El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 127 femicidios consumados y 51 femicidios frustrados en Venezuela entre enero y septiembre de 2024. Sesenta y un niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos a raíz de las muertes violentas de sus madres. En cinco casos las y los menores presenciaron la muerte violenta de sus madres.
En el exterior, se registraron 68 acciones femicidas contra mujeres venezolanas, siendo los países con mayor número de casos documentados Colombia, Perú y Chile. En 30% de los femicidios consumados y 57% de los femicidios frustrados se documentó la participación de bandas de crimen organizado. Este fenómeno se relaciona con la vulnerabilidad aumentada que enfrentan las mujeres venezolanas en el marco de la movilidad humana.
En ninguno de los casos registrados entre enero y septiembre de 2024 las notas recopiladas a través de los medios digitales hacen referencia a que el perpetrador tuviera antecedentes penales por violencia de género. Mientras que en casi 80% de los casos documentados existe una relación entre víctima y agresor de pareja, expareja, miembros del mismo círculo familiar, o conocidos.
La escasa preparación de los organismos y funcionarios encargados de recibir denuncias, no permiten que se produzcan acciones efectivas de protección a las víctimas y sanción a los perpetradores, lo que resulta en una notable impunidad.
La falta de casas de abrigo expone aun más a las víctimas a un continuum de violencias que puede culminar en un femicidio. A pesar de que el Estado venezolano asegura que existen cinco establecimientos de abrigo que brindan protección a las víctimas en todo el territorio nacional, se desconoce su ubicación y formas de ingreso.
Aunque organismos internacionales de derechos humanos han recomendado al Estado venezolano que refuerce la prevención y respuesta ante la violencia de género y que desarrolle un protocolo para la investigación de femicidios y la recolección de datos estadísticos, seguimos sin encontrar evidencias de la existencia de un plan nacional para abordar la violencia de género en el país.
