El año 2024 marcó un periodo de profundización del cierre del espacio cívico en Venezuela, configurándose como un contexto de extrema adversidad para las organizaciones de la sociedad civil (OSC), las víctimas de violaciones de derechos humanos e incluso el trabajo de los mecanismos internacionales de protección. Pese a ello, la resiliencia de las OSC y el compromiso internacional con los derechos humanos permitieron mantener activos y reforzar mandatos esenciales de monitoreo, investigación y protección. Estos mecanismos, aunque enfrentan retos significativos, constituyen pilares fundamentales para documentar y visibilizar las violaciones y para evitar que estas queden en la impunidad.

En el caso de Venezuela, el trabajo sostenido de organizaciones nacionales e internacionales ha sido crucial para visibilizar la crisis, exigir justicia para las víctimas y garantizar que los derechos humanos sigan siendo una prioridad en la agenda global. Así, el movimiento de derechos humanos ha demostrado, una vez más, su capacidad para influir en decisiones trascendentales en los principales foros internacionales.

Un panorama represivo en 2024

En el último año, Venezuela vivió un alarmante cierre del espacio cívico. La aprobación de legislaciones como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (“Ley Anti-ONG”) y la Ley Simón Bolívar, junto con el proceso de consulta de la Ley Contra el Fascismo, profundizaron el clima de represión. Estas normativas han sido ampliamente criticadas por su carácter criminalizante, ya que limitan derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión, reunión pacífica y participación política.

Este marco normativo también afecta directamente a las OSC, generando temor y desmovilización. Ha sido en este contexto, que en la más reciente actualización oral del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk ante el Consejo de Derechos Humanos este diciembre, se subrayó la gravedad de la situación, destacando el impacto negativo de estas normas en el ejercicio de las libertades fundamentales, denunciando las amenazas y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, periodistas, miembros de la oposición, trabajadores humanitarios y personas que trabajaron en los centros electorales. El funcionario recalcó el clima de persecución que ha obligado a muchos de estos actores a abandonar el país y el cese de actividades de al menos tres organizaciones no gubernamentales, debido a vigilancia, persecución y represalias. Turk hizo un llamado a asegurar procesos electorales “transparentes, inclusivos, pacíficos y acordes con las normas internacionales de derechos humanos” e instó a las partes interesadas a iniciar negociaciones políticas para acordar “un camino viable”.

Finalmente, se reafirmó la disposición del ACNUDH para apoyar los esfuerzos dirigidos a encontrar soluciones, haciendo mención específica a las seis personas refugiadas en los locales de la embajada argentina.

Asimismo, tres relatoras especiales de Naciones Unidas, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, respectivamente, enviaron en octubre de este año una comunicación al gobierno venezolano señalando los riesgos del cerco normativo que podría restringir gravemente los derechos garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

Otros momentos claves y la respuesta internacional

En este contexto de represión, la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela por dos años más representó un logro significativo. La decisión, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 11 de octubre de 2024, reafirma la importancia de seguir documentando graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias. Este mandato, junto con la continuación del trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, es esencial para visibilizar las violaciones sistemáticas y apoyar en la lucha contra la impunidad.

A pesar de los esfuerzos del gobierno venezolano y distintos sectores de invisibilizar la crisis de Venezuela y normalizar el cuadro de violaciones sistemáticas y la emergencia humanitaria a nivel internacional, la decisión adoptada en el Consejo contó con 23 votos a favor, 18 abstenciones y 6 votos en contra, reafirmando el compromiso internacional de seguir abordando con atención las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

La renovación de los mandatos es esencial para garantizar el monitoreo continuo de las graves violaciones de derechos humanos en el país, en especial en el contexto de persecución generalizada que vive el país luego del desenlace de las elecciones presidenciales. Estas iniciativas permiten demostrar el “sistema de represión sofisticado”, como lo ha denominado el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), que combina tácticas duras y blandas para reprimir a la población civil y configuran crímenes de lesa humanidad.

La resolución sometida a votación incluyó 23 puntos clave, entre ellos, la exigencia al Estado venezolano de implementar las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y poner fin a la persecución de líderes opositores, manifestantes pacíficos, periodistas y defensores de derechos humanos. Además, el texto subrayó la necesidad de detener el cierre indebido de medios de comunicación y las violaciones a los derechos humanos en línea.

Asimismo, el último informe de la Misión destacó lo que la sociedad alertó sostenidamente: un alarmante incremento en las tácticas represivas utilizadas por las autoridades venezolanas desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024,  han incluido desapariciones forzadas, un aumento significativo en las detenciones arbitrarias por razones políticas y casos de tortura.

