El gobierno de Nicolás Maduro activa nuevamente el plan Furia Bolivariana, un mecanismo de represión, control y persecución que abarca distintos patrones, entre ellos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e intimidaciones.

El Plan Furia Bolivariana no es nuevo. En el año 2020 fue utilizado como mecanismo de represión durante la pandemia, en donde decenas de viviendas de personas vinculadas con la política fueron marcadas con amenazas.

El año 2024, un año electoral para Venezuela, inicia con un aumento en los casos de persecución y con el llamado de los principales líderes políticos del oficialismo a activar nuevamente el plan Furia Bolivariana.

La última semana se han llevado a cabo al menos cinco desapariciones forzadas con detenciones arbitrarias de los coordinadores y jefes de campañas vinculados con el liderazgo opositor. Y más de 20 organizaciones políticas, sociales, profesionales y defensoras de derechos humanos han sido amenazas con el marcaje de sus fachadas.

En este contexto electoral, es fundamental garantizar la libre participación política tanto de las personas candidatas como de la ciudadanía. El amedrentamiento que se ejerce a través del plan Furia Bolivariana, obstaculiza el ejercicio de estos derechos fundamentales.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) rechazamos toda acción de persecución y criminalización, incluyendo aquellas que atenta contra el ejercicio de los derechos políticos que entorpecen el camino hacia unas elecciones libres, auténticas y democráticas. Es indispensable que la comunidad internacional se pronuncie enérgicamente ante estas acciones violatorias a los derechos humanos.