Gracias, Sra. Presidenta,
Esta es una declaración conjunta de varias organizaciones de la sociedad civil venezolana, comprometidas con alcanzar verdad y justicia auténtica para los crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido y se siguen cometiendo en nuestro país.
La investigación Venezuela I, que hoy aguarda sentencia de la Sala de Apelaciones de la Corte, se ha convertido para las víctimas en la única esperanza de alcanzar justicia genuina. La participación sin precedentes de 8.900 víctimas y 630 familias que solicitaron la reanudación de la investigación, es un testimonio elocuente de esta voluntad y este compromiso.
Esas mismas solicitudes demuestran lo que la Fiscalía y la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas argumentaron en las recientes audiencias de apelación, también históricas: que no hay razón para pensar que en Venezuela se están llevando a cabo investigaciones que cumplan con los estándares del Estatuto de Roma. Es por ello que, una vez se conozca la decisión de la Sala de Apelaciones, será crucial abrir procedimientos para establecer responsabilidades individuales.
Es importante resaltar que todos estos hechos siguen ocurriendo en nuestro país. Tal como lo indica el último informe de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos, el sistema represivo sigue intacto.
Nuestro deber es seguir revelando la naturaleza en evolución de este sistema, contrastándolo con la engañosa narrativa de normalización que el gobierno venezolano intenta imponer. Es imperativo que la instalación de una Oficina de la Fiscalía en el territorio cumpla con la promesa de procurar la catalización de procesos nacionales independientes e imparciales, pero de forma separada a la investigación conducida por el Fiscal, por lo que se debe evitar que las autoridades nacionales intenten usarla como un medio para dilatar los procesos actuales ante la CPI.
Debe permitirse la participación de la sociedad civil en las acciones de complementariedad dinámica que intenten realizarse en Venezuela, sus voces son importantes para contrastar las informaciones suministradas de manera interesada por el Gobierno. Celebramos el establecimiento de un mecanismo sobre intimidaciones y represalias por parte de la Presidencia, y esperamos que permita proteger a quienes desde la sociedad civil acudimos ante esta Asamblea, pero también consideramos importante cuestionar que desde la OTP se hagan anuncios sobre la suscripción de acuerdos de cooperación con el gobierno, sin que las víctimas hayan sido siquiera consideradas o notificadas. Esto genera en ellas sentimientos de incomodidad y desamparo que deben evitarse.
Nos despedimos con la certeza de que nos une esta convicción inquebrantable: que la lucha por el derecho de las víctimas a la justicia, verdad y reparación no es solamente una lucha por el pasado de quienes sufrieron terribles daños como consecuencia de los crímenes, sino por el futuro de una nación entera. De todas nuestras naciones. Agradecemos el apoyo de esta Asamblea a la Corte, en la labor de acercar a los venezolanos y venezolanas a alcanzar justicia.
