Al concluir sus visitas a Colombia y Panamá el pasado mes de febrero, Gehad Madi, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, solicitó a ambos países garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas que cruzan por sus territorios, erradicando todas las formas de discriminación y xenofobia, y promoviendo su integración en las comunidades de tránsito y acogida.

Madi viajó a estos países para obtener información sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en Colombia y Panamá, centrándose en los riesgos de violaciones y abusos a los que se enfrentan quienes cruzan la peligrosa región del Darién.

Visita a Colombia

En la declaración emitida al finalizar su visita a Colombia, Madi aseveró que a pesar los importantes esfuerzos realizados para acoger y ayudar a los migrantes, grupos armados no Estatales y grupos criminales que controlan la frontera y las zonas rurales someten a las personas en movilidad humana a violencia sexual y de género, trata de personas, reclutamiento forzado y otros delitos que vulneran sus derechos y libertades.

La experiencia de violencia que padecen las personas migrantes y refugiadas «se ve agravada por las limitadas oportunidades de empleo formal, las barreras para acceder a la justicia y la protección efectiva de las instituciones del Estado».

Sobre el Estatuto de Protección Temporal para la Población Venezolana (ETPV), que otorga un permiso de protección temporal que garantiza la estancia regular durante 10 años y el acceso a servicios de salud, educación y el derecho al trabajo, el relator afirmó que «si bien el ETPV ofrece una vía rápida para regularizar la situación legal de 2,5 millones de venezolanos, el proceso de solicitud no tiene en cuenta las necesidades de protección internacional de las personas solicitantes».

El sistema de asilo en Colombia enfrenta importantes desafíos para satisfacer la creciente demanda, exacerbando las vulnerabilidades de las personas solicitantes. Debido a la situación en Venezuela, a principios de 2025, Colombia ha registrado un total de 75.000 solicitantes de asilo, con casi la mitad de los procesos atrasados. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes de asilo es de aproximadamente 3 a 4 años.

Respuestas de protección coordinadas en el Darién

Sobre el paso por el Darién llamó la atención sobre «la casi ausencia de instituciones estatales, en particular de las Fuerzas de Seguridad, y la fuerte presencia de las AGC en la zona», que a su juicio «han creado un fenómeno en el que las personas migrantes son transportadas hacia el Darién de forma muy organizada, por una red de
contrabandistas, traficantes y miembros asociados a grupos criminales, a plena luz del día».

Hizo un llamado a las autoridades colombianas a incrementar la estabilidad y la integración de las poblaciones de personas migrantes y refugiadas. Así como a mejorar las respuestas de protección a quienes cruzan por el Darién, de manera coordinada con Panamá y Estados Unidos.

Finalmente solicitó a Colombia hacer esfuerzos «para eliminar, condenar y contrarrestar todas las formas de discriminación y xenofobia, y reformular los discursos dañinos y deshumanizadores contra las y los migrantes y refugiados. Esto incluye no solo reconocer sus contribuciones a la sociedad colombiana, sino también afirmar sus
derechos y dignidad como titulares de derechos».

Naturaleza interseccional y transfronteriza de la violencia en el Darién

Tras su visita a Panamá, Gehad Madi, señaló en su declaración que el cruce del Darién deja secuelas físicas y mentales devastadoras en personas migrantes y refugiadas, no solo por las difíciles condiciones del terreno, sino debido a que la violencia y los delitos están generalizados. Mujeres, niños, niñas y personas LGBTIQ+ se enfrentan a un mayor riesgo de violencia sexual y de género en este territorio, incluida la violación.

El experto llamó la atención sobre la naturaleza interseccional y transfronteriza del fenómeno de la violencia en el
Darién. «En función de su situación económica, país de origen, edad, género y orientación sexual, las personas migrantes pueden tener diferentes experiencias durante su ruta migratoria, algunas personas pueden estar sujetas a mayores riesgos». Agregó que «la violencia sexual y de género contra las personas en movimientos mixtos, en particular las mujeres y las niñas, sigue siendo persistente en la selva».

Incluso la reducción del número de personas migrantes que cruzan la región, aunada a la limitada presencia del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá en la selva, «pueden, de hecho, conducir a mayores riesgos para las mujeres y las niñas». Datos de febrero de 2024, recopilados por la Defensoría del Pueblo de Panamá, revelan que 1 de cada 5 mujeres sufrió violencia sexual y de género en el Darién.

Sobre el sistema de asilo en Panamá, el relator recalcó que «identificarse a sí mismo como un país de tránsito no puede servir de excusa para justificar un sistema de asilo deficiente. Todos los países tienen la responsabilidad de garantizar procedimientos de asilo sólidos y justos, lo que incluye proporcionar protección y apoyo adecuados a las personas solicitantes de asilo y refugiadas, independientemente de su destino final previsto».

Culminó exhortando a Panamá a «promover los derechos humanos de las personas en movimiento y su integración y facilitar su contribución a las comunidades de acogida y de tránsito, con el fin de prevenir la retórica que les deshumaniza o criminaliza».

Capacidad de atención socavada

Para Madi la suspensión de la ayuda internacional por parte de EE.UU. genera profunda preocupación, ya que socava la capacidad de los Estados, las agencias de la ONU y las organizaciones de la sociedad civil para proveer servicios vitales y protección a las personas migrantes y refugiadas, en momentos en los que más se necesitan.

Foto: OIM/Gema Cortés