Las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra preocupación ante el proceso actualmente en curso para la renovación de las autoridades del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
Es necesario reconocer que estas designaciones se producen en un contexto político e institucional particularmente complejo para el país. Venezuela atraviesa una etapa caracterizada por la persistencia de un esquema de poder marcado por la continuidad de los mismos actores políticos e institucionales que han administrado el Estado en los últimos 27 años.
En este marco, el proceso de renovación del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo debería constituir una oportunidad para avanzar hacia la reconstrucción de la institucionalidad democrática y el fortalecimiento de las garantías de independencia de los órganos encargados de la protección de los derechos humanos y la persecución penal.
Reconocemos que, dentro de las postulaciones presentadas, existen candidaturas que reflejan trayectorias profesionales, capacidades técnicas y probidad personal que podrían contribuir positivamente al ejercicio de estas altas responsabilidades públicas. La participación de personas con reconocida experiencia en el ámbito jurídico y en la defensa de los derechos humanos constituye un elemento que debe ser valorado.
Sin embargo, también observamos con preocupación que el proceso no ha avanzado conforme a los estándares de transparencia, participación y control público establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde el inicio, la falta de cumplimiento de los procedimientos para suplir la falta absoluta tanto del Fiscal como del Defensor, así como los posteriores avances del proceso en curso para la para la renovación de los cargos, han evidenciado fallas que debilitan la confianza en dicho proceso tales como la conformación de un comité de postulaciones por diputados sin representantes de la sociedad civil, la falta de información transparente y oportuna sobre las etapas del proceso y los criterios para la evaluación de las candidaturas.
Asimismo, persisten indicios de limitaciones en las garantías de apertura, pluralidad y deliberación pública que deberían caracterizar este tipo de procesos. Ello refuerza la percepción de que las actuales designaciones podrían desarrollarse sin asegurar plenamente las condiciones necesarias para fortalecer la independencia institucional y la rendición de cuentas de los órganos encargados de proteger los derechos humanos. Este proceso debe ser visto como un indicador de la real voluntad para iniciar una transición democrática.
La designación del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo no puede ser entendida como un trámite administrativo ni como un acuerdo político entre élites. Se trata de decisiones fundamentales para la vigencia del Estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas. Por ello, exhortamos a las autoridades responsables del proceso a:
- Garantizar la plena transparencia de todas las etapas de selección y designación.
- Publicar los criterios de evaluación aplicados a las candidaturas.
- Permitir un escrutinio público amplio y la participación de la sociedad civil.
- Asegurar que las designaciones respondan exclusivamente a criterios de independencia, mérito y compromiso con los derechos humanos.
Del mismo modo, reiteramos que cualquier proceso real de designación de altas autoridades del Estado debe formar parte de un esfuerzo más amplio orientado a la reinstitucionalización democrática del país, que incluya la recuperación de la independencia de los poderes públicos, el respeto al orden constitucional y la garantía plena de los derechos humanos. De lo contrario, si no se cumplen los procedimientos y normas establecidas en la Constitución, es necesario alertar un cambio de nombre no abonará a un proceso de reinstitucionalización democrática en el país.
Las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos continuaremos monitoreando este proceso y reiteramos nuestra disposición a contribuir, desde la sociedad civil, a la construcción de instituciones públicas legítimas, independientes y comprometidas con la protección de la dignidad humana.
Organizaciones firmantes:
- Ateneo
- Cepaz
- Centro de Atención Integral Psicopedagógica Individual
- CIVILIS
- Fundación PRO-IDHEAS
- Ideas por la Democracia
- Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), AC de investigación y promoción del Desarrollo
- Justicia Encuentro y Perdón
- Laboratorio de Paz
- Lateral Lab
- Observatorio Global de Comunicación y Democracia
- Observatorio Venezolano DDHH Mujeres
- Ong Hombres por la Equidad e igualdad
- Unión Afirmativa de Venezuela
- Voto Joven
Personas:
- Natalia Brandler
- Deborah Van Berkel
- Griselda Colina
- Magaly Huggins
- Beatriz Borges
- Lilia Arvelo de Alemán
- Tibisay Parra
