La historia institucional de Venezuela ha presentado varios “procesos constituyentes” y varias constituciones como producto de esos procesos, lo cual ha permitido que Venezuela se convierta entre los países con mayor número de Cartas Magnas en el continente latinoamericano con un total de 26, siendo claro ejemplo de una cultura política en redactar constituciones como instrumento de cambiar las reglas de juego cuando un actor decide que se han vuelto obsoletas simplemente porque ya no le sirven.

Con ello, la fecha del 1 de mayo de 2017 quedará grabada en la historia republicana del país como el desencadenante final de una serie de hitos antidemocráticos que socavaron la institucionalidad en el país, para darle paso a lo que en Cepaz denominamos la estocada a la democracia venezolana, producto de la ilegítima convocatoria realizada por el presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en medio de un contexto de conflictividad social y una crisis humanitaria sin precedentes, a lo que el Presidente aseguró que esta medida era: “la única vía para convocar la soberanía plena del pueblo y poner las bases de la regeneración de la paz de la República”.

Si bien esta convocatoria se produce tras 18 años de la realizada por el fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías, estos dos procesos responden a realidades completamente distintas. El proceso constituyentista de 1999 pareció responder a la fuerza política mantenida por el presidente Chávez con el establecimiento de cambios para la realidad política de Venezuela en ese momento, mientras que la de 2017 no responde a realidades concretas, al contrario, obedece a una lógica que está orientada al mantenimiento del poder político frente al fracaso de las medidas económicas y ausencia de gobernabilidad.

No obstante, el punto clave de esta convocatoria yace en el papel que se le atribuyó a esta ANC, convirtiéndola en un actor político de naturaleza fraudulenta, que opera con actos que sirven para justificar la finalidad de mantener el control absoluto del Estado, donde su ilegitimidad e inconstitucionalidad poco le importan al gobierno, pues su utilidad política principal es servir como un espacio para mantener el poder.

Por tanto, al cumplirse un año de la convocatoria de la ANC no podemos mas que reafirmar las consideraciones sobre el objetivo de esta fraudulenta Asamblea Constituyente, que hasta la fecha ha persistido en su fin de sustituir a la Asamblea Nacional para blindar el poder del presidente Nicolás Maduro al frente del régimen, sin presentar propuestas para elaborar una nueva Carta Magna, sino afianzando su poder absolutista.

El norte de la ANC es el mantenimiento del poder por parte del Ejecutivo Nacional, una política que ha venido desarrollándose desde 2013, con la aprobación de numerosas leyes habilitantes otorgadas por una Asamblea Nacional dominada en gran mayoría por su partido de gobierno. Así como la aprobación de un Estado de excepción, que solo le ha dado poderes prácticamente absolutos, obstaculizando el trabajo de una Asamblea Nacional de mayoría opositora, con el respaldo de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) indulgente y un Poder Electoral designado inconstitucionalmente por este, así como el Poder Ciudadano, permitiéndole no solo mantener el poder sino ampliarlo.

Por lo tanto, el papel que ha jugado la ANC se encuentra fuera del marco constitucional, y es un ejemplo que alerta con mucha claridad la ruptura institucional en un régimen antidemocrático.

Desde Cepaz, seguimos denunciando con suma preocupación la pérdida de la institucionalidad democrática y el uso de la Asamblea Nacional Constituyente r en detrimento y sacrificio del bien común, la justicia y la seguridad jurídica de los venezolanos, tal como lo denunciamos en distintas sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la presentación del informe país, Estocada a la democracia, haciéndose las pertinentes consideraciones a la verdadera naturaleza de la ANC.

A un año de su ilegitima convocatoria y posterior instalación, la ANC no ha cumplido con la finalidad que le corresponde como es la redacción de una nueva Constitución, demostrando sus verdaderas intenciones con la usurpación no sólo de la función legislativa de la Asamblea Nacional sino también la usurpación de su función de control, la supresión de figuras propias de la descentralización y la sujeción de la participación electoral a la voluntad de la ANC y del Consejo Nacional Electoral.

La ANC configuró la estocada final a la democracia venezolana, haciendo que la dinámica pública sea manejada en función de los intereses particulares de un solo sector, con lo cual, se anula la participación natural de la ciudadanía, dando como resultado el riesgo de que la disidencia política sea silenciada y perseguida.