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El año 2019 comienza con muchas expectativas en el país y en la comunidad internacional. Hoy 10 de enero los ojos del mundo se posarán sobre Venezuela. De acuerdo al artículo 231 de la Constitución vigente de la República, se da inicio a un nuevo mandato presidencial para el período constitucional 2019-2025, mediante el juramento que deberá ser prestado por el electo presidente de la República ante la Asamblea Nacional (AN).[1]

El actual mandatario nacional Nicolás Maduro mantiene la pretensión de iniciar un segundo periodo(2019-2025)  tras un ilegítimo e inconstitucional proceso comicial celebrado el 20 de mayo de 2018. Evento que no solo estuvo viciado en su convocatoria, sino que a su vez, estuvo envuelto en un halo de irregularidades y violaciones, careciendo de garantías mínimas y de los estándares internacionales para su celebración, ante, entre otras, la ausencia de la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno, más la ausencia de la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de ejercer su derecho al sufragio.[2]

Los resultados del mencionado evento electoral, tanto por su naturaleza como por su desarrollo, levantaron las voces de rechazo tanto de la oposición venezolana como por una parte significativa de la comunidad internacional, lo que se tradujo en el desconocimiento de la reelección de Maduro por 47 Estados, entre ellos, la Unión Europea (UE), el Grupo de Lima, el Grupo de los 7 (G7) y por la Organización de Estados Americanos (OEA). [3]

Frente a este escenario, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) reitera todas las denuncias y propuestas que hemos venido realizando frente a la ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela  en el “Posicionamiento del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ante el 10 de enero de 2019, fecha en la que por disposición constitucional debería ser juramentado el Presidente de la República”.

Sin embargo, en este texto ampliamos las tres consideraciones entendidas por Cepaz como claves para asumir el trabajo para la reinstitucionalización y la recuperación de la institucionalidad democrática en Venezuela a partir del 10 de enero y en el futuro inmediato en nuestro país.

1. Cumplimiento de la Carta Magna por parte de los Poderes Públicos

Frente a la naturaleza y características del evento electoral del 20 de mayo de 2018 y como consecuencia la inexistencia de un presidente electo con base constitucional para el periodo 2019-2025, se han abierto diferentes interpretaciones desde el punto de vista constitucional sobre el 10 de enero, identificando dos posiciones principales: “vacío de poder o usurpación”.

Con la instalación de una nueva Junta Directiva, una vez más la Asamblea Nacional rechaza la existencia, validez y  legitimidad del evento del 20 de mayo de 2018. Este desconocimiento ha sido asumido y expresado por medio de dos Acuerdos Parlamentarios, donde se refieren al desconocimiento de las elecciones del 20 de mayo y por consiguiente al abandono del cargo por parte del mandatario nacional, ya que al participar en el fraudulento proceso electoral del 20 de mayo, reconoce de facto su ilegitimidad en el desempeño de su cargo. Lo cual conlleva directamente al 10 de enero de 2019 como la fecha constitucionalmente establecida para la finalización del mandato de Nicolás Maduro.[4]

Mientras que esa usurpación se consolida cuando se vence su periodo constitucional de seis años en la Presidencia e insiste extender su control al frente del país, por lo que jurídicamente no puede iniciarse un nuevo periodo presidencial porque no hay presidente legítimamente electo.

Hoy 10 de enero nos encontramos frente a la existencia de un presidente sin base constitucional. Por lo que a los Poderes Públicos y a la Asamblea Nacional les corresponde actuar de conformidad a la Constitución.

Aunque no existe un mecanismo específico a seguir ante la instalación de un gobierno de facto, consecuencia de un evento electoral que no reúne las condiciones de una elección legitima, de acuerdo al artículo 333 constitucional y ante la ruptura del orden constitucional, todo ciudadano “investido o no de autoridad”, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución. [5]

Es fundamental que entendamos que cualquier iniciativa para lograr la transición a la democracia debe estar enmarcada dentro de los preceptos de nuestra Carta Magna y que ante la naturaleza de la situación de ilegítima pretensión de ejercer la presidencia de la República, se hace necesario promover la realización de elecciones libres, creíbles, con garantías para la libre participación política mediante el sufragio de todos los electores y organizaciones, para el restablecimiento del ejercicio del poder por un presidente con la base constitucional correspondiente.

