Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos enviaron una comunicación conjunta al Estado venezolano manifestando su preocupación por las restricciones, hostigamiento y limitaciones al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil venezolana.
La comunicación analiza diversas normas vigentes o en proceso de aprobación, como la Providencia Administrativa ONCDOFT-002-2021, la Circular SIB-DSB-CJ-OD-06524 (Sudeban), la Ley de Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional relativas al registro, control y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro en Venezuela.
«Esta carta basa su análisis en las obligaciones del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la relación entre estos textos normativos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ambos ratificados por Venezuela el 10 de mayo de 1978 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al que Venezuela se adhirió el 23 de junio de 1977″, señala el comunicado.
Esta comunicación está suscrita por Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
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