De conformidad con la resolución 51/29 del Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas presentó un nuevo informe escrito en relación a la situación de derechos humanos en Venezuela, en el cual no solo evidenció la situación en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales, sino que con una perspectiva de género, el Alto Comisionado se refirió a los efectos desproporcionados que tiene en las mujeres, niñas y adolescentes la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, y aún más, la falta de políticas por parte del Estado para hacer frente a los actos de discriminación basados en el género y garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencia.

La emergencia humanitaria compleja afecta de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres

El Alto Comisionado alertó sobre la precariedad de las condiciones de vida de la población venezolana, sobre todo en cuanto a la situación económica, los servicios públicos esenciales, el transporte, la educación y la salud, dificultando así las condiciones necesarias para disfrutar del derecho a un nivel de vida adecuado.

En este contexto, el Alto Comisionado advirtió sobre los efectos diferenciados de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país en las mujeres. Especialmente en relación con el deterioro del sistema sanitario, lo cual afecta directamente los servicios de salud sexual y reproductiva, la atención obstétrica y el tratamiento del cáncer de cuello uterino y de mama. La falta de disponibilidad de estos servicios de salud, aunado a los altos costos, mantienen la tasa de muertes causadas por cáncer de cuello uterino en aumento.

Por su parte, las mujeres indígenas se convierten en la población más vulnerable. Al respecto el Alto Comisionado aseguró que la pandemia de Covid-19 exacerbó la malnutrición entre los pueblos indígenas y su capacidad para buscar atención médica en centros médicos. Pero las mujeres suelen ser las más afectadas, ya que los embarazos precoces, las complicaciones durante el embarazo y el parto, así como las enfermedades infecciosas, amenazan la supervivencia de las mujeres indígenas.

El Estado venezolano no implementa medidas de protección y servicios integrados para las víctimas de la violencia de género

Las mujeres víctimas de violencias se encuentran en continuo desamparo, pues el Estado venezolano no ha aplicado medidas que garanticen su protección, ni servicios integrados, contención, justicia y reparación para las víctimas de violencia de género. Aún más, la impunidad que se maneja en el sistema de justicia solo permite que se perpetúe la violencia.

Al respecto, el Alto Comisionado documentó casos de violencia de género, incluida la violencia sexual, en los que se produjeron retrasos en la investigación y juzgamiento de los autores, por lo que instó al Estado venezolano a llevar a cabo estos procesos judiciales de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Así como la aplicación de medidas de protección y servicios integrados para las víctimas de violencias basadas en el género, y para las personas que se encuentran en situación de riesgo, a través de refugios, apoyo médico, apoyo psicosocial, entre otras medidas de protección.

Por su parte el Alto Comisionado destacó la omisión por parte del Estado de publicar datos y cifras sobre la realidad de las mujeres venezolanas, específicamente en cuanto a los casos de violencia de género. Así pues, advirtió la falta de un observatorio oficial de violencia de género, reconociendo que hoy estas cifras se conocen gracias al monitoreo y el contacto directo con las víctimas que tienen las organizaciones de la sociedad civil independiente. A través de estas cifras extra oficiales, incluyendo las del Observatorio de Femicidios de Cepaz, el Alto Comisionado concluyó que la situación no ha mejorado, pues las cifras revelan niveles similares de violencia de años anteriores.

Finalmente, el Alto Comisionado instó al Estado a implementar políticas e iniciativas pendientes en cuanto a la erradicación de la discriminación y otras formas de violencias basadas en el género. Entre ellas, en torno al proyecto de ley sobre igualdad de género, el desarrollo de un plan de acción nacional para abordar la violencia de género y la implementación efectiva de la reforma de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del año 2021.

Igualdad y no discriminación: una deuda pendiente del Estado

El informe presentado por el Alto Comisionado expone nuevamente en la agenda internacional el incumplimiento por parte del Estado venezolano de las obligaciones internacionales en materia de género, tanto en la toma de medidas que tengan como finalidad la erradicación de todas las formas de violencias basadas en el género, así como medidas que permitan el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes; lo cual requiere políticas específicas que permitan responder a las necesidades particulares de las mujeres, especialmente en el contexto de la emergencia humanitaria compleja y la crisis de múltiples dimensiones que atraviesa el país.

Bajo este contexto, el Alto Comisionado instó al Estado venezolano a adoptar medidas para garantizar el disfrute del derecho a la salud, incluido el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la despenalización del aborto. Asimismo, acelerar el proceso de adopción del proyecto de ley sobre igualdad de género, y elaborar un plan de acción nacional para abordar la violencia de género.

Estas recomendaciones se incorporan a las recomendaciones recientemente formuladas por el Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), sobre las cuales el Alto Comisionado hizo mención y no dejó de recordar la necesidad de su cumplimiento.

Las recomendaciones formuladas por la Cedaw en sus observaciones, con relación al noveno informe periódico de Venezuela, abordaron asuntos como el acceso a la justicia de las mujeres víctimas, la adopción de medidas especiales temporales para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, la eliminación de prácticas discriminatorias , la erradicación de todas las formas contemporáneas de esclavitud, la erradicación de la violencia política contra las mujeres, la adopción de medidas especiales temporales y efectivas para lograr la igualdad de participación entre hombres y mujeres,  la promoción  del acceso a las mujeres al empleo formal, acceso a la salud y a la educación, el abordaje de las formas de discriminación que enfrentan las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, además de garantizar el acceso a la documentación de regularización, educación, salud, vivienda y empleo.

Desde el Centro de Justicia y Paz, Cepaz, reconocemos los esfuerzos de la Oficina del Alto Comisionado que acompaña las importantes observaciones realizadas por la Cedaw, al documentar, visibilizar e interpelar al Estado venezolano en cuanto la discriminación que aún enfrentan las mujeres en Venezuela y que son la consecuencia de la falta de políticas públicas que combatan las desigualdades de género y las brechas estructurales, aunado a la inoperancia de un sistema de prevención, protección y justicia que atienda a las víctimas.