Los actos de persecución y criminalización contra las organizaciones de la sociedad civil se incrementaron durante el mes de mayo. Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) pudimos documentar 12 actos a través de los cuales el gobierno de Nicolás Maduro intentó criminalizar las fuentes de financiamiento de las ONG. Además identificamos cuatro actos cometidos contra personas vinculadas con la política, 17 contra trabajadores de la comunicación y tres contra la población. Estos 36 actos de persecución y criminalización fueron ejercidos bajo la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.
Los patrones de persecución y criminalización identificados durante el monitoreo y análisis de estos casos fueron: 24 actos de hostigamiento y amenazas, el cierre de una emisora de radio, el bloqueo de una página web, dos allanamientos irregulares, dos cierres de programas de radio, dos impedimentos de registrar un hecho noticioso, tres irregularidades en procesos judiciales y una detención arbitraria.
Criminalización contra trabajadores de la comunicación y medios de comunicación
Durante el mes de mayo dos programas de radio salieron del aire. El espacio «Mesa de Análisis», transmitido en la emisora Furia 89.9 FM, y conducido por el periodista Leonaldi Mesa, fue sacado de la programación luego de haber entrevistado a la candidata de oposición por el partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano. El director de la emisora aseguró, sin dar detalles, que habían recibido llamadas para sacar del aire el programa. Por su parte, el programa radial «Ciudad 286», transmitido en la emisora Éxitos 90.5 FM, fue sacado del aire, según sus ex conductores, por presión recibida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, Conatel. Sin embargo, desde la dirección de la emisora afirmaron, sin dar mayores detalles, que se trata de una incompatibilidad de criterios.
Sobre estos casos, destacamos que en Venezuela existe una censura generalizada, marcada, entre otros patrones, por el cierre de emisoras y programas de radio. En el pasado se llevaban a cabo acciones arbitrarias y evidentes por parte de Conatel para censurar, y hoy bajo la forma perfeccionada y sofisticada que ha alcanzado el gobierno de Nicolás Maduro para perseguir y criminalizar, estos actos están marcados por la autocensura ante el temor de las víctimas de recibir represalias, lo que se traduce en el miedo a denunciar y a exigir el ejercicio libre de los derechos a la libertad de expresión, a buscar, recibir y a difundir informaciones e ideas.
También en el mes de mayo las autoridades del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Maturín, estado Monagas, impidieron a los periodistas José Ignacio Piñango, de Radio Fe y Alegría Noticias, y Jefferson Civira, corresponsal de La Patilla, reportar la realidad del centro de salud.
En otro acto, los medios Efecto Cocuyo, Caraota Digital y El Pitazo, fueron hostigados por el diputado Diosdado Cabello en su programa «Con el Mazo Dando», transmitido por Venezolana de Televisión. El diputado cuestionó el origen de los ingresos de estos medios y específicamente arremetió contra la cooperación internacional que podrían estar recibiendo.
Por su parte, el periodista Gustavo Azócar tuvo que acudir ante la Fiscalía del Ministerio Público del estado Táchira para atender a una denuncia que recibió por unas publicaciones que realizó el comunicador a través de su cuenta de Twitter durante el mes de abril.
En otro hecho, la Agencia Cojedeña de Investigación (ACI) y el periodista Alexander Olvera fueron hostigados por la Dirección Regional de Salud del estado Cojedes. La institución publicó un comunicado en el que desacreditó la labor informativa del periodista y de la agencia de noticias luego de que publicaran un testimonio de un trabajador del hospital Joaquina de Rotondaro, en el municipio Tinaquillo, sobre el estado de la ambulancia de ese hospital.
Entre tanto, la periodista Sebastiana Barráez denunció haber sido amenazada por un juez por informar sobre el caso del embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial, quien mantiene una querella judicial por la custodia de sus hijos. También los periodistas José Ignacio Piñando, Omar Padrón y el fotógrafo Osmel Rodríguez, fueron hostigados y agredidos, esta vez por integrantes del consejo comunal del Conjunto Residencial La Viña, en Maturín, cuando cubrían un conflicto entre las juntas de condominio y el consejo comunal.
Durante el mes de mayo Conatel también cerró e incautó los equipos de la emisora Mariana 100.7 FM en el estado Anzoátegui, que transmitía un programa de Ernesto Paraqueima, exalcalde de El Tigre, detenido tras calificar de “horroroso” un mural pintado por niños autistas. Por último, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y un fiscal del Ministerio Público en el estado Anzoátegui allanaron la sede del medio digital Mundo Oriental, en El Tigre. En el allanamiento también incautaron equipos de computación y electrónicos. Este mismo mes la audiencia de juicio del periodista y preso político Roland Carreño fue nuevamente diferida, esta vez por falta de traslado al tribunal.
