Durante el mes de marzo de 2022 desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), pudimos documentar al menos 28 actos de persecución y criminalización ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro contra los trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con el activismo político, organizaciones de la sociedad civil y contra la población.
Con estos casos del mes de marzo suman 99 los documentados en el primer trimestre de 2022. Entre los sujetos perseguidos se encuentran 31 personeros políticos, 3 organizaciones de la sociedad civil, 57 trabajadores de la comunicación y 8 ciudadanos. Por género tenemos 18 víctimas mujeres, 61 hombres y 20 casos de víctimas hombres y mujeres. Mientras que por patrones encontramos 2 cierres de emisoras de radio, 2 suspensiones de programas de radio, 24 impedimentos de registrar un hecho, 35 actos de hostigamiento, amenaza y criminalización, 5 casos de irregularidades en procesos judiciales, 1 caso de medios de comunicación afectados por la emergencia humanitaria compleja. También un asesinato bajo negligencia del Estado, 8 bloqueos de páginas web, un acto de violencia y 13 detenciones arbitrarias. Los patrones documentados en nuestros monitoreos se encuentran enmarcados en acciones sistemáticas y reiteradas que ejercen quienes hoy detentan el poder como parte de una política para permanecer en el mismo.
Patrones de persecución y criminalización identificados en marzo
En el monitoreo y análisis de los 28 casos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de marzo, hemos identificado las siguientes acciones: cierre de una emisora de radio, suspensión de un programa de radio, 9 impedimentos de registrar un hecho noticioso, 11 actos de hostigamiento y criminalización, 5 casos de irregularidades en procedimientos judiciales y un caso en donde los medios de comunicación se han visto afectados por la emergencia humanitaria compleja.
Categoría de sujetos víctimas de la persecución y la criminalización
De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela durante el mes de marzo, identificamos: 16 contra trabajadores de la comunicación, 5 contra personas vinculadas al activismo político, 2 contra organizaciones de la sociedad civil, y 5 contra ciudadanos. Por género tenemos 5 víctimas mujeres, 14 hombres y 9 casos de víctimas mujeres y hombres.
16 actos de criminalización contra trabajadores de la comunicación
Durante el mes de marzo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró la emisora Activa 89.3 FM ubicada en El Tigre, estado Anzoátegui. Presuntamente por no contar con la documentación legal para operar. En el cierre de la emisora trabajadores de Conatel incautaron equipos de la emisora de radio, como el transmisor, varias computadoras, una consola y varios micrófonos. El patrón de censura ejercido por el gobierno de Nicolás Maduro, en el que se incluye el cierre de emisoras de radio cuya línea editorial no es cónsona con la política de quienes hoy detentan el poder, dejan en evidencia que este no es un caso aislado, sino que forma parte de la censura generalizada que existe en el país.
Con el cierre de esta emisora durante el mes de marzo, se contabilizan 2 emisoras cerradas durante el primer trimestre del año 2022. Esto deja a la población con menos espacios para acceder a la información, opinar y entretenerse. Además de impedir a los trabajadores de la comunicación ejercer su trabajo periodístico, buscar, recibir y difundir informaciones, expresarse y opinar.
De los cinco casos de hostigamiento documentados en marzo, tres se llevaron a cabo por agentes de seguridad del Estado. Específicamente el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y agentes de PoliBaruta. Los dos casos restantes de hostigamiento se generaron a través de las redes sociales por el conductor del programa «Zurda Konducta», transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
En los actos de hostigamiento contra los trabajadores de la comunicación nos encontramos con acciones como fotografiar a los periodistas con el fin de intimidarlos. También documentamos una retención policial con solicitud de documentos y desacreditación del medio de comunicación y la labor periodística. Por último, discursos de criminalización y estigmatización de la labor periodística, señalándolos como criminales y terroristas mediáticos.
Los nueve casos en los que pudimos documentar el impedimento al acceso y difusión de información se llevaron a cabo en los siguientes contextos: Protección Civil le negó información a cuatro periodistas sobre los daños que provocaron las lluvias en el estado Táchira; a un periodista le impidieron ingresar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el estado Mérida y registrar la entrega de un documento con exigencias de los pensionados, y a cuatro medios de comunicación se le impidió registrar una protesta de pacientes renales y oncológicos en el estado Falcón.
Adicionalmente, varios medios de comunicación del estado Táchira manifestaron ser afectados por la emergencia humanitaria compleja, debido a los continuos cortes de electricidad, la falta de combustible y de recursos para reparar equipos.
