El pasado 4 de julio de 2019 la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, realizó un completo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.  En el mismo se concluye «que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela». Añade que «el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas».

En ese informe la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hizo diversas recomendaciones al Estado venezolano. Una exhaustiva revisión del grado de cumplimiento de dichas recomendaciones evidencia una vez más la falta de compromiso, la poca intención de cooperación y la sistemática violación de derechos humanos en el país.

Grado de cumplimiento

• Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva. Situación actual: Se niega acceso a OACNUDH a los espacios relevantes para monitorear el cumplimiento de estas recomendaciones.
• Adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Situación actual: Según informe del Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (PROVEA), al menos 574 personas sufrieron tortura, y 23 de ellas murieron durante 2019.
• Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia. Situación actual: Sin avances.
• Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Situación actual: Sin mayores avances. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias ha dictado varias decisiones sobre detenciones arbitrarias en Venezuela que no se han ejecutado. Destacan la de Juan Requesens y Roberto Marrero.
• Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio. Situación actual: Sin avances.
• Adopte medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación. Situación actual: Diosdado Cabello comunicó que promoverá medidas para criminalizar a ONGs por recibir fondos del extranjero. Las restricciones a la libertad de expresión y los ataques contra periodistas han aumentado exponencialmente. Se verifica el uso de periodistas estatales para atacar a periodistas disidentes.
• Cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra. Situación actual: Sin avances. Por el contrario, en noviembre de 2019 se perpetró una masacre contra comunidades indígenas en Ikabarú, estado Bolívar.
• Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas. Situación actual: Contrario a lo solicitado, se ha profundizado la militarización de la sociedad civil. Se ha constituido formalmente un nuevo cuerpo de seguridad denominado “milicianos”, integrado por personas de la sociedad civil armadas por el propio Estado. No hay avances respecto a los puntos anteriormente mencionados.
• Adopte medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo. Situación actual: Sin avance. Al contrario, se promueve que la Asamblea Nacional Constituyente adopte medidas para reestructurar el sistema judicial.
• Garantice el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias. Situación actual: Sin avances.
• Garantice el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as. Situación actual: Sin avances.
• Acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en el país. Situación actual: Se niega acceso a OACNUDH a los espacios relevantes para monitorear el cumplimiento de estas recomendaciones, particularmente en lo que concierne a atención humanitaria. No se responde a solicitudes de acceso de OACNUDH a determinados procesos judiciales a los cuales ha solicitado acceso. Se niega acceso a recintos penitenciarios a la orden del Ministerio del Poder Popular para la Justicia.
• Publique regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición, desglosados por sexo, edad, pertenencia étnica y lugar de residencia, que puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis. Situación actual: Sin avances.
• Asigne la máxima cantidad posible de recursos disponibles a la realización gradual de los derechos económicos y sociales de una manera transparente y responsable que permita evaluar los gastos. Situación actual: Sin avances.
• Autorice el libre acceso a la información de interés público. Situación actual: Sin avances.
• Garantice que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas. Situación actual:  Sin avances.
• Aumente la cobertura de la vacunación contra enfermedades evitables y adopte medidas adecuadas para controlar los brotes de enfermedades transmisibles. Situación actual: Sin avances.
• Dé prioridad a las medidas para disminuir los embarazos precoces y cuide que todos los planes relativos a los derechos sexuales y reproductivos contengan indicadores mensurables y un mecanismo de seguimiento. Situación actual: Sin avances.
• Revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación; garantice el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Situación actual: Sin avances.
• Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de sus delitos. Situación actual: Contrario al mandato, se crearon “milicias” integradas por civiles que fueron armados por el Estado. Las milicias se convierten en un nuevo cuerpo de “seguridad”.
• Proteja a las personas, incluidas las que están migrando, frente a abusos, corrupción y extorsiones por parte de agentes del Estado. Situación actual: Sin avances.
• Ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Situación actual: Sin avances.

El régimen de Nicolás Maduro no muestra intenciones de cumplir las recomendaciones, y menos aún de estar comprometidos con proteger los derechos humanos de todas las personas venezolanas. No existe un verdadero propósito por parte del régimen de resolver la emergencia humanitaria, sino que todas sus estrategias están encaminadas a mantenerse en el poder. Las actualizaciones del 27 de febrero y el 10 de marzo, sobre las actividades de la OACNUDH en Venezuela y la situación de derechos humanos en el país, respectivamente, reiteran que la crisis sigue avanzando.

Las organizaciones de la sociedad civil venezolana hemos realizado un esfuerzo sostenido por alertar sobre la emergencia humanitaria compleja de gran escala, severidad y urgencia que atraviesa el país. Su origen está en las políticas del régimen dirigidas al desmantelamiento del estado de derecho y el orden democrático, así como en la destrucción de las capacidades económicas e institucionales del país.

Desde el 2015, antes de las sanciones, desde la sociedad civil venimos denunciando que se está privando a millones de venezolanos de bienes y servicios esenciales y que se aplican de manera sistemática patrones de persecución contra quienes cuestionan o se oponen a estas políticas. El régimen persigue mantenerse en el poder aún a costa de los extensos y profundos daños ocasionados a la población venezolana, e incluso se han ignorado las recomendaciones de organismos internacionales y se ha criminalizado el derecho a la cooperación y a la asistencia humanitaria.