Reflexiones sobre una participación efectiva en contextos autoritarios
Beatriz Borges Urrutia
Participar hoy en Venezuela exige dejar de lado simplificaciones y asumir, con claridad, bajo qué condiciones esa participación tiene sentido. Estamos necesitando con urgencia salir de una discusión simplificada y preguntarnos algo más profundo: qué significa realmente participar.
Me han preguntado tantas veces sobre el rol de la sociedad civil y cómo estamos en este momento, que me he animado a compartir mis reflexiones personales. Estas también son parte de lo que muchos de mis compañeros y compañeras del mundo de derechos humanos y organizaciones sociales hemos venido reflexionando. Además para mí vienen desde un proceso personal. He sido parte de espacios que apostaban por la participación y el diálogo, y ese recorrido me dejó aprendizajes importantes sobre sus límites y riesgos cuando no existen condiciones claras.
La pregunta reciente de los actores internacionales y dentro de Venezuela es siempre la misma: se están abriendo espacios internos de participación. Algunas organizaciones están participando, ¿ustedes van a participar? Esto a partir de espacios como la discusión que se dio sobre la Ley de Amnistía, o los nombramientos de Fiscal y Defensor, o finalmente, las decisiones sobre nuevas reformas de leyes o la Comisión de paz y convivencia y sus diferentes mesas.
Los falsos dilemas
Guiadas por las posiciones que asumimos frente a estos espacios de participación, comienzan a instalarse etiquetas y dilemas que simplifican la discusión. Es una reacción muy humana: frente a contextos complejos e inciertos, tendemos a reducir la realidad en categorías claras que nos permitan ubicarnos y entender a los otros. Pero esa simplificación tiene un costo. En la práctica, lo que vemos no es un debate honesto, sino la instalación de falsos dilemas que terminan fragmentando a la sociedad civil: participar o no participar; pragmáticos o radicales; principistas o realistas; los de adentro o los de afuera; quienes construyen paz o quienes defienden derechos humanos. Estas categorías no reflejan la complejidad de lo que está en juego, pero sí logran dividir a quienes, en el fondo, deberían compartir un mismo propósito.
Estas etiquetas no son neutrales; operan en la práctica como mecanismos de presión y deslegitimación. Quienes participan son señalados como complacientes; quienes cuestionan, como extremos o desconectados; quienes están fuera, como ajenos a la realidad; y quienes están dentro, como funcionales al poder. Al mismo tiempo, sería ingenuo ignorar que en estos espacios también pueden coexistir agendas distintas: hay actores que participan desde una convicción genuina de incidencia, otros que responden a incentivos o dinámicas de cercanía al poder, y algunos casos donde la participación ha sido instrumentalizada y cooptada.
Reconocer esa diversidad no busca deslegitimar, sino comprender mejor el terreno en el que estamos. Así se construye una narrativa que nos obliga a escoger entre identidades que no nos representan y, en ese proceso, se pierde lo esencial: la sociedad civil no está dividida en objetivos, sino en tácticas frente a un mismo problema. Aceptar esos dilemas es caer en una trampa que debilita la acción colectiva. Por eso, salir de ellos es una tarea urgente. La pregunta no es quién tiene la razón desde una etiqueta, sino qué tipo de participación contribuye realmente a una transición democrática.
Por principio, las organizaciones defendemos espacios de diálogo, entendimiento y participación ciudadana. Sin embargo, este es un principio que hay que problematizar en un contexto como el venezolano, donde no estamos en condiciones normales y, por eso, no podemos hablar de participación en términos tradicionales, sino de incidencia efectiva en contextos autoritarios. Es preocupante que de inicio muchos piensen que la sola idea de participar equivale automáticamente a avanzar, y que cuestionar esta participación equivalga a radicalizarse.
Lecciones aprendidas
No estamos frente a un terreno desconocido. Lo que hoy estamos viendo, particularmente en este período posterior al 3 de enero, reproduce dinámicas que ya hemos vivido en el pasado y de las cuales deberíamos haber aprendido. En distintos momentos, los espacios de participación han sido progresivamente vaciados de contenido a través de patrones que se repiten: el desplazamiento del lenguaje para suavizar la gravedad de las violaciones, la creación de instancias sin reglas claras ni mandato definido, garantías de seguridad basadas más en promesas que en mecanismos reales, y convocatorias urgentes que limitan la preparación y la capacidad de incidencia. A esto se suma una inclusión que muchas veces es más simbólica que efectiva, sin procesos reales para incorporar propuestas, y la ausencia de seguimiento que permita traducir los encuentros en resultados verificables.
