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Declaración de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela HRC56

Al concluir mi visita a Venezuela en enero de 2023, insistí en que mi Oficina estaba dispuesta a tender puentes entre las personas en el Estado y el país. De repente el país decidió pedir a mi personal que se fuera y terminar de golpe nuestras relaciones, eso es incoherente con el (Memorándum de) Entendimiento que habíamos firmado. Tomo nota de las recientes indicaciones de que el restablecimiento de la presencia de mi Oficina en Venezuela será posible. Seguiremos colaborando a este respecto para garantizar las condiciones adecuadas para que existan y para que mi oficina pueda desplegar su pleno mandato.

Señora Vicepresidente,

A pesar de que las cifras oficiales indican un crecimiento del PIB del 5% por ciento en 2023, los venezolanos tienen graves problemas para acceder a la alimentación, a la salud, entre otras cosas. Las mujeres, las personas en áreas rurales e indígenas son desproporcionadamente afectadas.

Entre julio y agosto de 2023, los informes recibidos por mi Oficina sugieren que el 74.6% de los centros de todo el país no tienen personal médico y también falta mucho personal de enfermería.

El aborto continúa siendo criminalizado, lo cual lleva a mortalidad y morbilidad materna.

Las protestas por un salario mínimo digno y un nivel de vida mínimo adecuado están afectando a los jubilados en especial. Insto a las autoridades a que den pasos para abordar todas estas preocupaciones –en salud, educación, alimentación y remuneración digna– en línea con las obligaciones internacionales del Estado.

Las sanciones sectoriales han exacerbado las dificultades previas de derechos humanos.

Señora vicepresidente,

Tomo nota de la liberación de dos líderes sindicales por su detención el 24 de junio. Esto hace que el total de personas liberadas después de detenciones arbitrarias desde mayo de 2023 son 65, incluidas nueve mujeres. Algunas de estas liberaciones son condicionales y las personas tienen que presentarse periódicamente ante los tribunales. Reitero mi llamamiento para que todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente en Venezuela sean liberadas, incluidas las que están todavía en detención preventiva y juicio más allá de los límites establecidos en la ley nacional. Esto incluye al defensor de derechos humanos Javier Tarazona, que el martes cumplió su tercer año completo en detención, y cuya situación de salud se deteriora.

Entre abril de 2023 y febrero de 2024, se realizaron nueve visitas a centros de detención desde el ACNUDH en centros de detención del país, y se entrevistó a 146 personas, entre las cuales 46 mujeres, para mejorar las condiciones de detención y aumentar el acceso a la salud y a la alimentación.

En cuanto al contexto de las transferencias de los detenidos a El Rodeo I, la cárcel de alta seguridad, estoy especialmente preocupado por los informes de intimidación y malos tratos a los reclusos, así como a sus parientes y abogados, así como por la falta de información generalizada y la falta de acceso a la asistencia letrada, entre otros factores.

Las personas siguen siendo acusadas de cargos de terrorismo que no cumplen con las normas de derechos humanos internacionales, y el principio de legalidad y de certidumbre juridica, y también hay problemas con el derecho a un juicio justo. Hemos documentado 29 casos de personas enjuiciadas según la legislación en el último año.

Desde mayo de 2023, mi Oficina ha documentado 28 casos de detenidos, algunas voces disidentes, que fueron separados de sus parientes y abogados, a pesar de los intentos de conseguir explicaciones de las autoridades. Esto supone desapariciones forzadas, la falta de comunicación va de los dos a los 41 días, estas prácticas deben terminar inmediatamente.

Las acciones contra siete agentes de la ahora disuelta Fuerza de Acción Especial por homicidios perpetrados durante operaciones de seguridad entre 2018 y 2019 se agradecen. Insto a que haya una rendición de cuentas completa durante las actividades de seguridad en las protestas, garantizando el acceso a la justicia y la compensación para las víctimas.

Señor vicepresidente,

Las próximas elecciones presidenciales el 28 de julio, así como las elecciones locales, regionales y legislativas previstas para 2025, son oportunidades clave para respetar la voluntad de la población.

Lamento que las restricciones al espacio cívico crezcan. De hecho, lo que se necesita es lo opuesto: un espacio libre y abierto para el debate.

Mi Oficina continúa recibiendo informes de detenciones a medida que se acerca el día de las elecciones, incluidos de personas que apoyan o son miembros de la oposición. Esto no augura bien, y pensamos que hay que revertir estas prácticas.

Siguen aumentando los casos de prácticas de acoso e intimidación contra periodistas y otras personas a través de arrestos y persecuciones y además hay 38 casos de detenciones arbitrarias. Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas, han sido detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril de 2024 respectivamente, sin acceso a la defensa letrada de su elección.

También seguimos preocupados por el proyecto de ley sobre organizaciones no gubernamentales y su financiación, así como por la introducción del proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares, que incluyen definiciones vagas y amplias. Reitero mi llamamiento a que se abstengan de adoptar ese tipo de legislación que restringiría todavía más el derecho a la libertad de asociación y expresión. De hecho este es uno de los temas que ya presenté en mi visita a Venezuela el año pasado.

Una evaluación preocupante también es el cierre de estaciones de radio, y hay por lo menos 50 páginas web, seis más desde el último período de información.

Pido que se levanten las restricciones al espacio cívico, para que se proteja y se garantice un proceso electoral plenamente transparente, participativo y en línea con las normas internacionales.

Y también pido a todos los actores que cumplan con los compromisos contraídos en el Acuerdo de Barbados.

Señora vicepresidente,

186 casos de feminicidio fueron notificados entre enero y noviembre de 2023. Las investigaciones de estos asesinatos son esenciales y también la prevención y los esfuerzos de respuesta. El establecer una Oficina General es un paso, pero se necesita todavía más.

La discriminación, y la violencia contra los LGBTIQ+ siguen persistiendo. Según una organización, el 28.7% de las personas LGBTIQ+ con las que hablaron informaron de violencia y discriminacion por parte de las fuerzas del Estado.

Las violaciones de las personas de Pueblos Indígenas siguen siendo algo persistente en el contexto de las acciones para luchar contra la minería ilegal. Pido que se demarquen los territorios indígenas. Mi Oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza y los malos tratos y pido a las autoridades que investiguen plenamente y enjuicien plenamente la discriminación activa y violencia hacia los Pueblos Indígenas.

Señora vicepresidente,

La creación de la confianza es el único camino a seguir, sobre todo en este período electoral. Aliento a todos los que están en el poder a que contraigan compromisos concretos en este sentido. Porque ahora, más que nunca, un diálogo más abierto y constructivo, y abierto, entre la población y con las instituciones del Estado es crucial para superar las graves divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos.

Muchas gracias.

Foto: EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI

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