Foto cortesía de La Voz de América.
Los expertos Thairi Moya y Calixto Ávila, junto con Meudy Osío, viuda de Fernando Albán, y el periodista Luis Carlos Díaz, analizaron el segundo día de la audiencia de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el caso de Venezuela, en la que concluyó la revisión del recurso presentado por el Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autoriza la reanudación de la investigación.
Audiencia álgida
A juicio de Thairi Moya, doctora en derecho internacional y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, la segunda parte de la audiencia fue bastante álgida, por la forma en que se manejaron los representantes del Estado venezolano. «Tengo muchos años siguiendo las audiencias ante la Corte Penal Internacional debido a mi labor académica y la verdad es que nunca había visto lo que se observó el día de hoy».
Para Calixto Ávila, de Provea, esto ocurre porque el Estado tiene claro que sus investigaciones no son genuinas. Considera Ávila que, tal y como fue planteado por la Fiscalía de la CPI, los temas contextuales de los crímenes, en particular si son sistemáticos y si corresponden a una política del Estado, son claramente algunos de los elementos que deben ser investigados aunque la representación legal de Venezuela no lo considere así.
«Una de las características de la intervención del Estado venezolano hoy fue esencialmente ratificar la posición que ha venido sosteniendo, es decir que no se han cometido los crímenes por un lado, y por el otro lado que tampoco hay una política de Estado de cometer un ataque contra una población civil y prefiere plantearlos como hechos aislados, hechos individuales», explicó Ávila. Por otro lado, Venezuela sigue mostrando que solamente se está investigando a los mandos bajos. De hecho, en esta segunda parte de la audiencia de apelación se señaló como un gran avance que hay tres tenientes coroneles investigados. «Esto es realmente ínfimo, teniendo en cuenta que después del teniente coronel tienes en la cadena de mando los coroneles y luego tienes cuatro niveles de generales en el caso de Venezuela. Es decir, mal podría afirmarse que se están investigando las cadenas de mando, en particular en los niveles más altos».
Ávila hizo hincapié en que el Estado trató de descalificar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre la base de que al menos 25 mil documentos transmitidos a la Corte no habían sido traducidos a los idiomas francés e inglés. Para el experto de Provea «esto viene un poco de la mano de su estrategia permanente, que ha sido llenar de información a la Corte Penal Internacional que no es pertinente».
Estrategia peligrosa
Otro aspecto a destacar es el argumento de cierre de la defensa del Estado venezolano, en el que se reiteró que se trata de un proceso esencialmente político, usando como base para esta aseveración la remisión por parte del grupo de seis Estados parte del Estatuto de Roma. E incluso se mencionó el retiro de Argentina de los Estados remitentes como prueba de la alegada politización. Ávila considera que este razonamiento indica la debilidad del resto de los argumentos de Venezuela, porque en líneas generales los abogados acostumbran a guardar los mejores argumentos para el final de la audiencia y fue especialmente el argumento político el esgrimido por la defensa. «Esta estrategia de tratar de descalificar la investigación por el hecho de haber sido remitida por los Estados es muy peligrosa», consideró Ávila, pues en la medida en que los jueces acepten este argumento para una apelación sobre la decisión de la sala de Cuestiones Preliminares de haber autorizado a la Fiscalía de la CPI a investigar, eso significaría que en adelante las revisiones de los Estados parte estarían sometidas exactamente al mismo cuestionamiento de remisión por razones políticas por parte de las autoridades del país concernido.
Lenguaje descalificatorio
En lo que se refiere a la participación de la representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas, Paolina Massidda, Thairi Moya consideró que su cierre «estuvo impecable y fue muy contundente, de hecho lo hizo en español para que quedase claro, de cara a las víctimas, que ella estaba transmitiendo su mensaje. Eso sin lugar a dudas marca muchísimo a los jueces y a todo aquel que pueda estar participando en este tipo de procedimiento».