En otro orden de ideas, el informe del Panel de Expertos Internacionales, publicado en 2024, que reveló irregularidades del proceso electoral presidencial, denunció la falta de transparencia electoral y confirmó las inconsistencias de la proclamación de Nicolás Maduro sin ningún sustento, también refleja años de trabajo colectivo del movimiento. Un documento que ha servido como una herramienta poderosa para exigir respeto a la voluntad popular y el inicio de una transición democrática en el país.

La incidencia y presión estratégica en la rendición de cuentas

Uno de los mayores avances en el ámbito internacional fue la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el caso de Venezuela en marzo de 2024 que descartó las alegaciones del gobierno venezolano en contra de la continuación de la investigación por crímenes de lesa humanidad y dio luz verde al Fiscal para continuar ininterrumpidamente con sus labores. El papel del movimiento de derechos humanos ha sido fundamental: la documentación rigurosa, la recopilación de testimonios, el acompañamiento de víctimas y el análisis detallado de los patrones de violencia fueron elementos clave para respaldar el proceso.

Esta decisión judicial, aunque sentó un precedente importante para la justicia internacional y fortaleció la base legal para el avance de la investigación, no ha sido el único avance significativo en el proceso ante la CPI. El 24 de abril, el Fiscal Karim Khan concluyó su cuarta visita oficial a Venezuela, donde se inauguró la Oficina de Asistencia Técnica de la Fiscalía en Caracas. Aunque los detalles del acuerdo siguen siendo confidenciales, se supo que se estableció un plan de trabajo conjunto, incluyendo el compromiso del Estado venezolano de adoptar el Estatuto de Roma y permitir el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Un hito adicional ocurrió el 12 de agosto, cuando el Fiscal emitió una declaración pública tras las graves violaciones de derechos humanos tras las elecciones de julio. Khan destacó que su oficina había recibido información sobre hechos que podrían caer bajo la competencia de la CPI y subrayó la necesidad de que el gobierno venezolano respetara el Estado de Derecho y liberara a los detenidos por protestar pacíficamente. A esto se sumó la participación realizada por Uruguay el 5 de septiembre, al aportar testimonios de perseguidos políticos exiliados, fortaleciendo la evidencia en el caso y adhiriéndose a la remisión de la situación que fue hecha por otros cinco Estados anteriormente. También en noviembre, la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas (OPCV) alertó sobre los riesgos de dilaciones en cierta medida debido a los intentos de cooperación de la Fiscalía con el Gobierno y resaltó  la necesidad de medidas urgentes para evitar la revictimización de las personas afectadas. La OPCV presentó este documento ante la Sala de Apelaciones, enfatizando la importancia de avanzar rápidamente en el proceso.

Las diversas presiones puestas a la Fiscalía y las constantes denuncias de complicidad del sistema de justicia venezolano en los actos represivos por parte de las OSC, derivaron en que tan solo unas semanas atrás, durante la vigésimo tercera Asamblea de Estados Parte de la CPI, el Fiscal Khan reiterara la necesidad urgente de avances concretos por parte de Venezuela. Subrayó que la «vía de la complementariedad se está agotando» y advirtió que no había visto la implementación de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Khan afirmó que las investigaciones continuaban de manera activa. En sus palabras, “la pelota está en la cancha de Venezuela, pero la complementariedad no puede ser una historia interminable”.

Todo parece indicar que el próximo año será crucial para la investigación en curso. Si la CPI logra avanzar en la recopilación de evidencia y en la cooperación internacional, podría estar en posición de considerar la emisión de órdenes de captura y el inicio de procesos individualizados contra perpetradores concretos.  Aunque la Fiscalía está recopilando pruebas y monitoreando la situación, la emisión de una orden de captura dependerá también de la capacidad de demostrar que existen riesgos de fuga, obstrucción del proceso o la continuación de los crímenes así como de las dinámicas internacionales y el compromiso de los Estados miembros de la Corte.

La relevancia de los mecanismos de monitoreo internacional

La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos han sido clave en lograr que estos mecanismos avanzaran en sus determinaciones y acciones. Entre las instancias relevantes también se activó efectivamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La labor de la Comisión en el contexto de la crisis venezolana ha sido crucial, especialmente al emitir pronunciamientos categóricos sobre la persecución sistemática en Venezuela. La CIDH no solo ha documentado y condenado las violaciones a derechos fundamentales, sino que ha sido contundente al calificar las prácticas represivas del régimen venezolano como «terrorismo de Estado». Un término que acertadamente ha logrado reflejar el uso deliberado y sistemático de la violencia, intimidación, el miedo y represión por parte del Estado para desmantelar cualquier oposición política, incluida la labor legítima de los defensores de derechos humanos.

En particular, la CIDH este 2024 señaló la creciente criminalización generalizada y ha instado al Estado venezolano a cesar inmediatamente las prácticas de hostigamiento y detención, subrayando que el respeto a los derechos humanos es fundamental para la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.

