El 11 de mayo, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), junto a otras organizaciones de la sociedad civil, participó en la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el proceso electoral y su impacto sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela.
En la sesión, en la también que estuvieron presentes, Voto Joven y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, integrantes de la Red Electoral Ciudadana (REC), además de Espacio Público y el Observatorio Electoral Venezolano, se informó que para este evento electoral se le ha dado seguimiento de las diferentes violaciones en lo que han sido las dos convocatorias para el proceso electoral presidencial, registrando la afectación a los derechos políticos así como del incumplimiento por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los derechos contemplados en la Constitución y en las leyes.
La participación en el foro inició con la directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Griselda Colina, quien hizo una descripción del contexto previo en el que se desarrolla este proceso electoral y la existencia de un patrón de acciones sistemáticas para mantener al régimen en el poder a través del debilitamiento del derecho al voto. Asimismo manifestó cómo el poder electoral en Venezuela está subordinado al poder de la Asamblea Nacional Constituyente, convirtiéndose en un agente político.
Por su parte la directora de Cepaz, Beatriz Borges, explicó la labor que la Red Electoral Ciudadana (REC), alianza entre las organizaciones: Cepaz, Voto Joven y el Observatorio Venezolano de la Comunicación y la Democracia, entre otras, lleva a cabo denuncias y hace las solicitudes correspondientes ante el Consejo Nacional Electoral sobre información referida al proceso electoral.
Expresó que a lo largo de este proceso se han introducido nueve solicitudes en ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución, siendo solo una respondida formalmente. Lo cual permite demostrar cómo es el tratamiento que se otorga al derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, como parte integrante del derecho a la participación política, que debería ser respetado y garantizado por el Poder Público Nacional, a todos los venezolanos.
Asimismo presentó ante la Comisión un informe detallado de todas las irregularidades observadas, que por motivo de tiempo se basó en la explicación del debilitamiento del pluralismo político y la libertad de elegir en Venezuela, señalando el continuado proceso de destrucción del Estado de Partidos, evidenciado en la construcción de un Estado de partido único en desmedro de la democracia.
Por último manifestó la gravedad de la ausencia de pluralidad política ya que esto viola el derecho a la participación de los venezolanos, tanto de aquellos que desean elegir como ser elegidos, y su no garantía en un proceso electoral no permite que la elección en este contexto sea una elección auténtica en los términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La representante de Voto Joven, Luisana Subero, señaló que el CNE ha socavado el derecho a la participación política de los jóvenes venezolanos y ha construido un proceso electoral a su medida. Recalcó que los días y cantidad de puntos establecidos para el Registro Electoral de nuevos votantes no fueron suficientes. Además no hubo información sobre su ubicación y las fechas en las cuales funcionarían.
La participación de las organizaciones de la sociedad civil en esta audiencia también tuvo como objeto realizar una serie de peticiones, que van desde la solicitud a la Comisión que una su voz al reclamo hecho por diversos actores nacionales e internacionales por una nueva convocatoria para la realización de elecciones presidenciales en el último trimestre de 2018, con la publicación oportuna de un cronograma que respete los plazos legales y cumplan con las garantías electorales establecidas en la normativa electoral vigente. Esas garantías electorales deben restablecer plenamente el pluralismo político en Venezuela, severamente restringido por inhabilitaciones políticas de dirigentes políticos y a partidos políticos.
También se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se mantenga vigilante ante eventuales represalias u obstrucciones a la labor de los defensores de DDHH, de observadores electorales nacionales y se inste al Estado a respetar la labor de periodistas y medios de comunicación, indispensables para el debate libre, democrático y plural sobre el proceso electoral.
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