Expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la región emitieron una declaración conjunta en la que instan a los Estados a «detener y revertir urgentemente la peligrosa tendencia mundial a adoptar leyes restrictivas sobre las asociaciones, incluidas leyes que establecen la existencia de agentes extranjeros o de influencia extranjera».

“Hacemos sonar la alarma sobre un fenómeno global dañino: a saber, el uso creciente de agentes extranjeros/leyes de influencia extranjera y otras leyes, políticas y prácticas, acompañadas de una retórica nociva contra los derechos que restringe las libertades democráticas», indicaron los expertos.

Agregaron que estas leyes amenazan la existencia de una sociedad civil independiente, fundamental para garantizar la inclusión, el pluralismo y la participación pública de todas las personas en la sociedad. «El uso de estas leyes como arma para reprimir el espacio cívico con el pretexto de mejorar la transparencia y proteger la seguridad y la soberanía del Estado ha contribuido al retroceso democrático mundial y al aumento del autoritarismo, lo que socava aún más la participación pública plena e inclusiva en este año de elecciones en muchos países del mundo».

Los expertos manifestaron su preocupación por las iniciativas legislativas sobre los llamados que introducen «obligaciones, restricciones o prohibiciones innecesarias, desproporcionadas y discriminatorias para las asociaciones», vinculadas al origen extranjero del financiamiento, así como requisitos de presentación de informes «onerosos, intrusivos y costosos», además de la prohibición de la participación pública en los procesos de toma de decisiones.

Para los expertos «estas leyes no cumplen con las normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho de las asociaciones a acceder libremente a los recursos, y están exacerbando las narrativas hostiles y la estigmatización de la sociedad civil». Además están teniendo un efecto paralizante sobre el activismo público.

Reconocieron que si bien “es fundamental mejorar la transparencia” y la seguridad. Sin embargo, estas leyes amplias y estigmatizantes, que claramente apuntan a la sociedad civil, en realidad reducen la capacidad de esta para desempeñar su papel vital en la garantía de la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia inclusiva y las instituciones democráticas”.