Esto contrasta con el uso de un lenguaje descalificatorio por parte de los representantes de Venezuela durante los debates. «Estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje por parte del Estado venezolano en el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo. No hay que olvidar el último debate del informe de la Misión de Determinación de los Hechos, y posteriormente el comunicado de la Cancillería descalificando en términos aún mucho más severos a los miembros de la Misión. El solo hecho de que el embajador en Ginebra abandone la sala una vez que haga su intervención y no escuche ni a los expertos ni a los demás estados, es una muestra clara de falta de respeto al protocolo. Pero que esto se repita en la Corte Penal Internacional como modus operandi no solo de los agentes del estado, sino de los abogados es bastante preocupante», apuntó Ávila. Para el experto, la intervención para descalificar a las víctimas y señalarlas como simplemente manifestaciones de sentimientos, encaja dentro de esa dinámica impuesta por la defensa del Estado venezolano.
Díaz destacó la participación del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, quien señaló que las condenas del sistema de justicia venezolano superan las emitidas por la Corte Penal Internacional en los últimos 20 años.
Hay un evidente choque entre este modo de actuar y el profesionalismo demostrado por la Fiscalía y la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas, que no respondieron a las provocaciones de la defensa del Estado venezolano. «Ellos saben muy bien que este tipo de respuestas pueden afectar negativamente el procedimiento», agregó Ávila.
Recordó Ávila que uno de los argumentos recurrentes del Estado en el Consejo de Derechos Humanos para descalificar a la Misión de Determinación de Hechos ha sido que no ha ingresado al país para contrastar sus observaciones. «Pero, ¿de quién depende eso? Depende del Estado. El Estado no permite que ingrese la Misión y descalifica sus informes porque no ingresa al territorio. En este caso el Estado repite lo mismo. Alega que la Sala de Cuestiones Preliminares no conoció gran parte de estos 25 mil documentos que transmitió porque no estaban traducidos, pero resulta que la obligación de traducir corresponde al Estado». Para Ávila esta estrategia se basa en la debilidad que tiene el Estado para hacer una defensa en términos jurídicos dentro del proceso. Con esto se pretende evitar que se investigue si ha habido crímenes de lesa humanidad en el país, aseverando que se trata de un complot internacional contra Venezuela, y poniendo el foco en la supuesta politización de la remisión hecha por los Estados parte y en la cooperación y asistencia técnica que están previstas en los memorandos de entendimiento y que se materializarían en la supuesta apertura de la oficina del Fiscal de la CPI en Venezuela.
La falta de justicia en el caso Albán
Por su parte, Meudy Osío, esposa del concejal Fernando Albán, quien murió bajo custodia del Estado en el año 2018, aseveró que los espacios internacionales son la opción que tienen las víctimas para encontrar justicia. «El caso de Fernando cumplió cinco años y en Venezuela no se obtuvo la debida justicia».
Para Osío en el país no hay una real intención de buscar a los responsables de estos crímenes dentro de los altos mandos. «Es inaudito que la línea de mando, en el caso particular de mi esposo, no sea investigada. Desde que fue apresado, injustamente detenido sin una orden judicial, a Fernando se lo violaron todos sus derechos».
Durante su intervención el canciller de Venezuela señaló que debido a las sanciones el país no tiene recursos para dedicarse a investigar estos temas. Al respecto la viuda de Albán recordó que el aparato de justicia en Venezuela no funciona desde antes de las sanciones. «No funcionó ni para el caso de Fernando, ni para ningún otro caso. Los recursos están dedicados a otra cosa, como a mantener a los presos allí», o a agredir a las personas que protestan en las manifestaciones. Agregó que ni en el 2014 ni en el 2017, cuando se produjeron gran parte de estas muertes «existía el supuesto bloqueo económico. Para llevar a cabo una investigación imparcial, legal, que se logre la justicia, no hay recursos».
