El 22 de octubre más de dos millones de venezolanas y venezolanos dentro y fuera del país participaron en un evento ciudadano y democrático que permitió a la ciudadanía expresar de manera libre, segura y transparente su intención de escoger al próximo candidato presidencial para representar de forma unitaria a la bancada opositora en las próximas elecciones presidenciales a celebrarse en el año 2024.
A pesar de que la organización y participación en este evento democrático se configura como un derecho humano de toda la ciudadanía, este 25 de octubre el Ministerio Público, encabezado por el fiscal general Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación penal contra Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, órgano rector y organizador de la elección primaria.
El Ministerio Público indicó que la apertura de la investigación penal se encuentra relacionada a cuatro delitos cometidos durante la elección primaria, usurpación de funciones, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El Fiscal General indicó que también serán citados en calidad de investigados los presidentes de las juntas regionales que organizaron las primarias en cada uno de los estados, y asimismo los directivos de Súmate, organización dedicada a la veeduría electoral y que en esta oportunidad prestó apoyo técnico en el proceso. Aún más, el Fiscal advirtió que este proceso persecutorio se extenderá incluso a quienes aportaron el material y las herramientas para llevar a cabo los comicios, como son las cajas dispuestas como urnas electorales, lapiceros, vehículos para el traslado, entre otros.
Vale destacar que la apertura de esta investigación se desarrolló horas después de que altos voceros del partido oficialistas, incluyendo a Nicolás Maduro, emitieran su opinión en la que acusaron a la Comisión Nacional de Primarias de fraude electoral.
Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) rechazamos de manera categórica los actos de persecución contra quienes han servido como organizadores del evento de participación ciudadana desarrollado el pasado 22 de octubre. La apertura de esta investigación penal se encuadra en el contexto de persecución política que atraviesa Venezuela desde hace al menos una década, y que implica el uso indiscriminado del aparato Estatal para perseguir, entre otros actores, a los sectores políticos de oposición, a través del ejercicio de patrones que violan gravemente los derechos humanos de las víctimas.
De ningún modo podría atribuírsele a un evento de participación ciudadana masivo, pacífico y constitucional delitos como la usurpación de funciones, la usurpación de identidad, la legitimación de capitales o la asociación para delinquir; toda vez que se trató de una elección popular autogestionada liderada por la Comisión Nacional de Primarias que no actuó en nombre del Consejo Nacional Electoral, no actuó en nombre de ninguna otra persona o institución, cuyos recursos fueron incluso puestos voluntariamente por la ciudadanía, y que en ese sentido lejos de tratarse de una asociación para cometer un delito, nos encontramos ante un evento histórico de participación ciudadana.
En este sentido, reconocemos la voluntad y el interés de la ciudadanía de elegir y legitimar a la nueva candidata unitaria por parte de la bancada opositora, destacamos la labor de la Comisión Nacional de Primaria en trazar la ruta para que se llevara a cabo un evento que permitió el reencuentro de la ciudadanía con los valores democráticos y que permitió una movilización social masiva como símbolo de resistencia pacífica, de expresión y de manifestación contundente sobre la importancia de la participación cívica en la construcción de la democracia.
Foto EFE
