El pasado jueves 8 de septiembre, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, nombró a Volker Türk como nuevo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), luego de haber recibido el respaldo formal por parte de la Asamblea General. El nuevo Alto Comisionado sucede a Michelle Bachellet, quien ejerció este cargo desde septiembre de 2018 hasta el mes de agosto de este año. Como parte de su mandato, Türk, deberá trabajar en el fortalecimiento, promoción, respeto y observación de los derechos humanos, protegiendo el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, económicos y sociales, tal y como lo contempla la resolución 48/141 de la Asamblea General de Naciones Unidas.

¿Cómo ha sido el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado en el pasado sobre Venezuela?

Desde al menos el año 2018 Venezuela ha estado en la agenda del ACNUDH con importantes denuncias de violaciones de derechos humanos hechas por el entonces Alto Comisionado, Zeid Ra’ad, quien, antes de contar con un mandato expreso por parte del Consejo en relación con la situación venezolana, comenzó a documentar y denunciar la fuerte represión en contra de la disidencia política del gobierno de Nicolás Maduro. Ya en ese momento el ACNUDH advertía sobre la crisis económica y humanitaria por la que atravesaba el país.

Si bien ya empezaban a relucir avances en cuanto al reconocimiento de la crisis venezolana por parte de la Oficina del ACNUDH, un hecho que marcó el cimiento de lo que se convirtió en una importantísima agenda internacional sobre Venezuela fue una resolución del Consejo que le solicitó a la Alta Comisionada, encabezada por Michelle Bachelet, que preparase un informe exhaustivo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. De ahí en más, inició un proceso de monitoreo y seguimiento sobre la crisis de derechos humanos en el país.

En el año 2019, la Alta Comisionada visitó Venezuela, y de los resultados de esta visita presentó su primer informe sobre la vulneración de los derechos humanos de los venezolanos y elaboró 23 recomendaciones a adoptar por parte de las autoridades venezolanas para detener y remediar la crisis en derechos. El mismo año, se firmó el Memorando de Entendimiento entre la ACNUDH y el gobierno de Nicolás Maduro, el cual fue renovado un año después. Aunque dicho memorándum es de carácter confidencial y su contenido no se ha dado a conocer, su implementación permitió instalar con carácter temporal una oficina en el país con un impacto bastante limitado. Posteriormente, el Consejo aprobó la resolución de Cooperación Internacional y asistencia técnica, con compromisos específicos y un marco de cooperación a ser implementado por el gobierno venezolano.

De ahí en adelante, y por mandato del Consejo, la Oficina de la ACNUDH continuó, a través de actualizaciones orales e informes escritos, expresando sus observaciones y recomendaciones sobre la crisis en derechos del país. Durante la gestión de Michelle Bachelet se refirió especialmente a la falta de independencia del sistema de justicia venezolano y separación de los poderes públicos, el contexto de persecución contra los distintos actores del espacio cívico, la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, la represión de las protestas pacíficas, y en general sobre las distintas violaciones de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de los venezolanos. Además, se refirió a los efectos de la emergencia humanitaria compleja en el ejercicio de los derechos humanos de la población y especialmente de las mujeres. Por supuesto, la Alta Comisionada no dejó de referirse durante su gestión al incumplimiento por parte del Estado de sus recomendaciones.

Nuevo Alto Comisionado, nuevos retos y expectativas para Venezuela

La gestión de Michelle Bachelet fue de una gran importancia y sus esfuerzos y los de su equipo tuvieron un impacto en el reconocimiento y visibilización de la crisis en derechos que persiste en Venezuela, así como en la exigencia de reinstitucionalización del país y garantía del ejercicio de los derechos humanos de la población. Debido a que la crisis y la violación sistemática de derechos humanos continua en el país, esperamos que Venezuela siga siendo una prioridad para el nuevo Alto Comisionado.

Asimismo, aspiramos que la falta de contundencia en el monitoreo de derechos humanos en el país, así como los vacíos y fallas que se presentaron durante la gestión anterior puedan ser saneadas en este nuevo periodo. El Alto Comisionado entrante deberá enfrentarse a importantes retos sobre acciones que no fueron alcanzadas en la gestión anterior.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) consideramos que un punto fundamental es que a la oficina del ACNUDH en el país se le de un carácter permanente que no dependa de acuerdos bilaterales y que se le otorgue mayor independencia y efectividad. En segundo lugar, consideramos necesario que el equipo de la ACNUDH realice un análisis mas exhaustivo sobre el nivel de implementación de las distintas recomendaciones emitidas la oficina desde el 2019. En tercer lugar, es fundamental que la oficina trabaje coordinadamente y respalde los esfuerzos de otros mecanismos de las Naciones Unidas, como el de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en el caso de ser renovada. Aunado a esto, la oficina debe mantener el trabajo continuo y de la mano con las organizaciones de la sociedad civil venezolana.

Finalmente, uno de los retos más importantes del nuevo Alto Comisionado es mantener el equilibrio adecuado entre la búsqueda de cooperación estatal y el monitoreo adecuado de las violaciones que siguen ocurriendo en el país y de la implementación de las recomendaciones. Durante los últimos años, el gobierno venezolano ha buscado crear una apariencia de cooperación con la oficina de la ACNUDH con el fin de evitar la renovación de otros mecanismos. Si bien es cierto que la oficina debe llegar a acuerdos para asegurar la cooperación de las autoridades, esto no puede ser a cambio de bajar el nivel de rigurosidad en la denuncia de las violaciones ocurridas, lo cual llevaría a una instrumentalización de la oficina por parte del gobierno para proyectar una buena imagen ante la comunidad internacional.

La designación de un nuevo Alto Comisionado debe abrir las puertas para continuar con la gestión de seguimiento sobre las violaciones sistemáticas que ocurren en Venezuela, pero sobre todo es una oportunidad para el fortalecimiento de un mecanismo que atienda a las expectativas de alcanzar la construcción de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición a favor de las víctimas y de sus familiares, así como de la población en general.