Tácticas dilatorias
Luis Carlos Díaz consultó a los expertos sobre si el Estado venezolano puede aplicar otros mecanismos para seguir dilatando el proceso. Al respecto, Moya indicó que «efectivamente el Estado está utilizando en este momento la prerrogativa otorgada por el artículo 18 del Estatuto de Roma, en donde estamos nada más que al frente de la situación. Es decir, ahorita se está evaluando qué ha pasado de manera global en Venezuela, entonces por eso nos referimos a la situación de Venezuela. Hay que considerar que la Fiscalía ha anunciado efectivamente que está investigando los hechos aparentemente perpetrados, bien sea por fuerzas del militares, fuerzas civiles, policía ,cuerpos de investigación y por otra parte civiles armados para establecer la responsabilidad de quienes son los involucrados en cada uno de estos grupos que están siendo investigados». Posteriormente el Estado puede alegar que si está investigado a esa persona y deberá entregar pruebas que así lo demuestren.
Sobre si el establecimiento de una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela pueda ser utilizado como argumento para dilatar el proceso, Ávila indicó que este es un mecanismo bastante nuevo. Además significa que al mismo tiempo el fiscal tendrá las facultades investigativas y de asistencia técnica. «Ese es el gran reto para él, en una situación en donde las cadenas de mando están aún en el poder». Cree que el ejercicio de ese tipo de facultades podría en algún momento producir un conflicto de intereses. En Venezuela hasta el momento no existe información pública sobre el contenido del memorando y sobre si ha habido algún desarrollo relacionado con el mismo a pesar de que durante la audiencia los abogados daban por hecho que habían algunas relaciones de cooperación y asistencia técnica en marcha, inclusive en la formulación de leyes. Para Ávila es preocupante que eso se esté produciendo a espaldas de la sociedad civil, las víctimas y en general de todo el país.
¿Cuánto hay que esperar?
Consultada sobre cuánto habría que esperar para obtener algún tipo de resultados, Moya recordó que estos son procesos complejos que no tienen «soluciones mágicas y por lo tanto muchos de ellos toman años en resolverse». Sin embargo, lo esperable en esta fase es que la Sala de Apelaciones emita su sentencia a más tardar el primer trimestre del año que viene. «Luego la Corte y sus salas, así como la Fiscalía, necesitan evaluar y contar con los elementos materiales, pruebas, evidencias necesarias para avalar una situación y la determinación de una responsabilidad en el contexto de los casos potenciales que se estén evaluando». Pero es necesario aclarar que «aquí no se va a juzgar si Venezuela es responsable o no a nivel internacional, eso le competerá a la jurisdicción de derechos humanos. Lo que se va a jugar es si las personas que determine la Corte son responsables por los crímenes que se cometieron en un determinado territorio», agregó Moya.
«Hay que prepararse para la fatiga de una maratón. Ese es el gran reto para las víctimas cuando recurren a instancias internacionales», apuntó Ávila. Recordó que los casos de El Amparo y el Caracazo tomaron muchísimos años para llegar a decisiones. «En el caso de la Corte Penal Internacional tenemos el mismo escenario. Es necesario prepararse para muchos muchos años. De todas maneras uno de los puntos fundamentales en todo esto es el hecho de que cuando entra el componente víctimas y organizaciones de la sociedad civil a actuar, la ecuación cambia sustancialmente y ahí es posible que esos mecanismos den resultados».
Al respecto la viuda de Fernando Albán indicó que las victimas y familiares no se cansarán de buscar esa justicia. Aseveró que siente mucha admiración por las personas que están en Venezuela y siguen luchando sin miedo, porque en el país continúan las torturas y las detenciones. «Esto no ha parado. La Corte Penal Internacional es una ventana que se abre. Hay que seguir adelante, seguir luchando por esa justicia en todos los ámbitos. Si nos cierran una puerta, se abren otras más».