En este sentido, la Asamblea Nacional no tiene más opción que asumir su deber político, ético y constitucional para la búsqueda de acciones encaminadas a la reinstitucionalización y restablecimiento del orden democrático en Venezuela, de conformidad con lo establecido en la Constitución.

2. Acompañamiento y posicionamiento contundente de actores de la comunidad internacional

El entorno en que se desarrollan los actuales acontecimientos en el país es sumamente complejo, no solo por el carácter antidemocrático y represor del gobierno actual, sino por la existencia de una emergencia humanitaria compleja que genera sufrimiento y pérdida de vida en la cotidianidad de Venezuela. Es por ello, que ante esta complejidad y desprotección que vive el pueblo venezolano y que se profundizará a partir del 10 de enero, la acción internacional ahora más que nunca es clave y fundamental para la mitigación del daño y el encuentro de salidas políticas pacificas.

Es importante recordar que la presión de una parte muy importante de la comunidad internacional por la resolución de la grave crisis que vive Venezuela, fue uno de los mayores logros del año 2018.

Por primera vez, desde 2016 cuando el tema venezolano formó parte de la agenda de discusión, puede hablarse de una consolidación y coordinación de la atención internacional en el caso de Venezuela, estrechamente entre América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. Haciéndose patente con los diversos pronunciamientos e informes emitidos sobre la situación venezolana en diferentes instancias regionales como internacionales.[6]

En función de ello, en los últimos meses más de 40 Estados han manifestado su intención de desconocer la legitimidad de Maduro como Presidente de la República para el periodo de 2019- 2025. Asimismo, la Organización de Estados Americanos informó que fue convocada para ese mismo 10 de enero una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar la situación de Venezuela y examinar cuál es la respuesta del continente a la investidura de Maduro. [7]

El pasado 5 de enero de 2019, por mandato de los artículos 219 y 214 de la Constitución de la República, asumió funciones una nueva Junta Directiva del Poder Legislativo Nacional, en presencia de más de 25 embajadores y con el respaldo de la comunidad internacional. [8]

Ejemplo de este respaldo fue el comunicado suscrito por el Grupo de Lima, a excepción de México, donde se exhortó al jefe de Estado venezolano a no asumir su nuevo mandato y, en cambio, transferir el poder al Parlamento hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales.  Por su parte, el propio Secretario General de la OEA, Luis Almagro, manifestó su apoyo a la designación de Juan Guaidó como nuevo presidente del Parlamento ante esta coyuntura decisiva hacia un retorno a la democracia.[9]

Por lo que en este punto, desde Cepaz entendemos y resaltamos la importancia que ha significado el acompañamiento y posicionamiento contundente de actores de la comunidad internacional sobre la situación de Venezuela y frente a un futuro que pone en el panorama un mayor agravamiento de la institucionalidad democrática, la crisis humanitaria y los derechos humanos. Consideramos fundamental la búsqueda de una respuesta asertiva y coherente de los órganos internacionales, que logre combinar de forma simultánea la acción humanitaria y la protección a los derechos humanos en la restauración del orden democrático venezolano.

3. Organización ciudadana como una iniciativa de participación ciudadana

En este último punto, señalamos lo fundamental que significa el papel de la ciudadanía en esta coyuntura decisiva. Coincidimos en que el paulatino deterioro sistemático de las condiciones de vida de los venezolanos y la progresiva disminución de las garantías mínimas necesarias para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales son consecuencias directas del desmantelamiento del Estado de derecho perpetrado por el actual gobierno, mediante la destrucción del orden legal, institucional y patrimonial, así como de la imposición de un modelo económico inviable.[10]

Por eso hacemos un llamado de reflexión a la ciudadanía, a no perder la esperanza, a ser agente de cambio y a sumarnos a un camino complejo para la restaurar la República mediante la organización y participación de la sociedad civil como ejercicio de nuestro derecho a tener una democracia, en combinación con un diálogo socia y ciudadano, diverso y plural. Permitiéndonos participar en la construcción del cambio político de nuestro país, articulados en una sola dirección y bajo una misma orientación, para darle verdadera paz, libertad y justicia a las futuras generaciones en Venezuela.

