El pasado 9 de febrero de 2024, la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, fue detenida en el aeropuerto internacional Simón Bolívar por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El 13 de febrero, el fiscal general, Tarek William Saab, reconoció a través de su cuenta en la red social X, que la defensora se encontraba detenida por el supuesto delito de conspiración. Sin embargo, hasta la fecha, Rocío San Miguel permanece incomunicada. No ha tenido contacto con sus abogados ni con sus familiares. Tampoco se le ha garantizado contar con asistencia legal de su confianza, violándosele el derecho al debido proceso.

Junto a San Miguel fueron detenidas otras cinco personas, Miranda Díaz San Miguel, hija de la abogada; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, quienes fueron posteriormente excarcelados con medidas cautelares. Quedando privado de libertad su exesposo, Alejandro González.

ONG, personas defensoras y activistas exigen su inmediata liberación

Por tal motivo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana, activistas y personas defensoras de derechos humanos, se congregaron en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas, para exigir la liberación inmediata de la abogada.

Las defensoras Andrea Santacruz, de Civilis Derechos Humanos; Claudia Carrillo, de Cofavic; Laura Louza, de Acceso a la Justicia; Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón; y Lexys Rendón, de Laboratorio de Paz, hicieron importantes señalamientos sobre la detención y desaparición forzada de San Miguel y sobre el cierre del espacio cívico en Venezuela.

Represalias contra la sociedad civil

Santacruz aseveró que la política del Estado venezolano está orientada a la intimidación y a las represalias contra las organizaciones de la sociedad civil. «La situación del espacio cívico en Venezuela es de un grave peligro de cierre, que se ha materializado progresivamente». Esto fue advertido en enero de 2023 al alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk.

Esta política del Estado implica represión, estigmatización, criminalización y persecución a las organizaciones y a sus miembros. Lo que ha ocurrido con Rocío San Miguel es un ejemplo claro de esta política. «Su desaparición forzada y detención arbitraria, así lo muestran», recalcó Santacruz. La política contra las organizaciones descansa en diversas jurisprudencias. Estas normas legales han estado estableciéndose desde hace más de veinte años, y su fin es anular las capacidades de las organizaciones. Una de ellas es la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines.

«El año pasado le decíamos al Alto Comisionado que debía hacer todas las gestiones para que el Estado permitiera crear condiciones compatibles con los estándares de un entorno favorable y seguro para el espacio cívico en Venezuela. Esto lo reiteramos en este momento. Es urgente que el sistema regional y el universal, así como la comunidad internacional realice sus buenos oficios para que cese la persecución en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil», concluyó la representante de Civilis.

Vulneración del derecho a defender derechos

Por su parte, Claudia Carrillo expresó preocupación por la integridad personal de Rocío San Miguel y sus familiares. Su detención arbitraria se da en un contexto marcado por distintas formas de ataques y agresiones a personas en Venezuela.

Carrillo indicó que en los últimos años se han registrado eventos que vulneran el derecho a defender derechos. «Como amenazas, campañas de descrédito y estigmatización, ataques y allanamientos a sedes de organizaciones, restricciones a actividades de exigencia de derechos, interceptación de comunicaciones y sitios web de organizaciones, seguimiento, censura, cierre de espacios, agresiones físicas y verbales, detenciones arbitrarias y el uso de la desaparición forzada como mecanismo para aislar, intimidar y reducir a quienes son víctimas. Hemos podido también registrar un aumento en el número de casos donde las mujeres defensoras son las principales víctimas».

La desaparición forzada constituye una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos, agregó Carrillo. Además de generar un efecto intimidatorio, con la desaparición forzada «se busca destruir la confianza de la ciudadanía, generar polarización y quebrantar el tejido social». La legislación internacional considera que la desaparición forzada y la detención arbitraria, bajo un patrón sistemático y generalizado, son delitos contra la humanidad y por tanto son imprescriptibles.

