A lo largo de la región se evidencian distintos retos en torno a la vigencia de los derechos humanos de la población migrante y refugiada. La pandemia del COVID-19 ha agudizado y profundizado las desigualdades y brechas sociales y económicas que afectan sobre todo a la población más vulnerable. Desde la Coalición de Movilidad Humana, nos preocupan las particulares afectaciones que tienen las personas migrantes y refugiadas, que se han visto presionadas a movilizarse por múltiples causas en condiciones de mayor riesgo, con afectaciones diferenciales tanto por edad, género, origen étnico, orientación sexual, condición de discapacidad y pobreza, por lo cual presentamos algunos asuntos que consideramos prioritarios.
Primero, identificamos el incremento de obstáculos que impiden el acceso a los territorios de las personas migrantes y refugiadas, así como la imposibilidad de acceder al derecho a buscar y recibir asilo. Medidas tales como el cierre de fronteras, vuelven a las personas con necesidad de protección internacional particularmente vulnerables a ser devueltas a lugares donde su vida y derechos humanos corren riesgo. Hemos observado un fenómeno de supuestos retornos voluntarios de la población migrante a sus países, donde enfrentan múltiples riesgos, como estigmatización y formas de violencia específica, incluyendo violencias basadas en género. También, las medidas de cierre de fronteras aumentan los riesgos de tráfico, trata y otras violaciones de derechos humanos. Al respecto, recordamos a los Estados que estos no pueden dejar de atender sus obligaciones en torno al principio de no devolución, y a brindar protección internacional a aquellas personas que la requieren, aún durante la pandemia. Hacemos un llamado a los Estados a respetar el derecho al debido proceso en caso de deportaciones, abstenerse de llevar a cabo deportaciones colectivas, así como a crear rutas de regularización migratoria permanentes y flexibles.
Segundo, hacemos un llamado a que se garanticen los derechos económicos, sociales y culturales de la población migrante en condiciones de igualdad. Esto incluye el acceso a los medios de sustento de la población migrante, quienes en muchos casos trabajan en la economía informal, y se enfrentan a situaciones de acoso y persecución. Adicionalmente, preocupa el acceso a la salud, la cual no debe enfocarse exclusivamente en atención al COVID-19 sino acceso a servicios de salud integral, incluyendo salud sexual y reproductiva.
Otro aspecto preocupante, es la continuidad de la detención migratoria, en contradicción a estándares internacionales de derechos humanos. Las personas migrantes detenidas, se enfrentan, en muchos casos a condiciones de hacinamiento y deficientes condiciones sanitarias, sin protocolos para disminuir el contagio y la propagación del virus. Así, nos unimos al llamado hecho por diversas agencias internacionales e instamos a los Estados a liberar sin demora a las personas migrantes detenidas y asegurar el acceso a derechos básicos.
Finalmente, hacemos un llamado a asegurar que las respuestas que se desarrollen en torno al COVID-19 atiendan las desigualdades y retos preexistentes de población migrante y refugiada. Esto requiere necesariamente de acciones diferenciadas con enfoque interseccional y de género para atender a quienes sufren discriminación y exclusión de manera diferenciada, tales como: mujeres, personas LGTBI, personas con enfermedades crónicas como VIH, personas con discapacidad, comunidades indígenas, así como la niñez migrante no acompañada.
