Durante el año 2022 desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) continuamos documentando mes a mes los patrones de persecución y criminalización que ejerce el gobierno de Nicolás Maduro contra distintas categorías de sujetos que han sido considerados enemigos a la política del gobierno, que no es otra más que mantenerse indefinidamente en el poder.
Los 523 casos de persecución y criminalización documentados durante el año 2022, a través del ejercicio de al menos 15 patrones y contra 4 categoría de personas, grupo de personas o instituciones víctimas, demuestran que estos casos no son aislados, sino por el contrario, se trata de acciones sistemáticas y dirigidas de una forma estratégica y planificada que busca censurar, reprimir y controlar a la población, a los trabajadores y medios de comunicación, a la sociedad civil independiente y a los actores políticos y sociales.
Ahora bien, el ejercicio de esta política de Estado basada en la persecución y la criminalización impacta de manera diferenciada en las mujeres, pues en estos casos sobresalen actitudes discriminatorias por parte de los perpetradores y ocurren actos de violencias por motivos de género.
Las cifras detrás de la política de persecución y criminalización contra las víctimas mujeres
Del total de casos documentados durante el año 2022, al menos 68 ocurrieron directamente contra mujeres. Sin embargo, documentamos otros 196 casos en donde no pudimos identificar a las víctimas por tratarse de acciones contra grupos de personas cuyo género no pudimos identificar, o instituciones y organizaciones en donde resultaron afectadas tanto mujeres como hombres.
La categoría de personas de las cuales documentamos el mayor número de mujeres víctimas fueron las periodistas y trabajadoras de la prensa, con un total de 48 casos. Asimismo, documentamos, 6 mujeres vinculadas con la política, una defensora de derechos humanos y 13 casos contra ciudadanas, incluyendo familiares de personas perseguidas o criminalizadas.
Entre tanto, el patrón más utilizado contra las mujeres que han sido perseguidas y/o criminalizadas fueron los actos de hostigamiento y amenazas. De la totalidad de los casos documentados, 42 mujeres fueron hostigadas y amenazas durante el año 2022, 17 mujeres periodistas fueron impedidas de registrar hechos noticiosos, seis mujeres fueron víctimas de procedimientos judiciales irregulares, y tres mujeres fueron detenidas arbitrariamente.
Por último, las fuerzas de seguridad del Estado fueron los principales responsables de los actos de persecución y criminalización contra las mujeres víctimas, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, policías municipales, funcionarios del Plan República, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Del total de casos documentados, 28 fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado, 19 casos por funcionarios públicos, 13 casos por personas adeptas al gobierno de Nicolás Maduro bajo la complacencia del Estado, cuatro casos por parte del poder judicial, un acto ocurrió en manos de la fiscalía general de la República, uno por parte de Nicolás Maduro y en dos de los casos documentados no pudimos obtener información sobre sus perpetradores.
Persecución, criminalización y discriminación basada en el género
Las mujeres que son víctimas de la política de persecución y criminalización del gobierno de Nicolás Maduro a menudo también son víctimas de actos de discriminación y violencia basada en el género, ya que si bien los casos documentados contra mujeres víctimas no se llevaron a cabo en razón de su género, la forma en la que se ejercen los patrones de persecución y criminalización entrañan actitudes discriminatorias y violencias fundadas en el género, lo cual ocasiona que la política de persecución y criminalización se ejerza de forma distinta en hombres y en mujeres, y por tanto, requiere un análisis diferenciado en cuanto a su impacto.
Esto no solo ocurre cuando la mujer es víctima directamente de la política de persecución y criminalización del Estado, sino también cuando es víctima indirecta, es decir, cuando es atacada en el contexto de persecución y criminalización de un familiar.
Como víctimas directas, las mujeres que son perseguidas y criminalizadas reciben otro tipo de ofensas en razón de su género. Por ejemplo, la periodista y directora del diario El Vistazo, Nilsa Varela, denunció en agosto del 2022 que había sido víctima de violencia de género por parte de funcionarios de la Alcaldía de El Tigre, estado Anzoátegui. La periodista denunció que hubo una campaña pública ejecutada a través de medios informáticos, mediante imágenes, apodos, comparaciones degradantes, que encuadran en la violencia de género.