Este llamado a la participación no es ingenuo ni caprichoso ya que se entiende el reto de hacerlo ante un gobierno no democrático. La democracia debe ser un espacio protagónico de la ciudadanía, y frente a un nuevo escenario como ciudadanos venezolanos, desde donde estemos, el objetivo es organizarnos y no endosar solo a la Asamblea Nacional o a los partidos políticos el futuro del país.

Esta difícil y compleja realidad requiere de la voluntad y articulación de una ciudadanía consciente de sus derechos, participando activamente en la construcción de un plan para el cambio político, por vías pacificas, donde la palabra elecciones y diálogo tengan de nuevo sentido para los venezolanos y se conviertan en las vías reales para restaurar la República.

Llegar allí nos tomará un gran compromiso y sobre todo entender que el 10 de enero no es el día que termina la crisis ni produce un cambio per se. Hoy 10 de enero, es el día que empieza una nueva etapa de lucha que debe ser asumida con compromiso, conciencia de las reales dimensiones de la catástrofe que vivimos y trabajo para las futuras generaciones en Venezuela.

Nuestra crisis no es de aquellas que se solucionan únicamente con actos jurídicos, la solución a la grave crisis venezolana no puede ser producto de atajos o caminos cortos. Nuestro llamado es a que se entienda desde la ciudadanía que se requiere un proceso para el cambio político, que se debe construir bajo el  respeto a lo establecido en la Constitución y las leyes, con elecciones auténticas y con la mirada a un proceso de verdad, justicia y reparación que nos llevará a la verdadera transición democrática y a la reconciliación como venezolanos. Solo así podremos tener mayor garantía de que lo que hemos vivido no vuelva a ocurrir en Venezuela.

[1]. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf

[2]Centro de Justicia y Paz, 2018. “Retrato de la convocatoria electoral del 20 de mayo de 2018 iniciativa de DENUNCIA, DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN POR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS EN VENEZUELA”. Disponible en: https://cepaz.org/documentos_informes/retrato-de-la-convocatoria-electoral-del-20-de-mayo-de-2018/

[3] Centro de Justicia y Paz, 2018. Voces internacionales contra el evento electoral del 20 de mayo. Disponible en: https://cepaz.org/noticias/voces-internacionales-contra-el-evento-electoral-del-20-de-mayo/

[4] Asamblea Nacional, 2018. Acuerdo reiterando el desconocimiento de la farsa realizada el 20 de mayo de 2018 para la supuesta elección del Presidente de la República. Disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-reiterando-el-desconocimiento-de-la-farsa-realizada-el-20-de-mayo-de-2018-para-la-supuesta-eleccion-del-presidente-de-la-republica

[5] Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf

 

[6] Centro de Justicia y Paz, 2018. Voces internacionales contra el evento electoral del 20 de mayo. Disponible en: https://cepaz.org/noticias/voces-internacionales-contra-el-evento-electoral-del-20-de-mayo/

[7] EFE, 2018.  EEUU quiere debate regional sobre la legitimidad de Maduro como Presidente. Disponible en: https://www.efe.com/efe/usa/politica/eeuu-quiere-debate-regional-sobre-la-legitimidad-de-maduro-como-presidente/50000105-3842315

[8]Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf

[9] Efecto Cocuyo, 2019. OEA apoyará esfuerzos de Guaidó en la Asamblea Nacional para la transición. Disponible en: http://efectococuyo.com/politica/oea-apoyara-esfuerzos-de-guaido-en-la-asamblea-nacional-para-la-transicion/

[10] Centro de Justicia y Paz, 2018. Declaración suscrita por la articulación de ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales y políticos representados en el diálogo social en apoyo al acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 13 de noviembre de 2018. Disponible en: https://cepaz.org/noticias/declaracion-suscrita-por-la-articulacion-de-ciudadanos-organizaciones-y-movimientos-sociales-y-politicos-representados-en-el-dialogo-social-en-apoyo-al-acuerdo-aprobado-por-la-asamblea-nacional-en-fe/