Ataque a familiares

En este sentido, Laura Louza, afirmó que la desaparición forzada es «la reina de las violaciones de los derechos humanos». Esta violación se constituye cuando hay una detención por parte de autoridades del Estado, o por personas relacionadas con el Estado, y no hay información sobre el paradero de la víctima y sus condiciones de salud física y mental. «Todo esto justamente fue lo que pasó en el caso de Rocío San Miguel y sus familiares».

San Miguel, fue presentada ante un tribunal de terrorismo sin presencia de sus abogados, aún cuando estos se encontraban presentes en el Palacio de Justicia. Además, le fue negado el acceso a una defensa de su confianza. Lo más grave, a juicio de Louza, ha sido el ataque a integrantes de su propia familia, que también fueron detenidos y desaparecidos.

Este tipo de actos forman parte de un patrón que hemos identificado desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en varios informes, y que incluye identificar a los familiares de personas opositoras como objetivos de persecución. En numerosos casos, los familiares han sido sometidos a fuertes amenazas, e incluso detenidos. Todo ello, con el fin último de disuadir a quienes trabajan en la defensa de derechos fundamentales de no continuar con su labor.

En este caso, «la información es muy opaca» y hay claras violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, enfatizó Louza. Finalizó exigiendo «la libertad plena de Rocío San Miguel y de sus familiares, que no tienen ninguna razón para estar presos».

Todas somos Rocío San Miguel

La coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón subrayó que al atacar a San Miguel se ataca a todas las personas defensoras de derechos humanos. «Hoy todas somos Rocío San Miguel», agregó Tineo, quién recordó que quienes defienden los derechos humanos impulsan acciones para que la dignidad del ser humano, el tejido social, la institucionalidad democrática y la plena vigencia de los derechos humanos puedan restablecerse en nuestro país.

Para Tineo, la extensión de las violaciones de derechos humanos de las que ha sido víctima Rocío San Miguel a sus familiares no es extraña en Venezuela. Recordó que la Misión independiente de determinación de los hechos así lo ha establecido en sus informes. «En Venezuela se aplica el denominado patrón de sippenhaft, (una táctica de castigo utilizada por los nazis), que extiende la persecución no solo a una persona sino a todo su entorno familiar».

Tineo hizo un llamado a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional, así como a los representantes de las Naciones Unidas en Venezuela, para que «intercedan y establezcan todos los mecanismos necesarios con perspectiva de género a favor de la liberación plena e inmediata, sin ningún tipo de condiciones a favor de la doctora Rocío San Miguel y de todos su grupo familiar».

«Estamos lamentablemente ante la ejecución de un patrón sistemático y generalizado de ataque contra un grupo de la población civil. En este caso contra los defensores de derechos humanos y las asociaciones civiles sin fines de lucro en Venezuela. Este es un delito tipificado en el estatuto de Roma y por el cual actualmente cursa una investigación ante la Corte Penal Internacional».

Llamado a los órganos de protección del sistema universal

«Esto pasa con la mayoría de las personas que son sometidas a procesos sin el cumplimiento de los estándares del debido proceso. A lo que además se suma la desaparición forzada como un patrón de política estatal», agregó Lexys Rendón. Añadió que miles de venezolanos son víctimas de este tipo de patrones de persecución y criminalización.

Rendón cuestionó las declaraciones del Fiscal General de la República sobre el caso San Miguel. Destacó, entre otros hechos, que no se informó de su paradero, no se presentó en tribunales antes de las 48 horas que establece la ley, que sus abogados no pudieron asistirla y tuvo que verse obligada a aceptar una defensa pública. «No vamos a aceptar declaraciones, ni videos, ni grabaciones de Rocío San Miguel auto inculpándose, cuando no sabemos de dónde salieron esas pruebas», agregó.

Culminó haciendo un llamado a los órganos de protección del sistema universal a solicitar información y a hacer pronunciamientos para salvaguardar la vida de San Miguel y su familia, y la de todos los venezolanos que están detenidos injustamente, como Javier Tarazona.