En Venezuela nos encontramos en un entorno de violencia generalizada, enmarcada en una emergencia humanitaria compleja, la cual ha demostrado tener un impacto desproporcionado y diferenciado sobre la vida de las mujeres, en un contexto donde el Estado venezolano ha optado por ignorar sus obligaciones en materia de derechos humanos.

La conformación de un registro de femicidios en el país es una necesidad para la toma de decisiones en materia de política preventiva. El Estado venezolano ha obviado esta obligación. En respuesta a esta situación, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) se ha propuesto la creación de un Observatorio Digital de Femicidios, con el fin de que los datos recabados a través de los medios de comunicación digital sean categorizados, analizados, y estén disponibles para todas las instituciones y ciudadanos interesados en la prevención del femicidio y en la evaluación de las respuestas del sistema de justicia sobre estos casos.

La Organización Mundial de la Salud señala que el femicidio es el asesinato intencional de una mujer, por el simple hecho de ser mujer. Para la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en su informe “El análisis del Estudio Mundial sobre Homicidios / 2019”, casi el 60 por ciento de las 87.000 mujeres que fueron asesinadas en 2017, en todo el mundo, fueron víctima de un femicidio cometido por sus parejas, exparejas o familiares hombres, lo que hace que el hogar sea «el lugar más peligroso» para ellas.

Las muertes violentas de mujeres ocurren por la influencia de una cultura discriminatoria, basada en una idea de inferioridad femenina, con un fuerte arraigo en estereotipos y roles de género que naturaliza y justifica constantemente los tipos y modalidades de violencia.

Existe, en consecuencia, una alta tasa de asesinatos entre los que se encuentran los femicidios cuyas cifras son invisibles para el Estado venezolano ya que no se presentan estadística alguna con estos casos que afectan a una gran cantidad de mujeres.

La impunidad por inoperancia y efectividad del sistema de protección, carcome de modo constante cualquier empuje meramente legal que pretenda disminuir los índices de violencia de género. La violencia generalizada se perpetúa principalmente por la impunidad.

Hay un abordaje vago, infértil y confuso sobre la violencia de género en nuestro país y en especial, el femicidio, donde observamos situaciones estructurales como la falta de estadísticas género sensitivas, cuando, precisamente, es imprescindible que los Estados dispongan de sistemas nacionales de información, que permitirá elaborar leyes, políticas, planes y programas estatales en la erradicación de la forma más grave de violencia contra las mujeres.

La única forma de impulsar este marco de actuación, es visibilizando la necesidad estratégica, desde el enfoque de derechos humanos, para evidenciar que el Estado está incumpliendo con su responsabilidad de “proteger”. Esperamos que este Observatorio Digital de Femicidios contribuya a la visibilidad de este fenómeno.