GINEBRA (22 de marzo de 2023) – Los constantes ataques y la represión generalizada por parte del Gobierno de Venezuela contra las personas percibidas como opositoras continúa acechando a la población, según la última actualización sobre la situación en el país que presentó hoy la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU (MIIV).

Durante su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la MIIV describió cómo las autoridades continúan deteniendo a los actores de la sociedad civil por motivos políticos, sofocando las protestas sindicales y cerrando medios de comunicación. La Misión de determinación de los hechos también alertó sobre nuevas propuestas legislativas que, de ser adoptadas, limitarían significativamente la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo su trabajo.

La MIIV instó a las autoridades a que cesen los ataques, se investigue a las personas responsables y se les procese en consecuencia.

«En un contexto de impunidad generalizada respecto a los graves crímenes reportados en nuestros informes anteriores, las personas que critican o se oponen a las políticas del Gobierno se sienten amenazadas, desprotegidas, y temen ser detenidas y sometidas a torturas por el Gobierno, lo cual obstaculiza la libertad de expresión y derecho a la protesta en el país”, ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación.

Las detenciones arbitrarias por motivos políticos continúan siendo un motivo de seria preocupación. Según las organizaciones de derechos humanos, al menos 282 personas – tanto civiles como militares – continúan en esta situación. Estas personas y sus familias continúan siendo objeto de amenazas y represalias, se niegan frecuentemente visitas de familiares y abogados, y se limita el acceso a alimentos y tratamiento médico. Persisten también las violaciones del derecho al debido proceso.

Desde 2019, la MIIV ha identificado un recrudecimiento de los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores de la sociedad civil organizada en Venezuela, así como de líderes políticos. En el último año, los y las trabajadoras del sector público, especialmente de la educación, la sanidad y las industrias de bienes básicos, se han movilizado por los bajos salarios y las condiciones laborales. La respuesta del Estado ha sido inmediata; se orquestó una represión dirigida a los líderes y participantes en las protestas que incluyó amenazas, despidos y detenciones.

Otro de los blancos en este esquema de represión han sido los medios de comunicación y periodistas, con la imposición de sanciones y clausuras impuestas a medios de comunicación. “El 2022 marcó un récord de cierre de emisoras de radio en todo el país”, indicó Patricia Tappatá, experta de la MIIV. “Los medios no pueden llevar a cabo su labor informativa en libertad cuando existe una amenaza constante de represalias.”

Dos proyectos de ley recientes podrían tener un alto impacto sobre la capacidad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de llevar adelante sus labores. El 24 de enero de este año, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el proyecto de Ley sobre ONG y, el 1 de marzo, el anteproyecto de la Ley de Cooperación Internacional.

“De ser sancionadas, las nuevas regulaciones consolidarían un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, el financiamiento, y las actividades de las ONG”, señaló Francisco Cox Vial, otro de los miembros de la Misión.

En su informe oral ante el Consejo de Derechos Humanos, la FFMV también llamó la atención sobre otros desarrollos relativos a la situación de los derechos humanos en Venezuela – entre ellos, la persistencia de un elevado número de muertes por enfrentamientos con las fuerzas del orden. Según estimaciones de fuentes no gubernamentales, se produjeron 716 de estas muertes en 2022.

“Esta cifra genera preocupación sobre la posible existencia de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de una política estatal de lucha contra la criminalidad, tal como documentó la Misión en su primer informe ante el Consejo,” aseguró Valiñas.

La MIIV volvió a alertar asimismo sobre la situación en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del sur del país, y se refirió a las denuncias de los pueblos indígenas del Estado de Amazonas sobre los ataques violentos contra sus líderes. La MIIV citó el caso del asesinato de Virgilio Trujillo Arana, líder del pueblo Piaroa, en 2022, y recomendó que este caso fuera investigado con seriedad.