Otro caso emblemático de mujeres que han sido víctimas de persecución y criminalización en donde se han conjugado actos de violencias basados en el género. Es el caso de la ex jueza María Lourdes Afiuni. Su detención arbitraria en el año 2009 y todo lo que ha sido el proceso posterior a ello y los actos en su contra, es un claro ejemplo de la forma diferenciada y desproporcionada en la que las mujeres llegan a ser víctimas. Durante su detención la ex jueza fue víctima de abusos sexuales, tratos inhumanos y violencia. Al grado de tener que realizarse una reconstrucción de sus órganos sexuales. La arremetida contra Afiuni, a quien le han vulnerado sus derechos humanos de manera sistemática, no culminó con su salida de la cárcel bajo libertad condicional, pues durante el año 2022 se le prohibió la salida del país para atenderse medicamente debido al cáncer que padece, a pesar de que Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria compleja que impacta en un sistema de salud en condiciones muy precarias para atender este tipo de enfermedades.
Ahora bien, las mujeres también suelen ser víctimas secundarias o supervivientes en el contexto de persecución y criminalización de un familiar. Tal es así, que existe una tendencia de que cuando se ataca a familiares de las víctimas de persecución y criminalización, buscan especialmente a las mujeres de ese círculo familiar, especialmente parejas, hijas o hermanas.
Por ejemplo, la señora Yeny Zorelis Pérez, esposa del militante de Bandera Roja, José Castro, fue detenida durante el año 2022, y aunque no era en principio el objetivo de persecución del gobierno de Nicolás Maduro, terminó siendo víctima al no poder encarcelar al esposo, y como mecanismo para intimidar y llegar al militante de Bandera Roja .
Del mismo modo fue víctima la madre de la exgobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, quien fue perseguida por una camioneta blanca perteneciente a la policía del estado Táchira. Hombres armados amenazaron a la madre de la exgobernadora y le expresaron que se encontraban en búsqueda de su hija. Así pues, aunque la madre de Gómez no era contra quien el gobierno quería arremeter, termina configurándose como víctima, pues es utilizada para intimidar y atemorizar a la persona perseguida.
El Estado venezolano incumple sus obligaciones en materia de género
A pesar de que en Venezuela existe un patrón generalizado de persecución y criminalización contra toda persona que sea considerada un enemigo al gobierno de Nicolás Maduro, no podemos dejar de evidenciar que las mujeres son víctimas de una manera diferenciada.
Las mujeres, asumen riesgos mayores cuando ejercen algún tipo de activismo o labor legítima que incomode al gobierno de Nicolás Maduro, o incluso sin ejercerlo, cuando son utilizadas para atacar a su familiar, o más aún, cuando son víctimas diferenciadas del control que ejerce el gobierno a través de los planes sociales, de los cuales dependen en mayor medida las mujeres por asumir cargas desproporcionadas de cuidado en el hogar, consecuencia de los estereotipos y roles de géneros aún vigentes en la sociedad venezolana.
Así pues, en el contexto de persecución y criminalización contra las mujeres en Venezuela, se pone de relieve que el Estado no solo las ataca a través del ejercicio de patrones violatorios a los derechos humanos, sino que se convierte en un perpetrador de la discriminación y las violencias basadas en el género. En ese sentido, lejos de implementar medidas en aras de erradicar la discriminación y las violencias basada en el género, el Estado se ha convertido en uno de los agresores más poderosos actuando bajo total impunidad.
Lo anterior ha quedado demostrado en el reciente proceso de revisión al Estado venezolano por parte del Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Cedaw, en donde con más de 30 informes, las organizaciones de la sociedad civil han evidenciado que el Estado venezolano ha omitido implementar medidas en la promoción, prevención y garantía de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela. Aún más, ha sido cómplice de la perpetuación de los actos de discriminación en todas sus formas contra las mujeres, en casos como este en donde el mismo Estado comete actos de persecución, criminalización y violencias basadas en el género.