Visibilizando problemáticas clave: control social y violencia de género

El movimiento de derechos humanos también ha sido esencial para incluir en el debate internacional temas específicos que afectan a sectores vulnerables de la población. La afectación diferenciada de las mujeres, producto del control social y las violencias de género en Venezuela, es un tema que ha ganado relevancia gracias a los aportes de redes y organizaciones que han trabajado para visibilizar estas realidades. Organizaciones y redes feministas lograron visibilizar el impacto diferenciado de la crisis en mujeres y niñas, en especial, en el contexto de persecución que ha seguido a las elecciones presidenciales, que ha arrojado un saldo alarmante de afectaciones especiales y diferenciadas a madres, esposas y cuidadoras.

Asimismo, la contribución de estas organizaciones al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas fue fundamental para que las desapariciones en contextos electorales se incluyeran en los reportes y recomendaciones internacionales.

La sociedad civil como hito en la lucha por la justicia

Estos logros no habrían sido posibles sin la labor incansable de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, que han proporcionado información crítica y articulado esfuerzos para mantener a Venezuela como una prioridad en la agenda internacional. Todas estas actuaciones de los foros internacionales siguen dejando un mensaje claro: el compromiso con los derechos humanos en Venezuela continúa, y las voces de las víctimas seguirán siendo escuchadas. Este es un recordatorio del valor de los mecanismos internacionales de monitoreo, investigación y protección para garantizar que las violaciones no queden en la impunidad y que se mantenga el enfoque en la justicia y los derechos humanos.

A su vez, todo esto ha sido motorizado en medio del contexto más represivo, cerrado y criminalizante que la sociedad civil ha vivido en la historia reciente venezolana. Mientras organizaciones y defensores se protegen y reinventan no abandonan su lucha por la justicia, las víctimas y sus comunidades.

El trabajo del movimiento de derechos humanos no se limita a los foros internacionales; también tiene un impacto directo en el fortalecimiento de actores clave dentro del país. Este año, se capacitó a periodistas para abordar de manera adecuada temas como los feminicidios y las violencias de género, destacando el impacto en las víctimas secundarias, como niños, niñas y adolescentes. También se trabajó en la formación de comunidades, docentes y líderes sociales para fomentar una cultura de paz y justicia desde el ámbito local. El accionar social organizado es por sí mismo un logro.

El valor del trabajo colectivo y sostenido

El éxito del movimiento de derechos humanos no se construye de la noche a la mañana. Los logros alcanzados en el año 2024 son el resultado de años de trabajo incansable, en los que la recopilación de datos, la documentación rigurosa y la articulación estratégica han sido constantes.

Cada informe publicado, cada intervención en un foro internacional y cada acción de incidencia refleja un esfuerzo colectivo. Las redes de derechos humanos han demostrado que, al unir fuerzas y trabajar con una visión estratégica, es posible incidir en decisiones que impactan directamente en la vida de las personas afectadas por la crisis en Venezuela.

Mirando hacia el futuro: expectativas para 2025

Si bien los avances logrados son significativos, los retos siguen siendo enormes. El movimiento de derechos humanos continuará trabajando para garantizar que los derechos de las víctimas estén en el centro de la acción internacional, y para construir un futuro en el que la justicia, la paz y los derechos humanos sean una realidad para todos los venezolanos.

Este año 2025 anticipa un escenario complejo en materia de derechos humanos en Venezuela, con elecciones previstas en un contexto de represalias contra la oposición y restricciones al espacio cívico. En este sentido, se espera que los mecanismos internacionales como la CPI, el Consejo de Derechos Humanos y el sistema Interamericano desempeñen un papel crucial para garantizar procesos electorales transparentes y documentar cualquier violación de derechos humanos que pueda ocurrir.

Momentos clave como las sesiones del Consejo de Derechos Humanos y la publicación de informes por parte de la Misión de Determinación de Hechos serán fundamentales para mantener la atención internacional sobre Venezuela. Asimismo, las OSC deberán continuar fortaleciendo sus estrategias de resiliencia y colaboración para enfrentar los retos del contexto represivo.

Conclusión: Mantener la lucha y la esperanza

Aunque el panorama en Venezuela puede parecer desolador, la permanencia de mandatos internacionales activos es crucial para garantizar que las violaciones de derechos humanos no queden en la impunidad. Estos mecanismos no solo documentan la realidad del país, sino que también envían un mensaje claro: la comunidad internacional sigue comprometida con los derechos humanos en Venezuela.

A pesar de los obstáculos, las OSC han demostrado una capacidad de resistencia que inspira y refuerza la esperanza de una transformación política. Mantener vivos estos esfuerzos y fortalecer las redes de apoyo será clave para enfrentar los retos de este 2025 y garantizar que la lucha por los derechos humanos continúe siendo una prioridad.

A todas las personas y organizaciones que hacen posible este trabajo, gracias por su dedicación y compromiso con la dignidad humana.