Ante la proximidad de las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el 28 de julio, los actos de persecución y criminalización siguen intensificándose. Como hemos venido documentando desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), desde el año 2014, la aplicación reiterada y sistemática de patrones de persecución responde a una política que pretende garantizar la permanencia indefinida en el poder del gobierno de Nicolás Maduro.
A pesar de los contundentes informes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, elaborados tanto por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), como por la Misión de determinación de los hechos, y de la reanudación de las investigaciones sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad, confirmada por la sentencia de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal internacional, estos actos contrarios a los principios constitucionales, y que vulneran los pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, lejos de haber disminuido, se han incrementado y profundizado.
A la emergencia humanitaria compleja que afecta a la población, y a la clara vulneración a los principios democráticos y del estado de derecho, se une el incremento de la represión y la persecución contra personas opositoras, o percibidas como tales, y sobre todo contra personas defensoras de derechos humanos y activistas, quienes denuncian ante instancias nacionales e internacionales las violaciones a los derechos humanos que ocurren diariamente en Venezuela.
86 actos de persecución y criminalización en tan solo dos meses
El incremento de estos actos de persecución y criminalización en el contexto de un año electoral en Venezuela es evidente. El monitoreo efectuado por Cepaz mensualmente refleja 86 actos de persecución y criminalización documentados en tan solo los dos primeros meses del año 2024. Más de la mitad de los casos registrados tienen que ver con el ejercicio de los derechos políticos. Patrones como la ratificación de inhabilitaciones políticas, la detención arbitraria bajo la previa desaparición forzada de activistas políticos y ciudadanos que presten servicios o que formen parte en las actividades de índole político, los procesos judiciales irregulares de las personas detenidas arbitrariamente, la activación del plan furia bolivariana, los actos de amenaza y hostigamiento constantes, son solo algunos de ellos.
Sobre las víctimas y los perpetradores
En estos dos primeros meses de 2024 periodistas, medios de comunicación y personas vinculadas con la política siguen siendo las principales víctimas. En este periodo ocurrieron 39 actos de persecución contra personas vinculadas con la política; 20 actos de criminalización contra periodistas y medios de comunicación; 13 actos de criminalización contra ciudadanos; 9 actos de criminalización contra organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos; 4 actos contra organizaciones gremiales; y uno contra una universidad.
Los patrones de persecución documentados fueron: hostigamiento y amenazas (43 casos); detenciones arbitrarias (14 casos); cierre de emisoras de radio (8 casos); órdenes de aprehensión (6 casos); irregularidades en procesos judiciales (5 casos); impedimentos de registrar un hecho noticioso (4 casos); inhabilitaciones políticas (2 casos); allanamientos irregulares (2 casos); cierre de programa de radio (1 caso); y traslado irregular de un preso político (1 caso).
Treinta y seis hombres y 9 mujeres fueron víctimas de estos actos de persecución y criminalización. Además, hay 41 actos que afectaron a personas que integran un colectivo y por lo tanto no pudieron disgregarse por género.
Los principales perpetradores de estos actos de persecución y criminalización fueron personas adeptas al gobierno (27 casos); funcionarios del Estado (19 casos); las fuerzas de seguridad del Estado (18 casos); la Comisión Nacional de Comunicaciones, Conatel, (7 casos); el poder judicial (7 casos); la Fiscalía General de la República (7 casos); y la Asamblea Nacional (1 caso).
El aumento de patrones como las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, evidencian que Venezuela se encuentra en un contexto de persecución desmedida. En efecto, como señaló la Misión, estamos ante la modalidad más violenta de represión, que se activa para silenciar a las voces disidentes.