El problema no es que estos elementos aparezcan de manera aislada, sino que, en conjunto, configuran una forma de gestionar el conflicto sin transformarlo. Esa ha sido una de las lecciones más claras del pasado: estos espacios pueden producir la apariencia de avance mientras mantienen intactas las estructuras que generan la crisis. Por eso, el desafío hoy no es simplemente participar o aprovechar cualquier apertura, sino hacerlo desde la conciencia de estos patrones, evitando repetir ciclos que ya han demostrado sus límites. La oportunidad, si existe, está en no perder esas lecciones y en entender que sin condiciones claras, la participación corre el riesgo de convertirse nuevamente en parte del problema y no de la solución.
Condiciones para que participar tenga sentido
Frente a este escenario, el punto de encuentro posible no está en ponernos de acuerdo sobre si participar o no, sino en definir las condiciones mínimas que hacen que la participación tenga sentido. Ese es el marco que permite salir del dilema que nos fragmenta y trasladar el peso de la discusión hacia donde corresponde: las reglas del juego y quienes los convocan. No se trata de adaptarnos a espacios imperfectos sin cuestionarlos, sino de establecer con claridad qué hace que un proceso sea genuino y no una forma de administrar el conflicto, cuando no contamos con institucionalidad democrática.
Participar con sentido implica, en primer lugar, nombrar la realidad sin autocensura, sin aceptar lenguajes que diluyan violaciones de derechos humanos en términos ambiguos. Implica también no intercambiar derechos por gestos: la liberación de presos políticos es urgente y necesaria, pero no puede presentarse como evidencia de transformaciones estructurales que no están ocurriendo. Supone además usar la pseudoinstitucionalidad tutelada que existe sin normalizarla, incidiendo en ella con la claridad de que requiere cambios profundos. A esto se suman garantías reales de seguridad, no promesas; tiempos y agendas claras que permitan preparación y construcción colectiva; procesos de inclusión efectivos, donde las propuestas sean realmente recibidas y consideradas; y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, porque sin implementación, todo queda en el plano del discurso y la foto.
Bajo este enfoque, participar también implica una responsabilidad: saber cuándo no hacerlo. Porque la participación sin estas condiciones no es neutral. Puede contribuir a normalizar lo inaceptable, debilitar la exigencia colectiva y dejar fuera a quienes no pueden estar por persecución o exilio. Por eso, más que una respuesta automática a cada convocatoria, la participación debe ser una decisión consciente, basada en si ese espacio permite incidir realmente o si, por el contrario, corre el riesgo de convertirse en una validación de lo que debería cambiar.
Incorporar estas condiciones no solo da sentido a la participación, también fortalece a la sociedad civil: aumenta la protección de quienes participan, reduce riesgos en contextos adversos; evita la cooptación simbólica, al impedir que los espacios se utilicen solo para legitimar sin transformar; y refuerza la confianza ciudadana, alineando expectativas con procesos que realmente pueden producir resultados. En otras palabras, no solo se trata de participar mejor, sino de proteger el valor y la credibilidad de la participación misma.
Si las organizaciones definen condiciones claras de entrada, también pueden fijar criterios de salida. Eso les permite denunciar con fundamento o retirarse cuando se alteren o incumplan los acuerdos, sin quedar expuestas a la improvisación. Tener esos puntos preestablecidos protege la coherencia, la credibilidad y evita que las reglas del juego cambien sin consecuencias. Salir de los falsos dilemas implica poner el foco donde corresponde: en las condiciones. No importa solo estar en la mesa, sino para qué y bajo qué condiciones. No estamos llamadas a adaptarnos a estándares bajos ni a cambiar nuestro lenguaje, sino a definirlos, sostenerlos y elevarlos. En la medida en que las organizaciones evalúen críticamente esos espacios, sus reglas, garantías y propósito, la participación tendrá sentido o no. Ahí se juega la diferencia entre contribuir a una normalización aparente o a una transformación democrática real.
