectación diferenciada en lo que a la participación de las mujeres se refiere.

Las mujeres en Venezuela han sido históricamente víctimas de la discriminación y desigualdad para el ejercicio de sus derechos políticos, especialmente el que se refiere a la posibilidad de ser elegidas y participar en la dirección de los asuntos públicos y políticos del país. Esta situación se mantiene en la actualidad afectando al liderazgo femenino, hoy subrepresentado en los más altos cargos y espacios de toma de decisiones. Uno de los factores que impacta directamente en la participación del liderazgo femenino es la violencia política por razones de género, un fenómeno creciente que mina los derechos fundamentales y la participación activa de las mujeres en la vida política y pública del país.

En los últimos meses, se ha evidenciado una escalada de ataques contra mujeres en cargos políticos, con aspiraciones políticas y activistas por los derechos de las mujeres. Al respecto, alertamos el ejercicio de prácticas sistemáticas que constituyen patrones de persecución y violencia política contra las mujeres, en el que se incluyen amenazas de muerte, de agresión físicas, de privación de la libertad y otras formas de intimidación; también amenazas concretas que se han ejecutado y actos de violencia como el acoso, la violencia psicológica, verbal, física, entre otras. Esta situación se extiende a los casos de violencia digital basadas en el género, lo cual afecta el debate público y resta garantías para la libertad de expresión de comunicadoras, lideresas y defensoras de derechos humanos.

Alertamos también sobre la preocupante tendencia de la instrumentalización de mujeres para llevar a cabo actos de violencia política en contra de hombres. Existen denuncias que apuntan a que con frecuencia, cuando ellos son víctimas de violencia, la mayoría de las victimarias son mujeres, con la intención de que si hubiera alguna respuesta ante la agresión, pudieran valerse de la violencia de género para denunciar. Condenamos la instrumentalización de la protección, de las mujeres y por supuesto la violencia ejercida.

En Venezuela, la violencia de género se inserta en un contexto de persecución y criminalización generalizada, que ha sido documentado por organismos internacionales tales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, entre otros,  que demuestran que la violación del derecho a la participación política no corresponde a casos aislados, sino que se trata de acciones sistemáticas dirigidas de manera estratégica y planificada, que busca censurar, reprimir y controlar a distintos actores, entre ellos, los actores políticos, impactando de manera diferenciada en el liderazgo político femenino.

Esta situación, que se alimenta de contenidos específicos con connotaciones abiertamente sexualizadas, no solo atenta contra su derecho a una vida libre de violencia, los derechos humanos y los principios democráticos, sino que también socava los esfuerzos nacionales e internacionales por lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres, adolescentes y niñas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), formalizó la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos y estableció por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado y que a los fines de su  implementación efectiva se creó en 2004 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, por lo que instamos a las y los integrantes del Comité de Expertos a hacer sus recomendaciones en el caso venezolano.

El marco normativo venezolano, específicamente la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recientemente reformada en 2021, incorpora 4 ordinales al artículo 19, dentro de los cuales define la violencia política como “todo acto que, mediante la coacción, amenaza o cualquier otra forma de violencia, limite, menoscabe o imposibilite el libre ejercicio de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad en cargos de elección popular, en el ejercicio de la función pública y en organizaciones con fines políticos, sindicales, comunitarias, movimientos sociales y del poder popular”.

Asimismo, la Ley incorpora el delito de violencia política en el artículo 65, donde señala: “Quien mediante la coacción, amenaza o cualquier otra forma de violencia, limite, menoscabe o imposibilite el libre ejercicio de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad en cargos de elección popular, en el ejercicio de la función pública y en organizaciones con fines políticos, sindicales, educativos, culturales, deportivos, profesionales, asociaciones comunitarias, movimientos sociales y del poder popular será́ sancionado con pena de prisión de tres a ocho años”.

Visto lo anterior, exigimos categóricamente al Gobierno venezolano de manera general y a sus operadores políticos de manera particular, el cese de cualquier tipo de persecución política contra de las mujeres, especialmente la emanada de sus propios funcionarios y autoridades; y garantizar su protección en el ámbito político, con especial referencia a las candidatas en la contienda preelectoral, funcionarias y activistas, sin importar su tolda política, asegurando que puedan ejercer sus derechos políticos sin temor a represalias o violencia de ninguna índole. Condenamos enérgicamente cualquier conducta que vulnere, discrimine o constituya algún tipo de persecución que impida un libre y adecuado ejercicio de los derechos políticos de cualquier ciudadano o ciudadana.

Se hace necesario implementar y hacer cumplir las leyes existentes contra la violencia de género, así como adoptar medidas preventivas y punitivas específicas en el contexto político, a fin de facilitar la participación activa y significativa de las mujeres en todos los niveles del proceso electoral y en la toma de decisiones políticas, adoptando políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

Igualmente, a los actores y partidos políticos los instamos a comprometerse públicamente a promover y respetar los derechos de las mujeres a participar en la vida política, sin discriminación ni violencia y a desarrollar y adoptar códigos de conducta que prohíban explícitamente la violencia y la discriminación por razones de género.

Por último, los abajo firmantes solicitamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en su seguimiento y monitoreo a la situación en Venezuela reporte con especial atención instancias de violencia política contra mujeres; y que apoye a los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos en la prevención y respuesta a la violencia política contra las mujeres; y a la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que analice la situación que aquí se plantea a los fines de determinar si la misma puede revestir interés para la Corte.

La aspiración a una sociedad más justa, solidaria y pacífica pasa por reconocer y respetar los derechos de la mujer como condición indispensable.

¡La democracia, la justicia y la igualdad de género no pueden esperar!