A propósito del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo se convierte en una oportunidad para alertar sobre el contexto represivo en el cual las mujeres periodistas, lideresas políticas y sociales, defensoras de derechos humanos, y otro grupo de mujeres desarrollan sus labores.

El espacio cívico venezolano ha sido catalogado como “cerrado”, esto significa que las personas que se desarrollan en este espacio todos los días ponen en riesgo su seguridad e integridad, sin embargo, las mujeres se exponen a riesgos diferenciados y desproporcionados por el hecho de ser mujer.

En los últimos tres años, desde el Centro de Justicia y Paz, Cepaz, hemos documentado al menos 238 casos de mujeres periodistas, lideresas políticas, sociales, activistas y ciudadanas que han sido víctimas del ejercicio de patrones de persecución y criminalización por parte del Estado, a través de acciones sistemáticas que socavan los derechos humanos de estas mujeres, entre ellos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas,  allanamiento de viviendas, procedimientos judiciales irregulares, inhabilitaciones políticas, hostigamientos, intimidaciones,  amenazas, entre otros patrones.

En el ejercicio de estas prácticas sistemáticas y violatorias a los derechos humanos las mujeres que hacen vida en el espacio cívico nacional son víctimas desproporcionadas, enfrentándose en este contexto a las actitudes discriminatorias por parte de los perpetradores, en donde ocurren actos de violencia por motivos de género. El impacto diferenciado y desproporcionado que tiene en las mujeres ser víctimas de estas prácticas represivas ha sido ampliamente documentado por mecanismos como la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, órganos de expertos independientes como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, entre otros.

Aunque son múltiples las mujeres que han sido víctimas de persecución y criminalización en Venezuela, queremos hacer especial mención al caso de la defensora de derechos humanos y directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien para la fecha se encuentra detenida arbitrariamente en El Helicoide, conocido como el centro de tortura más grande de América Latina.

Criminalización, desaparición forzada y detención arbitraria contra Rocío San Miguel

En este día en el que se conmemora una lucha histórica de las mujeres, desde Cepaz consideramos un momento propicio para expresar nuestra profunda preocupación y hacer un llamado de alerta ante la desaparición forzada  y posterior detención arbitraria de Rocío San Miguel.

El 9 de febrero de este año, Rocío San Miguel se encontraba en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando fue abordada por funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME,  quienes le solicitaron  verificar su estatus migratorio, seguidamente, fue detenida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, y traslada a un lugar desconocido. No solo San Miguel fue detenida, parte de su grupo familiar también fue arrestado y posteriormente liberado con medidas cautelares. Esta práctica de persecución contra familiares responde a un patrón de intimidación utilizado como blanco de amenaza, castigo y presión para la persona perseguida.

Rocío San Miguel hoy continúa en El Helicoide, y además de haber sido sometida a actos atroces como la desaparición y la privación de libertad, no se conocen las condiciones en las que se encuentra, le han vulnerado el derecho al debido proceso, no ha podido juramentar a abogados de su confianza, quienes no han podido tener acceso al expediente y a la fecha se ha suspendido el traslado a tribunales en al menos tres oportunidades.

El caso de Rocío San Miguel no es un caso aislado, es un patrón que vulnera sistemáticamente los derechos humanos

La desaparición forzada y posterior detención de Rocío San Miguel es parte de un patrón de persecución y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos, pero también contra toda persona que sea considerada enemiga a la política del gobierno basada en la permanencia indefinida en el poder.

Tal es así que la defensora de derechos humanos está siendo hoy víctima de patrones de persecución y criminalización que por su gravedad están siendo investigados por la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad.

Desde Cepaz condenamos el estado de indefensión e incomunicación al cual se encuentra sometida Rocío San Miguel, y alertamos sobre los riesgos diferenciados a los que se encuentra expuesta como mujer, por lo que exigimos su inmediata y plena liberación, así como el fin del ejercicio de estos y otros mecanismos de represión, persecución y criminalización que están siendo empleados por el Estado venezolano.