Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los hechos sobre Venezuela, aseguró que la comunidad internacional debe intensificar los esfuerzos para apoyar a las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, a través de la denuncia de los ataques que sufren, la protección diplomática, y la asignación de recursos para realizar su labor, entre otras medidas, indicó la experta.
Esta declaración se produjo en el marco del webinar Defender derechos humanos en Venezuela, organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en el que participaron además de Valiñas, Patricia Tappatá y Francisco Cox, personas expertas que integran la Misión.
Monitoreo complementario
Santiago Martínez, responsable del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), dio inicio al espacio aseverando que es fundamental dar visibilidad a la importante labor que llevan a cabo las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.
Por su parte María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica de la CIDH, reconoció el trabajo que ha venido realizando la Misión de Determinación de los hechos sobre Venezuela, y destacó la necesidad del monitoreo internacional de la situación de derechos humanos en el país, de manera complementaria, entre el sistema regional y el sistema universal, que permite reforzar sinergias para ampliar el impacto de sus mandatos.
Agregó que en los últimos 15 años la CIDH ha mantenido un monitoreo constante de la situación en Venezuela, advirtiendo sobre las continuas restricciones a la libertad de expresión, la concentración de poderes en el partido de gobierno, la erosión de la independencia judicial, la ausencia de garantías para el ejercicio de la participación política, y un ambiente adverso para la defensa de los derechos humanos en general.
Además la persecución política de personas percibidas como opositoras, y el general el deterioro de las condiciones de vida de las personas venezolanas, responsable de la migración forzada de más de 7 millones de personas, permite constatar que en Venezuela hay una ausencia del estado de derecho. “En contextos represivos como el venezolano, es cuando más se necesita el trabajo de personas defensoras de derechos humanos”.
Erosión de las libertades
José Luis Caballero, relator sobre personas defensoras de derechos humanos de la CIDH, aseveró que la Comisión ha realizado un intenso trabajo sobre la situación en Venezuela, que incluye el monitoreo constante, la emisión de comunicados y de medidas cautelares. También la CIDH ha advertido sobre la erosión significativa de las libertades. “El pleno ejercicio de los derechos humanos solamente se realiza en condiciones democráticas, y la democracia solamente se realiza cuando hay respeto al estado de derecho, y a la institucionalidad democrática”. Esto requiere además elecciones, confiables y creíbles.
“Las personas defensoras han sufrido detenciones arbitrarias, persecución, desaparición forzada, procesos penales injustificados y plagados de irregularidades”. Recalcó Caballero el uso de cuatro patrones de persecución, entre ellos la anulación de pasaportes de personas defensoras, periodistas y sus familiares. De este patrón han recabado información de al menos 36 casos. También la represión a través de medios digitales usando la tecnología para vigilar e intimidar y criminalizar a personas disidentes y organizaciones. También el uso de tipos penales como terrorismo asociado a la defensa de derechos humanos y la aprobación de legislaciones restrictivas. “La situación para los defensores de derechos humanos en Venezuela es muy alarmante”. Mencionó dos casos emblemáticos de aplicación de estos patrones de persecución contra personas defensoras: Rocío San Miguel y Javier Tarazona.
Personas defensoras se ven obligadas a salir del país
En su intervención, Marta Valiñas ratificó que esta situación no es nueva. La Misión ha documentado en sus informes casos de detenciones arbitrarias con graves violaciones al debido proceso. Así como variadas formas de hostigamiento que han llevado a varias personas defensoras a salir del país por sentirse amenazas y perseguidas
Con la intensificación de la represión estatal a voces críticas al gobierno y la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, así como otras formas de hostigamiento, como las detenciones en el aeropuerto de Maiquetía, se ha generado un ambiente de miedo e incertidumbre que podría propiciar la salida del país de más personas defensoras. Afirmó la presidenta de la Misión que tampoco es nuevo el uso de presuntas conspiraciones para detener arbitrariamente a personas críticas al gobierno.
Para Valiñas, las personas defensoras enfrentan obstáculos sólo por hacer su trabajo. “Estas y otras formas de hostigamiento como la anulación de pasaportes crean un efecto disuasor en activistas y organizaciones, que temiendo por su seguridad, optan por reducir su presencia pública y modificar sus estrategias de trabajo e incluso cesar su actividad, lo que lleva a un aislamiento de los movimientos de derechos humanos, afectando su coordinación y cohesión y su capacidad de documentación y de divulgación”.
Según la experta, organizaciones de defensa de derechos de las mujeres y de derechos LGBTIQ+ también se han visto afectadas. Estas organizaciones, que ya antes enfrentaban altos niveles de vulnerabilidad, están sufriendo un aumento de las amenazas, hostigamiento, y violencia por parte de actores estatales y no estatales, incluso de manera virtual, con el objetivo de silenciarlos y desacreditarlos. Adicionalmente, se han producido ataques misóginos en redes sociales contra mujeres defensoras con la participación de dirigentes políticos y altos funcionarios del gobierno.
Apariencia de legalidad a la actuación del Estado
Francisco Cox, integrante de la Misión, se refirió a las leyes restrictivas y señaló que se usan para darle apariencia de legalidad y legitimidad a la actuación del Estado. Estas leyes incluyen conceptos muy abiertos y prohibiciones amplias que generan una situación de vulnerabilidad y exposición a las ONG, que no pueden hacer críticas al funcionamiento del Estado. Además, se busca impedir que estas organizaciones reciban donaciones y recursos para su funcionamiento.
Los registros y regulaciones establecidos en la ley son usados para mantener el control e imponer sanciones “que quedan al arbitrio de instancias del Estado y funcionarios, generando un efecto de inhibición sobre la sociedad civil” y de restricción del espacio cívico.
Por su parte, la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, tiene definiciones amplias que simplemente buscan descalificar a las personas opositoras, dando al Ministerio Público herramientas para perseguir a personas defensoras de derechos humanos. “Esto demuestra nuevamente una alineación de los poderes legislativo y judicial y del Ministerio Público, con los intereses del poder ejecutivo, lo que es contrario a la separación de poderes que debe existir en toda democracia.
Restricciones al espacio cívico
Patricia Tappatá agregó que la Misión ha estado reportando como los distintos poderes del Estado avanzan contra el espacio público en Venezuela. Las personas defensoras de derechos humanos han sido objeto de amenazas, intimidación y extorsión por documentar esta situación.
La restricción al espacio público se ha agudizado en el contexto post electoral, traduciéndose en vigilancia, detención, e imposición de penas desproporcionadas. Estas acciones no solo configuran amenazas, sino que se cristalizan en acciones como la operación Tun Tun. Con la aplicación de este tipo de patrones de persecución, hay más de 60 periodistas que fueron detenidos, y sobre los que fueron liberados aún pende un proceso judicial, “Mientras que otros han reducido o anulado su participación en medios y muchos más han salido del país”.
Tappatá concluyó aseverando que los defensores de derechos humanos en Venezuela son cruciales como “elemento dinamizador de una sociedad que tiene que poder seguir defendiéndose del avance de los poderes sobre el espacio público”.
