La presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, Marta Valiñas, señaló que la aprobación de «la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”. Valiñas se refirió así al proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional.
A juicio de los integrantes de la Misión, esta nueva normativa «impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin fines de lucro, cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio». Así lo indicaron en un comunicado dado a conocer el pasado 30 de enero.
Consideran que los requisitos impuestos por esta ley a las organizaciones de la sociedad civil ya existentes y en proceso de formación resultan excesivamente difíciles de cumplir. Lo que «le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas». Para Francisco Cox, experto de la Misión, la regulación «está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación”.
La Misión de Determinación de los Hechos, cuyo mandato fue prorrogado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través de las resoluciones 45/20 y 51/29, hasta septiembre de 2024, investiga casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual o de género, perpetrados desde 2014 en Venezuela.
Los informes que ha emitido la Misión dejan en evidencia no solo las múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Venezuela, sino que las organizaciones que defienden a víctimas y promueven los derechos humanos en el país han padecido persecución y criminalización por realizar sus labores. Y por ello «enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, tanto jurídicas como operativas, incluyendo en el aspecto clave de la financiación. Sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer».
Asfixia a la libertad de asociación y expresión
El texto del comunicado dado a conocer por la Misión asevera que varias disposiciones del proyecto de ley afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión, específicamente contemplados en los artículos 52 y 57 de la Constitución, así como en las normas internacionales de derechos humanos suscritas por Venezuela.
Sobre las atribuciones conferidas al Ejecutivo Nacional, la Misión destaca que se le otorga la facultad de implementar mecanismos de control, supervisión y sanciones sobre sujetos y organizaciones cuyas acciones se determine que comprometen «la soberanía nacional”, según expresa el artículo 13 del proyecto.
Esta atribución propicia la vigilancia permanente de las ONG, e incluso las expone a controles policiales o de inteligencia. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, las que recurren a instancias internacionales para hacer denuncias o interponer recursos a favor de las víctimas, y aquellas que reciben financiamiento de organismos internacionales «podrían verse expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional».
Otro aspecto que suscita preocupación es la falta de precisión en la prohibición de realizar “actividades políticas” o que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, recogida en el artículo 15 del proyecto. “Una interpretación amplia del concepto actividades políticas, que no está definido con claridad en la ley, permite subsumir todo tipo actividades de documentación, análisis y divulgación de información sobre las políticas y prácticas gubernamentales, incluyendo en materia de derechos humanos”, añade el comunicado.
Restricciones de cara a futuros procesos electorales
«Esta prohibición puede comprometer especialmente a las ONG dedicadas a la fiscalización del espacio público y democrático, lo que resulta particularmente significativo de cara a futuras elecciones. También puede afectar a las organizaciones que colaboran con las tareas de documentación de las que se nutren las investigaciones de la Misión y otros organismos internacionales».
Este proyecto de ley está enmarcado en un patrón sistemático de restricciones al espacio cívico, que se materializan «a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas, así como limitaciones al libre funcionamiento de organizaciones y medios de comunicación independientes».
“El proyecto de ley de ONG refleja una vieja estrategia que ha sido aplicada en otros países. Se trata de un nuevo ataque a la sociedad civil defensora de los derechos humanos para silenciarla o eliminarla, otra vuelta al torniquete que asfixia las libertades de expresión y asociación en Venezuela”, concluyó Patricia Tappatá, experta de la Misión.
