La pandemia del coronavirus se suma a la catástrofe sanitaria y económica que existe en Venezuela. El país se encuentra sumergido desde hace mucho en una emergencia humanitaria compleja sin precedentes en su historia contemporánea. El régimen de facto ha propiciado el progresivo deterioro de las condiciones de salud, económicas y alimentación. Ahora debemos añadirle la pandemia que hoy tiene al mundo en una emergencia sanitaria, y para la que Venezuela, con una preexistente crisis, no tiene las condiciones para enfrentar sus consecuencias.

Mientras la sociedad civil advertía sobre profunda crisis del país, y los actores humanitarios exigían la entrada de asistencia que permitiera atender a la población más vulnerable, el régimen de facto de Nicolás Maduro negó la existencia de la emergencia humanitaria, y sigue sin atacar la crisis, sumando además que ha obstaculizado la entrada de asistencia al país. Así pues, en un contexto donde no se ha atendido la problemática descrita y sin ni se ha priorizado brindar condiciones de vida dignas a la población venezolana, llega el COVID 19 a Venezuela, para agravar la ya temida crisis sanitaria que tiene el país.

Medidas de prevención

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) auspiciamos todas las medidas de prevención emanadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y alertamos la necesidad de contar con los recursos básicos y suficientes para prevenir el contagio del virus. Así pues, denunciamos la falta de un servicio público tan fundamental como lo es el agua. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, en siete ciudades de Venezuela, un 61% de las personas tiene acceso ocasional y un 11% nunca recibe el agua ^[1]. A la falta de agua debemos sumarle la escasez de productos de limpieza. En Venezuela el jabón se convirtió en un lujo, que incluso puede ser adquirido en los denominados bodegones y a precios dolarizados.  Venezuela no está preparada para la más básica prevención para evitar el contagio de COVID-19, como lo es mantener la higiene de las manos con el uso continuo del agua y el jabón.

Por otra parte, además de la higiene han recomendado el aislamiento social o cuarentena para prevenir la propagación del virus. Al respecto debemos señalar la crisis económica y alimentaria que arremete la rutina diaria del venezolano, quienes deben regularmente salir a buscar sustento económico y alimentos para sus hogares. La paralización del país tiene consecuencias muy duras para Venezuela en un contexto de crisis económica y desabastecimiento preexistente.

Medidas de atención

Los hospitales en Venezuela han sido tocados profundamente por la crisis humanitaria, la falta de servicios públicos como el agua y la luz limita el trabajo del personal de salud y pone en riesgo la vida de cientos de personas que merecen y deben ser atendidas en condiciones óptimas. Por otra parte, no existen equipos médicos para prevenir y atender enfermedades, y a esto debemos añadirle la crisis de movilidad humana, de la cual también son parte los profesionales de la salud.

En este sentido, la encuesta nacional de hospitales ha reportado durante el 2019 que al menos 70% de los hospitales han tenido intermitencia en el servicio de agua, y gozan del suministro apenas una o dos veces por semana. Por otra parte, un 63% de hospitales reportan falla en el servicio de energía eléctrica ^[2] .

Por tanto, aun existiendo médicos capacitados para atender la emergencia sanitaria que provoca el virus, no hay dotación de servicios, insumos, ni equipos de manera oportuna y suficiente para combatirlo. Los trabajadores de la salud deben ser protegidos, y Venezuela no cuenta con la protección necesaria para el personal y así evitar la infección y propagación del virus.

El sistema de salud venezolano no se encuentra preparado para atender las emergencias, enfermedades y cuidado de la salud que supone la práctica diaria en una nación, y el país está muy lejos de poder combatir por si solo la inminente propagación del COVID 19.

Consideraciones finales

• El Estado tiene la responsabilidad de proteger y garantizar la seguridad de la población, por lo que debe llevar a cabo asertivas políticas públicas en materia de salud que permitan palear las graves consecuencias de una pandemia.
• El derecho a la salud es un derecho fundamental y constitucional, y es obligación del Estado garantizarlo. En este sentido, la Constitución en su artículo 83 es clara en atribuir al Estado la responsabilidad de promover y desarrollar las políticas que permitan el acceso a los servicios y asegurar una óptima calidad de vida de la población.
• El gobierno de facto ha asumido durante su gestión un rol ineficiente para atender los derechos de los venezolanos, provocando el colapso en materia sanitaria. Hoy Venezuela no tiene las condiciones para hacer frente a la emergencia sanitaria, sin embargo, es necesario atenderla, priorizando la vida de cada uno de los venezolanos. Por ello diversas ONG hemos reconocido la posibilidad en el derecho internacional de permitir el uso de poderes de emergencia a los Estados para enfrentar situaciones como la propagación del COVID 19, pero facilitando el trabajo de los actores humanitarios y adoptando las medidas para garantizar los derechos de las poblaciones vulnerables.  (Ver comunicado )

 [1] EL COMERCIO. La escasez de agua, otra cara de la crisis en Venezuela
Disponible en:https://www.elcomercio.com/actualidad/escasez-agua-crisis-venezuela-economia.html. ElComercio.com

[2]   ENCUENSTA NACIONAL DE HOSPITALES 2019. Disponible en: https://www.encuestanacionaldehospitales.com/2019 .