Durante el mes de marzo, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) pudimos documentar al menos 55 actos de persecución y criminalización ejercidos bajo la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Con estos más de 50 casos, suman 141 los actos de persecución documentados en el primer trimestre del año 2024.
Las personas vinculadas con la política fue la categoría con más casos documentados en el mes de marzo con 32 actos de persecución y criminalización, seguida por los medios de comunicación con 15 casos. En este periodo se documentaron 4 casos de persecución contra organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos; 3 contra la población; y uno contra una universidad a la que se le impidió realizar las elecciones de sus autoridades y representantes profesorales.
En el primer trimestre hubo 71 ataques contra personas vinculadas con la política; 35 contra trabajadores de la comunicación; 16 contra la población; 13 contra ONG; 4 contra organizaciones gremiales y 2 contra universidades.
Persecución en año electoral
En un año electoral no es casualidad que las personas vinculadas con la política haya sido la categoría de personas más perseguidas y criminalizadas en el primer trimestre del año. Las irregularidades en torno al ejercicio de la participación política libre y plural han incluido actos como las amenazas, particularmente a través de la activación de la Furia Bolivariana y la vandalización de las sedes de los partidos políticos, así como inhabilitaciones políticas, la anulación de partidos por parte del Consejo Nacional Electoral, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas e irregularidades en procedimientos judiciales.
Desde Cepaz alertamos sobre la escalada de detenciones arbitrarias en las que el Estado no ha reconocido dicha detención, o que no informa el paradero de la persona. Esta gravísima práctica ha sido reconocida como una de las violaciones más graves a los derechos humanos y se enmarca, de acuerdo con lo establecido en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en la figura de la desaparición forzada de personas. En el primer trimestre del año son al menos 17 las personas detenidas arbitrariamente que han sido víctimas de desaparición forzada.
Entre tanto, la censura y la autocensura continúa en aumento a través del cierre arbitrario de canales de televisión, programas de radio, emisoras de radio y bloqueos de páginas web. Así como el impedimento de registrar hechos noticiosos, como parte del continuo hostigamiento y amenazas que reciben los trabajadores de la prensa.
Ataques a medios de comunicación
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ordenó el cierre de la emisora de radio Bendición Estéreo 93.9 FM, ubicada en Upata, estado Bolívar, bajo el alegato de falta de permisos para operar. Los equipos de transmisión fueron decomisados.
También en marzo fue sacado del aire el programa informativo y de opinión “Primera Plana”, que se había emitido durante 48 años. La salida de la programación se debió a las amenazas de las cuales la televisora regional de Portuguesa fue víctima en el pasado. También salió de los servicios de cable ofrecidos en el país el canal alemán Deustche Welle, tras ser acusado de “difusión de contenido y promoción de propaganda de odio” en contra de la nación. La televisora estatal alemana había colgado unos contenidos en las redes sociales en los cuales recogía una información atribuida a Transparencia Internacional, que colocaba a Venezuela como el segundo país más corrupto del mundo.
En otro caso, Nicolás Maduro arremetió contra las agencias internacionales de comunicación: EFE, Associated Press y France-Presse, afirmando no que no tenían moral y acusándolas de tener intereses personales y económicos para “entregar a nuestra patria a las garras del imperio norteamericano”.
El trabajo informativo de al menos siete trabajadores de la prensa fue limitado por milicianos, funcionarios de la GNB y funcionarios del CNE en el estado Bolívar y el Distrito Capital, en el contexto del proceso de inscripción y actualización del Registro Electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones presidenciales.
En menos de una semana dos sitios web de noticias fueron bloqueados del país desde los servidores de Cantv, Movistar, Digitel, NetUno e Inter: Elpoliticonews.com e Impactovenezuela.com. Ambos portales web habrían republicado el contenido anteriormente citado de Deutsche Welle.
Persecución contra la ciudadanía
Armando Sarmiento, creador de contenido para la plataforma Brolleros TV, fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, luego de que se encontrara grabando algunas encuestas en la ciudad de Coro en donde le consultaba a la ciudadanía sobre la gestión del gobierno de Nicolás Maduro. También fue detenido el youtuber Oscar Alejandro Pérez Martínez en el aeropuerto Nacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar a Canaima, estado Bolívar, por supuestas actividades relacionadas con terrorismo tras documentar en el año 2023 un recorrido nocturno por las calles de Caracas.
En el mismo mes el fiscal Tarek William Saab informó que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra Edison Arciniegas, sociólogo y director del Centro de Estudios Agroalimentarios por presunta incitación al odio a través de las redes sociales por asegurar que Venezuela es un país desigual en términos alimentarios.
Ataques a personas vinculadas con la política
El partido político Causa R, denunció allanamientos de al menos cuatro viviendas de dirigentes de la organización política en Monagas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En otra decisión emitida desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), se anularon a los partidos políticos Convergencia, el Movimiento al Socialismo (MAS), el Movimiento por Venezuela (MPV), el Partido Unión y Entendimiento (PUENTE) y el partido GENTE.