Ataques a las organizaciones de la sociedad civil
Durante el mes de mayo el gobierno de Nicolás Maduro intentó criminalizar las fuentes de financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. En esta oportunidad, el diputado Diosdado Cabello utilizó su programa «Con el Mazo Dando», para arremeter contra diez organizaciones: Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Fundación Efecto Cocuyo, Consejo Nacional de Inversiones CONAPRI, Instituto Radiofónico Fe y Alegría, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Éxodo A.C, Westminster Foundation for Democracy, Provita, Centro Iberoamericano de Formación de Defensa Internacional y Derechos Humanos AC y Transparencia Venezuela.
La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) también fue hostigada a través del mismo programa, luego que su conductor atacó a la organización después que ésta publicara un tuit sobre el cierre de los medios de resolución pacífica de conflictos en el país. Finalmente, el Observatorio Venezolano de Finanzas, una organización que contribuye en la elaboración de estadísticas económicas y sociales en el país, denunció a través de las redes sociales que fue bloqueado su portal web en Venezuela por parte de Conatel.
Criminalización contra la ciudadanía
Gremios y sindicatos de la Universidad Central de Venezuela fueron víctimas del hostigamiento y actos de violencia por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mientras se encontraban protestando en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en Caracas, por pensiones dignas y mejores salarios.
Las protestas y manifestaciones de calle de los trabajadores públicos han tomado un importante auge durante el año 2023 y con ello también la arremetida del Estado a través del ejercicio de patrones que buscan silenciar a la población y especialmente a los trabajadores que son víctimas de la emergencia humanitaria compleja propiciada por el Estado. Los actos de hostigamiento, las amenazas, agresiones y demás actos que limiten la protestas o arremetan directamente con las personas que hacen parte de la protesta, constituyen una medida desproporcionada que vulnera el derecho de expresión, manifestación y protesta pacífica.
La Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) impidió que la presa política María Delgado de Marrufo, familiar de un militar retirado opositor al gobierno, fuera hospitalizada luego de ser diagnosticada con Covid-19, a pesar de que los médicos habían indicado que por su estado salud era necesaria su hospitalización y un tratamiento médico especializado. Es importante destacar que la prestación de los servicios médicos a las personas detenidas es responsabilidad del Estado y que el derecho a la salud debe ser protegido sin ningún tipo de discriminación.
Por su parte, la docente Beatriz Torres fue víctima del allanamiento de su vivienda por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), luego de acusar a su familia de un presunto robo de ganado. El funcionario Antonio Castillo apuntó con arma de fuego a uno de sus hijos con problemas cardiacos, decomisaron su teléfono y la amenazaron con detenerla. Luego que la señora Torres denunció a través de las redes sociales el allanamiento de su casa, efectivos policiales visitaron en varias oportunidades su vivienda y con amenazas la instigaron a borrar los videos publicados. La forma irregular y el contexto de violencia y hostigamiento en torno a estos casos contra la población, muestra que existe un patrón de arbitrariedad e impunidad en la actuación de los funcionarios de seguridad del Estado.
Persecución contra personas vinculadas con la política
Dos personas vinculadas con la política fueron hostigadas por funcionarios del Estado en el mes de mayo. El primero de los casos fue perpetrado por el presidente del parlamento oficialista, Jorge Rodriguez, quien acusó a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, de robar Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos y amenazó con pedir la extradición a España, donde reside actualmente.
El segundo caso fue perpetrado por funcionarios de la Guardia Nacional, quienes impidieron el libre tránsito a la dirigente del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, en su recorrido hacia la zona sur del estado Táchira.
También durante el mes de mayo funcionarios de la policía de Apure detuvieron a Franklin González, activista del Partido Comunista de Venezuela, PCV. La detención ocurrió cuando funcionarios de la policía allanaron una unidad productiva en Achaguas, acusando al dirigente político de haber hurtado ganado. El activista fue detenido a pesar de que tenía la documentación sobre la obtención lícita del ganado.
Por último, un tribunal de Caracas condenó a cuatro años y tres meses de cárcel al exalcalde de San Cristóbal y preso político Daniel Ceballos, luego de que dictaminó que fue hallado culpable del delito de instigación pública. El juicio contra Ceballos se inició en el año 2014 cuando fue acusado por instigar al cierre de calles y avenidas en San Cristóbal, Táchira, durante las protestas gubernamentales de 2014, año en el que fue detenido arbitrariamente.
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización del mes de mayo aquí