Cinco actos de persecución política y criminalización contra personeros políticos
En el mes de marzo se produjo la suspensión de un programa de radio dirigido por el partido político opositor al gobierno de Nicolás Maduro, Voluntad Popular. El acto de censura documentado contra el programa de radio «Unidos para Luchar» se trata de una medida de represalia contra el partido político, razón por la cual la enmarcamos dentro de un patrón de persecución contra personeros políticos.
Con la suspensión este programa radial, suman dos los suspendidos en el primer trimestre del año. Ambos programas conducidos por dirigencia política vinculada con la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.
Además, cuatro actos de hostigamiento que fueron documentados se encuentran vinculados con los principales dirigentes de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Esta campaña de desacreditación vincula a diversos dirigentes políticos de oposición con grupos dedicados al narcotráfico.
5 actos contra los ciudadanos/población
De la totalidad de los casos documentados contra la población, cuatro se trataron de la suspensión de audiencias contra ciudadanos que, por los motivos y el contexto bajo el cual fueron detenidos, hoy son considerados presos políticos. En tres de los casos el juicio contra los acusados se tardó más de cinco años en iniciarse y las audiencias han sido suspendidas en reiteradas oportunidades. Mientras que en el cuarto caso el preso político lleva 10 años detenido sin una sentencia definitiva.
El quinto caso que documentamos se trata de la ex jueza María Lourdes Afiuni, quien por más de una década ha sido una perseguida política. Fue procesada, condenada y detenida sin pruebas luego de haber liberado a un banquero detenido arbitrariamente. La jueza ha sido víctima de tratos crueles y degradantes durante el cumplimiento de su condena, se le han vulnerados sus derechos procesales, y en el mes de marzo el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones del Área Metropolitana de Caracas le denegó, sin explicar las razones, una solicitud de viaje con el fin de recibir atención médica por el cáncer que padece.
Casos documentados por la Misión de Determinación de los Hechos y la Alta Comisionada
Los casos narrados son solo un ejemplo del patrón de violaciones a la libertad personal, a la integridad personal y la violación a las garantías judiciales de las cuales son víctimas los presos políticos en Venezuela. Y tal y como lo ha mencionado en su más reciente actualización la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, es un claro ejemplo de cómo el sistema de justicia venezolano ha sido una herramienta para perseguir, intimidar y silenciar a todo aquel que a juicio de quienes detentan el poder, son un enemigo del gobierno.
También la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ha documentado desde septiembre de 2021 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. Incluidas la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas. Asimismo, documentó 24 casos de estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes del Estado en redes sociales y/o discursos públicos
Dos casos contra organizaciones de la sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil han sido permanentemente víctimas de discursos de estigmatización y descrédito por parte de los principales representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Ya sea a través de redes sociales o utilizando los medios de comunicación masivos del Estado, televisión, prensa, radio y páginas web. Criminalizando así la labor humanitaria y la de defensa y promoción de los derechos humanos que realizan los equipos de trabajo de estas organizaciones, en un contexto de crisis multidimensional como la que persiste y se agudiza en Venezuela.
Desde Cepaz, en nuestro monitoreo mensual, hemos podido documentar en los casos contra las organizaciones de la sociedad civil que un patrón constante ha sido la criminalización de la labor de las organizaciones que cooperan con el envío de información al sistema de protección de derechos. Y especialmente, a los distintos mecanismos de investigación y seguimiento que se mantienen vigentes sobre Venezuela.
Así pues, durante el mes de marzo, y a propósito de las actualizaciones de la Alta Comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, así como la actualización de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, las organizaciones Transparencia Venezuela y Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), han sido criminalizadas por el envío de información a estos mecanismos. Las organizaciones fueron acusadas de enviar falsa información, de traicionar a la patria y denigrar al Estado venezolano, y a la información enviada la tildaron de «seudoinformes».
Metodología del monitoreo
Este monitoreo de casos constituye un compendio del trabajo de investigación que desde Cepaz se realiza a través de la recopilación de publicaciones compartidas por las fuentes de información digital nacionales e internacionales, y denuncias que llegan directamente a nuestro portal de denuncias.
La documentación de los casos constituye un subregistro y por tanto no necesariamente representa la totalidad de actos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de marzo. Pero sí es una muestra significativa para demostrar la existencia de un patrón de persecución, criminalización y ejercicio del control por parte de quienes hoy detentan el poder.
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización del mes de marzo de 2022 y el resumen del primer trimestre de 2022 aquí