Voluntad Popular denunció que su sede en el estado Amazonas había sido vandalizada. De acuerdo con la denuncia, sujetos desconocidos rociaron de combustible la sede con la intención de incendiarla. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab aseguró que el exalcalde del municipio Maturín por Voluntad Popular, Warner Jiménez, está vinculado con el plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional estuvieron rodeando la sede Nacional del partido político Vente Venezuela ubicado en Caracas el 20 de marzo.
El 25 de marzo el dirigente de oposición César Pérez Vivas denunció recibir amenazas de muerte a través de sus redes sociales por parte de un sujeto desconocido que se identificó como parte del plan “Furia Bolivariana”. El 26 de marzo Nicolás Maduro tildó de “terrorista” a la organización política Vente Venezuela, además agregó “es una gente psicópata”. El partido de oposición Un Nuevo Tiempo, UNT, denunció que su sede ubicada en el estado Bolívar fue violentada y sufrió daños intencionados.
En marzo fueron detenidos el director del comando de campaña en Barinas del partido político Vente Venezuela, Emill Brandt Ulloa; los dirigentes en el estado Monagas del partido político La Causa R, Whilfer Piña Azuaje y Renzo Estibenz Flores; el secretario electoral del partido Causa R en Aragua, Luis Enrique Vegas. También Joe Villamizar coordinador de Vente Venezuela del municipio Girardot, estado Aragua y los coordinadores en Caracas del partido político Vente Venezuela, Dignora Hernández y Henry Alviarez. El fiscal general aseguró que Emill Brandt Ulloa, jefe de la campaña de Vente Venezuela en Barinas y quien fue detenido a principios de marzo, reveló durante un interrogatorio que había un «plan estructurado y organizado» para «someter al país a nuevas jornadas de violencia en pleno periodo electoral».
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral, CNE, publicó en su página la inhabilitación para ejercer cargos públicos de César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, y de Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia. El abogado y defensor de los Derechos Humanos, Omar Mora Tosta, informó que Emill Brandt, jefe del Comando de Campaña de Vente Venezuela en Barinas, detenido desde el 8 de marzo, no fue trasladado al Tribunal Segundo de Control en Caracas para su presentación y la juramentación de su defensa, vulnerando sus garantías judiciales.
El 20 de marzo el fiscal general Tarek William Saab informó que fueron solicitadas siete órdenes de aprehensión contra otros siete miembros del comando de campaña de María Corina Machado. Las personas solicitadas fueron: Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mottola y Magalli Meda. El fiscal resaltó que el plan era hacerse de las armas de una Brigada de Infantería ubicada en el estado Táchira y atentar contra la vida del gobernador de la entidad, Freddy Bernal.
Acometida contra ONG y personas defensoras de DDHH
Eduardo Torres, miembro de la ONG Provea, fue retenido en las instalaciones de los Tribunales del Circuito Judicial Penal de Caracas, en el Palacio de Justicia, tras denunciar la presencia de personal militar encapuchado en la sede de la institución.
Diosdado Cabello, en el programa Con el Mazo Dando arremetió contra las organizaciones no gubernamentales venezolanas, mientras leía una carta que aseguraba: “Sobre las ONG, las campañas sucias, y las fruterías, brother, te lo dije, no es casual los recientes pronunciamientos que han realizado para revivir la campaña de que Venezuela viola los derechos humanos, Venezuela es un estado fallido, Venezuela es un narco estado. Todo es dirigido para empañar el ambiente previo a las elecciones, el objetivo es justificar el escenario de sanciones contra nuestro país, la ruptura del acuerdo de Barbados y el desconocimiento de las elecciones del 28 de julio”.
La activista y abogada, Richelle Briceño, fue amenazada por la diputada Dilberly Rodríguez (PSUV) durante una protesta frente al Parlamento en rechazo a la inacción del parlamento para aprobar leyes contra la discriminación por razones de diversidad sexual y de género. El 5 de marzo fue suspendido por tercera vez el traslado a tribunales de la defensora de derechos humanos y directora de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
Suspensión arbitraria de elecciones universitarias
El 20 de marzo la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia decidió suspender las elecciones en la Universidad de Los Andes las cuales estaban previstas a realizarse el 30 de abril del 2024 y en las cuales se eligiría al rector, vicerrector, secretario, decanos y representantes profesorales. La sentencia responde a un amparo constitucional interpuesto por un profesor jubilado que introdujo esta solicitud en contra del Consejo Universitario por la aprobación del Reglamento Transitorio para Elegir Autoridades y Decanos. Con esta suspensión, la ULA suma 16 años sin celebrar elecciones.
La documentación de 141 casos de persecución y criminalización durante el primer trimestre del año nos muestra nuevamente que el aparato represivo se intensifica en periodos electorales, lo que nos lleva a alertar sobre un posible aumento de casos y un endurecimiento de los patrones a medida que se acerque la celebración de las elecciones presidenciales.
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización – Marzo y resumen del primer trimestre 2024
