El camino hacia la verdad y la rendición de cuentas para las víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela ha estado marcado de forma invariable por un profundo muro de impunidad institucional. Por esta razón, las organizaciones defensoras de derechos humanos abajo firmantes manifestamos nuestro rotundo respaldo a la reciente solicitud de extradición cursada desde Argentina hacia España del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Ephraín Enrique Verdú Torrelles, pues representa un quiebre estructural en la narrativa del olvido y un hito sin precedentes para la justicia transnacional.

Ante este escenario, esta petición de apoyo institucional se dirige a las autoridades competentes del Reino de España para que atiendan con la máxima diligencia y celeridad jurídica el requerimiento de la justicia argentina, consolidando un paso histórico que reconfirma la vigencia y la necesidad de la cooperación internacional.

La fundamentación de este llamado se sostiene de manera directa sobre el robusto y admirable historial que posee el sistema judicial español en materia de aplicación del Principio de Jurisdicción Universal. España ha sido un referente indiscutible y un pionero a escala global al abrir caminos de justicia históricos para crímenes cometidos en latitudes donde imperaba el silencio forzado, sentando precedentes icónicos en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos.

Por lo tanto, la solicitud para que la Audiencia Nacional proceda con determinación no constituye bajo ninguna circunstancia una toma de postura política partidista, sino el estricto cumplimiento de la legalidad internacional y del principio fundamental aut dedere aut jugicare, el cual establece la obligación de extraditar o juzgar. Se apela, de este modo, a que las instituciones españolas actúen en plena coherencia con su propia tradición de vanguardia en la defensa de la dignidad humana global.

Cuando los tribunales locales se transforman en escudos de los victimarios en lugar de protectores de los ciudadanos, la justicia internacional emerge como el último recurso de supervivencia elemental. Si bien este proceso legal específico está impulsado de forma medular por la memoria de la joven Geraldin Moreno Orozco y por la persistencia inquebrantable de su madre, Rosa Orozco, quien ha transformado su luto en una causa colectiva durante más de una década, este hito trasciende la esfera del dolor individual.

La causa de Rosa Orozco se ha convertido en el emblema de una nación desarmada institucionalmente, por lo que la efectiva resolución de esta extradición abre una brecha de esperanza real no solo para ella, sino para los familiares de todas las víctimas de la violencia política y la represión sistemática en Venezuela, enviando un mensaje contundente de que las fronteras geográficas ya no serán un refugio seguro para la impunidad.

De manera fundamental, este procedimiento constituye un paso estratégico y un catalizador técnico para los demás casos pendientes de resolución. Al operar como un «caso testigo» bajo la Jurisdicción Universal, la resolución favorable de esta extradición por parte de España sienta un precedente procedimental vinculante que reduce las barreras de acceso a la justicia para otras causas. Este hito valida judicialmente que los delitos cometidos en Venezuela configuran crímenes de lesa humanidad, lo que facilita la apertura y reactivación de querellas en beneficio de los familiares de las más de 330 personas ejecutadas en el contexto de manifestaciones pacíficas desde 2014. Asimismo, la entrega del requerido robustece la viabilidad de las órdenes de captura contra los demás miembros de la cadena de mando civil, militar y policial ya denunciados en los tribunales internacionales, eliminando la noción de que el transcurso del tiempo o el asilo geográfico garantizan la impunidad.

Además, este avance es el resultado de una articulación entre la sociedad civil y la justicia transnacional que hoy sitúa el caso en su fase definitiva. Tras la denuncia penal presentada por la organización InterJust ante los tribunales federales de Argentina en junio de 2023, un juez federal dictó la orden internacional de extradición en febrero de 2026 al confirmarse la localización del requerido en territorio español. Posteriormente, en marzo de 2026, el Consejo de Ministros de España validó que la solicitud cumplía con los requisitos legales y políticos básicos, permitiendo que el expediente pasara formalmente al Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional. Con el inicio de esta etapa judicial sustantiva en España, se activa la oportunidad real de que el presunto perpetrador sea entregado a las autoridades argentinas para responder con todas las garantías del debido proceso por los graves hechos que se le imputan.

El impacto de este procedimiento penetra de forma profunda en el ecosistema psicosocial de una sociedad afectada por el trauma colectivo, transformando la percepción de indefensión en una certeza de amparo internacional. Ver a un alto oficial comparecer ante un tribunal independiente deshace la noción de omnipotencia de los victimarios y genera un efecto preventivo e inhibidor indispensable para los funcionarios en activo, recordándoles que las órdenes que violen los derechos fundamentales no están protegidas de por vida por las jerarquías del momento. 

Al atender esta solicitud, la justicia española no solo cumple con un trámite formal, sino que asume una responsabilidad histórica que honra el compromiso global de que los crímenes de lesa humanidad jamás queden desatendidos, transformando la proclama del «Nunca Más» en una realidad jurídica incontestable sobre la cual el porvenir pueda caminar sin tropezar con el horror.

Por todo lo expuesto, instamos formalmente a las autoridades españolas a tramitar esta extradición con la firmeza, la determinación y la celeridad que su propio legado histórico exige. Conceder esta solicitud no es una opción política, sino un imperativo de justicia universal que demostrará al mundo que el paso del tiempo y las distancias geográficas son incapaces de diluir los crímenes de lesa humanidad. No se trata únicamente de procesar a un implicado; se trata de respaldar el coraje de Rosa Orozco, honrar la memoria de Geraldin y devolverle el derecho al futuro a todas las víctimas de la violencia política en Venezuela. Que la justicia española sea, una vez más, el faro donde naufrague la impunidad y comience la verdadera reparación.