El 15 de mayo de 2019, la Asamblea Nacional en sesión ordinaria aprobó el reingreso de Venezuela a la Convención Americana de los Derechos Humanos a través del “Acuerdo Para Restablecer la Vigencia de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Protección Internacional que ofrecen la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
En el acuerdo votado en plenaria se establece “dejar sin efecto la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos humanos presentada el 10 de septiembre de 2013, ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) por el entonces Ministro para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, y reafirmar el pleno derecho y la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención desde el 10 de septiembre de 2013 en adelante.”
Con ello, los seis años transcurridos desde la entrada en vigencia de la denuncia de la Convención, quedan sin efecto y se retoma la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre Venezuela.
Frente a esto, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ofrece un breve análisis de esta importante acción aprobada por la Asamblea Nacional, como parte del trabajo investigativo que hemos venido realizado sobre la importancia de la permanencia de Venezuela en el Sistema Interamericano de derechos humanos, las cuales les permiten a los venezolanos el derecho a acceder los sistemas internacionales de proteccion de los derechos humanos .
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
La CADH también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, es un tratado internacional base del Sistema Interamericano. La Convención, fue aprobada en noviembre de 1969 por los Estados miembros de la OEA con el propósito de “consolidar dentro del cuadro de las instituciones democráticas un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”.
Ha sido suscrita desde entonces por 25 de sus 35 países miembros. Venezuela fue el tercer Estado miembro de la OEA en ratificar la Convención, en junio de 1977 y también es el tercero que, luego de firmarla, la ha denunciado. Antes lo hicieron: Trinidad y Tobago, en 1998, y Perú, en 1999, durante el Gobierno de Alberto Fujimori.
La base de este instrumento internacional consiste en que establece las obligaciones de los Estados para garantizar los derechos de sus ciudadanos y las atribuciones de las dos instancias supranacionales encargadas de vigilar su cumplimiento como lo son: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La Corte IDH tiene como propósito aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por lo que junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tiene la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Denuncia de Venezuela de la CADH
La denuncia de la Convención Americana se hizo efectiva el 10 de septiembre de 2013, trayendo como consecuencia la pérdida de jurisdicción de la Corte sobre los casos de Venezuela ocurridos después de esa fecha. Entre 1995 y 2018 la Corte IDH emitió un total de 25 sentencias condenatorias, las cuales solo han sido acatadas parcialmente y que contemplan, entre otras medidas de reparación, indemnizaciones para las víctimas.
La denuncia de la Convención, ha sido parte una estrategia continuada de esfuerzos tanto del gobierno de Hugo Chávez, como el de Nicolás Maduro, para aislar a Venezuela del Sistema Interamericano de los derechos humanos, siendo estas acciones parte del retroceso en la garantía de los derechos humanos de los venezolanos.
A estas acciones se suma, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro que pretendía quedar fuera de cualquier ámbito de aplicación de las competencias del Sistema Interamericano al formalizar en 2017 el retiro de la Organización de Estados Americano (OEA) y por consiguiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con denuncia de la Carta de la OEA.
Durante estos seis años que ha estado vigente la denuncia, el derecho de los venezolanos de acceder a esta instancia internacional de protección de sus derechos, se han visto vulnerado y con esta acción se restablece la posibilidad de esta protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tal sentido, el reintegro de Venezuela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica una victoria para las víctimas, así como un importante paso hacia el retorno la institucionalidad democrática, bajo la defensa y protección de los derechos humanos, que la electa Asamblea Nacional busca restaurar en el país.
Por otro lado, para las organizaciones de la sociedad civil quienes acompañan a las víctimas, significa la recuperación de un espacio para la incidencia y la búsqueda de la justicia de las víctimas silenciadas ante la imposibilidad de obtenerla en las instancias nacionales en los actuales momentos que vive Venezuela.
