En el marco de la sesión 139° del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, prevista entre el 9 de octubre y el 3 de noviembre de este año, será examinado el cumplimiento por parte del Estado venezolano de los derechos reconocidos por el Pacto Internacional sobre derechos Civiles y Políticos y las recomendaciones emitidas por el Comité, desde el último examen en el año 2015 hasta la fecha.

¿Qué es el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un órgano conformado por 18 expertos independientes cuya función es supervisar la aplicación del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes. Del mismo modo, y en atención al examen que lleva a cabo el Comité, emite recomendaciones que los Estados deben implementar en un periodo determinado. También evalúa la implementación de las recomendaciones formuladas en exámenes anteriores.

Venezuela es un Estado parte del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y por tanto reconoce la competencia del Comité para evaluar la aplicación del Pacto, tal y como lo ha hecho en los cuatro periodos anteriores. Así pues, el cuarto examen sobre Venezuela presentado en el 2015 fue la última ocasión en la que se evaluó el cumplimiento del Pacto por parte del Estado venezolano. Dentro de la escala de evaluación del Comité, este cumplimiento se clasificó en la categoría “D”, es decir que el Estado venezolano tiene un estatus de no cooperación con el Comité.

La participación de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental en este proceso de evaluación

Las organizaciones de la sociedad civil independiente participan activamente en la evaluación que realiza el Comité al Estado venezolano. Los datos que aportan cada una de las organizaciones son esenciales para que el Comité pueda contar con información actualizada y de primera mano, con un criterio objetivo e independiente que le permita conocer la realidad del ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población venezolana.

En este quinto examen de Venezuela, el monitoreo, las investigaciones y el contacto directo con las víctimas que mantienen asiduamente las organizaciones de la sociedad civil independiente, se han visto reflejados en al menos 40 informes públicos presentados ante el Comité.

En ese sentido, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), junto con organizaciones aliadas hemos abordado lo siguientes aspectos ante el Comité de Derechos Humanos:

– Contexto de persecución y criminalización en Venezuela: el Estado emplea una política de persecución y criminalización contra personas y organizaciones que percibe como enemiga al Gobierno. Esta política se configura a través de acciones sistemáticas, planificadas y sofisticadas, que se constituyen en patrones. Desde el año 2021 desde Cepaz hemos documentado más 1.700 casos de persecución y criminalización, expresados en 24 patrones.

– Situación de los derechos civiles y políticos de las mujeres en Venezuela: las mujeres y otros grupos desfavorecidos son víctimas de manera desproporcionada y diferenciada de la violación de los derechos civiles y políticos por parte del Estado, particularmente en lo que respecta a la falta de legislación que regule la materia. Por ejemplo, en cuanto a la discriminación de las personas LGBTIQ+, o la paridad de candidaturas de cargos de elección popular; la falta de esfuerzos institucionales para garantizar el cumplimiento efectivo de las normas existentes, como ocurre en términos de la violencia basada en género; o perpetrando directamente violaciones graves de derechos, por ejemplo, en los casos de persecución, denegación de justicia, y cierre del espacio cívico.

– Situación del acceso a la justicia y el debido proceso en Venezuela: el contexto de denegación sistemática de justicia del país se caracteriza por la falta de independencia del Poder Judicial, deficiencias operacionales y en el alcance estructural.  Esta situación obstaculiza el acceso a recursos legales dirigidos a proteger derechos humanos y a las víctimas de violaciones a sus derechos les impide acceder a mecanismos de protección y reparación en el orden interno.

– Amenazas y restricciones que afectan el derecho a elegir en Venezuela: El derecho de la ciudadanía a participar e incidir en los asuntos públicos en Venezuela ha sido afectado profundamente. Múltiples prácticas violatorias a los derechos humanos, y bajo el uso ilegítimo del aparato estatal, han mermado el derecho a elegir y ser elegido en las últimas dos décadas, a través del debilitamiento institucional del voto, inhabilitaciones políticas, omisión y obstaculización de la paridad de género en los comicios, afectaciones al derecho a la libre determinación de los pueblos, ventajismo, acceso limitado a los medios de comunicación y proselitismo.

– Derechos a la libertad de reunión pacífica, libertad de asociación y participación pública en el marco de un proceso de cierre del espacio cívico: El Estado sostiene políticas contra la sociedad civil, con patrones acentuados de criminalización y persecución sistemática; intentos de inhabilitación por regulaciones abusivamente restrictivas y de estatización del espacio de libertades cívicas. Unas 14 normas vigentes violan los derechos de libertad de asociación, reunión pacífica, expresión y participación. La mayoría de las organizaciones enfrenta severas dificultades para actualizar sus documentos y al menos un tercio no ha logrado formalizar su personalidad jurídica.

– El derecho a informar y a estar informado: las prohibiciones y restricciones impuestas por el gobierno durante la última década han erosionado aún más los cimientos de la libertad de información, la actividad periodística y la libertad de expresión en Venezuela. Este contexto se ha desarrollado particularmente a través de cinco líneas de acción: el fortalecimiento de la infraestructura de medios del Estado; la adecuación del marco legal; la administración discrecional del espectro radioeléctrico; censura y autocensura; y la opacidad y falta de acceso a información de carácter público.

Venezuela, “sin cooperación con el Comité”

Próximamente el Comité presentará sus observaciones finales, una evaluación integral sobre la situación de libre ejercicio de los derechos civiles y políticos en Venezuela, con recomendaciones específicas para abordar las deficiencias identificadas y fortalecer la implementación del Pacto. En este sentido, las expectativas se concentran en la calificación y las recomendaciones que emitirá el Comité ante esta nueva evaluación.

Entre tanto, el Estado mantiene aún una deuda en el cumplimiento de las últimas recomendaciones emitidas por el Comité en el año 2015, fecha en la que el país fue calificado con el estatus de no cooperación con el Comité. Estas recomendaciones se encuentran vinculadas a asuntos como la protección de periodistas, defensores, activistas y oposición ante actos de intimidación y persecución, a la garantía de la igualdad entre hombres y mujeres y prevención y combate de la violencia basada en el género, en mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, en garantizar la libertad de expresión, la reunión pacífica y la libertad de asociación, asegurar la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces, entre aspectos. En este sentido, los más de 40 informes presentados por las organizaciones de la sociedad civil independiente dan cuenta que, transcurrida casi una década desde la última evaluación, no solo no se han cumplido con estas recomendaciones, sino que el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población venezolana se encuentran cada día más mermados.

En ese sentido, el proceso de revisión que se está llevando a cabo en torno al cumplimiento por parte del Estado de los derechos reconocidos en el Pacto, es una importante oportunidad, para que luego de casi una década sin el Estado ser calificado por este Comité, nuevamente se visibilice el restringido ejercicio de los derechos civiles y políticos en Venezuela y se inste al Estado a tomar acciones con base a recomendaciones contundentes que deben sumarse a las decenas de recomendaciones de otros mecanismos con los cuales el Estado no ha mostrado cooperación.