En su Informe Anual 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), específicamente en su Capítulo IV.B, concluyó que durante este año se «consolidó una dictadura en Venezuela«. Ante este escenario, la CIDH hace un llamado a una respuesta diplomática coordinada que permita restablecer el hilo constitucional y rescatar el estado de derecho en el país.

Defender derechos humanos en Venezuela: una labor bajo asedio

La Comisión ha alertado que la defensa de los derechos humanos en Venezuela se enfrenta a obstáculos cada vez más profundos. El informe destaca un recrudecimiento de la represión y el hostigamiento, documentando prácticas alarmantes como desapariciones forzadas temporales, el uso arbitrario del derecho penal y la cancelación de pasaportes como método de castigo. A esta estrategia de silenciamiento se suma un marco legal punitivo diseñado para fiscalizar de manera desproporcionada a las organizaciones de la sociedad civil.

Lo que dice el informe

Cierre del espacio cívico: un informe presentado por organizaciones de la sociedad civil durante el 193º Período de Sesiones de la CIDH, indicó que la aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro (OSC) ha afectado gravemente la formalización y el funcionamiento de las organizaciones, imponiendo trabas burocráticas (31,7%), altos costos (21,8%) y requisitos excesivos (15,8%), causando que casi la mitad de las 101 organizaciones participantes en el estudio no haya podido regularizar su situación jurídica (41,9%). El 63,4% reportó haber suspendido o disminuido sus servicios.

Inexistencia de independencia judicial: no se han convocado concursos públicos para jueces desde el año 1999. Para 2019 solo el 14,7% eran titulares. El artículo 36 de la normativa para regular el ingreso, permanencia, ascenso y separación de los jueces no titulares, de 2025, permite el cese inmediato de jueces provisionales, eliminando cualquier garantía de estabilidad.

Persecución y represión: la aplicación de patrones represivos ya identificados en Venezuela, que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas del debido proceso, persisten, con un incremento de la detención arbitraria de personas extranjeras. Estos patrones forman parte «de una política estatal orientada a restringir la disidencia y el ejercicio de las libertades fundamentales». A pesar de las liberaciones reportadas, las personas excarceladas no gozan de plena libertad, ya que continúan sujetas a diversas medidas restrictivas. Las protestas sociales también fueron reprimidas y la libertad académica ha sido violada, con actos que incluyen detenciones, persecución, hostigamiento y amenazas. El Ministerio Público y el Poder Judicial funcionan como herramientas del Ejecutivo para perseguir a la disidencia y garantizar que las violaciones de derechos humanos no sean investigadas ni sancionadas.

Libertad de expresión: la represión y persecución contra la prensa independiente y las voces críticas en Venezuela se agravó tras el proceso electoral de julio de 2024. «Se registraron nuevas detenciones de periodistas, uso del derecho penal para intimidar y silenciar, amenazas, cierre arbitrario de medios de comunicación, obstáculos al acceso a la información pública y discursos estigmatizantes».

Pobreza extrema e inseguridad alimentaria: Más de 20 millones de venezolanos viven en pobreza multidimensional y 13,5 millones enfrentan necesidades críticas. Entre 1 y 1,49 millones de personas estuvieron en situación de necesidad alimentaria crítica entre finales de 2024 y mediados de 2025.

Crítica situación del sistema de salud: el colapso persistente del sistema de salud está marcado por una grave carencia de insumos, medicinas y personal. Las cifras son demoledoras: el 75% de los centros asistenciales carece de médicos y el 74% presenta un déficit severo de personal de enfermería. Esta crisis se agrava con la baja cobertura de vacunación infantil y la parálisis de programas de salud vitales.

Crisis económica: la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2025 superó el 105,5%, con proyecciones anuales que exceden el 200%. Mientras que el salario mínimo se mantiene congelado desde 2022 y las pensiones alcanzan apenas los 130 bolívares mensuales (menos de un dólar).

Desplazamiento forzado: más de 6,8 millones de personas han salido del país desde 2015. La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela registró específicamente 6.874.261 personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe para mayo de 2025. El informe también alerta sobre la expulsión de personas venezolanas, de forma directa o indirecta, hacia Venezuela.

Impacto en las mujeres: el informe de la CIDH revela un panorama crítico para las mujeres en Venezuela. Se registraron 76 femicidios en el primer semestre y una alarmante prevalencia de violencia sexual y física en el ámbito familiar. Esta crisis se agrava con la existencia de redes de trata y explotación sexual de mujeres y niñas en zonas mineras y fronterizas, junto a la persistente persecución política que mantiene a mujeres bajo detención arbitraria, enfrentando tortura, aislamiento y violencia de género por parte de agentes estatales.

Llamado a una acción diplomática urgente

El mayor desafío para los derechos humanos en Venezuela radica en la fractura del estado de derecho y la ausencia de una auténtica independencia de poderes. Actualmente, las instituciones públicas operan como instrumentos al servicio de quienes detentan el poder y de esquemas de corrupción, facilitando la persecución sistemática de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos que visibilizan la grave crisis que atraviesa el país.

Frente a esta realidad, la Comisión señala que es imperativo que Venezuela implemente reformas institucionales que permitan el retorno a la democracia y al estado de derecho, asegurando una transición constitucional pacífica que respete la voluntad soberana. Para ello, es fundamental restaurar la independencia judicial, garantizando que el imperio de la ley se anteponga a la voluntad política.

El informe subraya que la gravedad de la situación requiere una acción diplomática urgente para restablecer la democracia y reconstruir las instituciones, que incluya una vigilancia activa y la movilización de todos los mecanismos diplomáticos y multilaterales necesarios para facilitar una transición democrática efectiva en el país, que tenga en su centro el respeto pleno de los derechos y la dignidad humana.